Una nueva acción legal por parte del Consejo de Defensa del Estado pesa contra condominios de lujo ligados a importantes nombres del empresariado chileno, como Gabriela Luksic y José Luis Délano, hijo de Carlos Alberto 'Choclo' Délano. Han sido cuestionados en distintas instancias por estar emplazados en áreas de preservación ecológica, donde se prohíbe urbanizar.

Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, manifestó su desacuerdo con la recomendación de la Superintendencia de Medio Ambiente de que estos proyectos pasen por el conducto regular para ser evaluados ambientalmente, al estar fuera de lo considerado por la legislación vigente, y teniendo en cuenta la querella del CDE que pesa sobre ellos. 

El empresario participa de un entretejido que involucra a destacados abogados, arquitectos y desarrolladores inmobiliarios con ex funcionarios de la Seremi metropolitana del Ministerio de la Vivienda y lobbistas como el ex senador Pablo Longueira. Con ellos, ha gestionado proyectos en zonas protegidas ambientalmente en Lo Barnechea y Longotoma.

Un abogado acusa que el proyecto Guay Guay, de Marcello Corbo -hijo del ex presidente del Banco Central-, cerró el acceso a su parcela para evitar fiscalizaciones por “delitos cometidos en zona de preservación ecológica”. “Es una estafa”, asegura el jurista y vecino.

El arqueólogo Mauricio Uribe analizó qué pudo haber dañado el proyecto inmobiliario Chaguay en Colina luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales -al que pertenece- detectara la afectación de dos sitios arqueológicos. Otros tres condominios buscan levantarse en el lugar, declarado zona de preservación ecológica.

La Superintendencia dejó en manos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la decisión final de cerrarlo. En caso de que así sea, deja en el limbo a varios otros proyectos levantados en zonas resguardadas que apuestan a ser aceptados por la vía de 'los hechos consumados'. 

Inversiones Panguipulli S.A. presentó un recurso de protección contra el contralor regional de Los Ríos, Rubén Barros, luego de que este último dictara un oficio que declaraba que el proyecto que la empresa busca edificar en un sitio rural se encontraba en situación irregular. El tribunal de alzada rechazó el recurso, algo que podría sentar un complejo precedente para proyectos similares en Santiago.