La primera semana del estallido social estuvo marcada por una denuncia de torturas en la estación de Metro Baquedano. Se aseguró que el caso era falso, quedando incluso la investigación sobreseída en 2020. Sin embargo, otra querella, interpuesta poco después por una persona diferente, indica que las acusaciones de tortura en la céntrica estación habrían ocurrido.

Tras las bombas del jueves 25 de julio, el gobierno llamó a aprobar la llamada ley corta antiterrorista que busca dotar a los fiscales de atribuciones extraordinarias para indagar en grupos sospechosos de cometer actos terroristas. Para Villegas, históricamente las leyes antiterroristas se han usado para aplacar a los principales disidentes del Estado. En el caso de Chile, "ha sido aplicada mayoritariamente a personas mapuche".