La abogada de CIDSUR representa a los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, y a Armando Henriquez, quienes demandaron al Estado por 2.000 millones por haber sido detenidos e imputados a través de falsificación de pruebas, en el marco de la Operación Huracán en 2017 por las acciones de Carabineros y el Ministerio Público.