Envalentonada tras el fracaso de la acusación constitucional en su contra, justo antes de la rebelión social, la titular de Educación se ha atrincherado en sus premisas originales, haciendo caso omiso del contexto actual. Utiliza las bases de datos del Ministerio para impulsar su agenda de Admisión Justa por medio de Cabildos de Apoderados y acaba de aprobar un proyecto para sancionar el “adoctrinamiento político” en escuelas y liceos. Además, oficiará a la Defensoría de la Niñez, a la Superintendencia de Educación y al INDH.

Después del despertar social chileno, el gobierno intenta retomar la normalidad legislativa. En esto, la ministra de Educación utilizó uno de sus recursos digitales habituales: enviar correos masivos usando las bases de datos del Mineduc, acto similar que en septiembre pasado fue cuestionado por Contraloría.

El texto de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa ofrece un marco teórico para las decisiones de la titular de Educación en la defensa de Admisión Justa, el proyecto que busca volver al modelo de la selección en la educación escolar. Una publicación con amplia cobertura mediática, pero que al parecer no tiene suficiente espesor como para desafiar el consenso técnico que han alcanzado los expertos, incluidos varios de derecha.