El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.

En el marco de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía al SEA, con el propósito de agilizar grandes inversiones, fue contratada a honorarios una funcionaria en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby para Anglo American con otros servicios del Estado, a la vez que elabora informes consolidados.