En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.

Una cláusula en el contrato estipula que la sanitaria puede cancelar el acuerdo si la central hidroeléctrica no estaba terminada en 2019. A fines del año pasado se prorrogó el contrato a cambio de un pago de US$ 10 millones a Aguas Andinas, pero éste vence en las próximas semanas.