El proyecto antifiltraciones busca hasta cinco años de cárcel por divulgar información de carpetas judiciales. Los impulsores dicen que protege investigaciones, mientras los críticos ven una herramienta para callar investigaciones sobre corrupción. Mientras la judicatura reconoce que periodistas necesitan protección contra la represión estatal, el Senado discute esta iniciativa que criminalizaría su trabajo.