Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.

El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.

La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.

El general Raúl Aburto, encargado de supervisar la relación de Carabineros con servicios y empresas de seguridad privada, nunca hizo sonar alarma alguna. Tampoco la generala Pamela Olivares, esposa del gerente de seguridad de la empresa tabacalera, un coronel en retiro de la policía. El Director General Mario Rozas, compañero de generación de ambos generales y quien los ascendió al alto mando, ha mantenido silencio.