Este martes el Congreso discutió la acusación constitucional presentada contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El libelo es el primero ingresado durante la administración del presidente José Antonio Kast y se enmarca en un escenario donde el uso de esta facultad fiscalizadora ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas.

Pese al aumento en su utilización, las acusaciones contra ministros rara vez han concluido con una sanción. De las 25 presentadas desde 1990, solo tres han sido acogidas por el Senado: las dirigidas contra Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013, ambas como ministros de Educación, y la presentada contra Andrés Chadwick en 2019, cuando ejercía como ministro del Interior.

En los años noventa y buena parte de los 2000, las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado eran episodios esporádicos, con intervalos de tres, cuatro e incluso cinco años entre una presentación y otra. Con el paso del tiempo, sin embargo, la herramienta comenzó a utilizarse con mayor frecuencia.

Si bien la acusación constitucional no está reservada exclusivamente para ministros de Estado, desde el retorno a la democracia se han presentado 25 libelos contra integrantes del gabinete, incluyendo el dirigido contra Grau. De ellos, 19 han sido ingresados desde 2011, cuando se presentó la acusación contra el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Antes de ese episodio, solo se registraban seis acciones de este tipo.

Pese al aumento en su utilización, las acusaciones contra ministros rara vez han concluido con una sanción. De las 25 presentadas desde 1990, solo tres han sido acogidas por el Senado: las dirigidas contra Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013, ambas como ministros de Educación, y la presentada contra Andrés Chadwick en 2019, cuando ejercía como ministro del Interior.

Asimismo, en once de las 25 acusaciones se acogió la cuestión previa, lo que implica que el libelo ni siquiera cumplía con los requisitos de admisibilidad técnica, jurídica o política para continuar su tramitación. Entre ellos figuran los casos de Luis Bates en 2004, Emilio Santelices en 2018, Izkia Siches en 2022, Andrés Allamand en 2022 y Carlos Montes en 2023.

En este contexto, la herramienta ha ido adquiriendo un uso crecientemente político, al punto de que un grupo transversal de parlamentarios presentó el viernes pasado una reforma constitucional para elevar los requisitos y quórums de las acusaciones constitucionales y restringir su utilización.

En esa línea, el diputado Diego Schalper (RN), integrante de este grupo, sostuvo que “en las últimas dos legislaturas, en los últimos dos gobiernos, se han presentado 30 acusaciones constitucionales contra personas políticas. Piense usted: 10 días desde que se anuncia, 10 días de tramitación, seis días de defensa; o sea, tenemos casi 30 meses perdidos. Casi un tercio de los últimos dos gobiernos”.

Sí bien la estadística de Schalper también incluía acusaciones en contra de ministros de la Corte Suprema con casos emblemáticos como el de Ángela Vivanco, Diego Simpertigue, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, el fondo era el sentido de la herramienta. 

Lo que ha cambiado no es la gravedad de las conductas denunciadas, sino el cálculo político detrás de cada presentación. La acusación constitucional tiene un costo bajo para quien la impulsa, basta con reunir las firmas, y un efecto inmediato garantizado: obliga al acusado a dedicar semanas a su defensa, instala el caso en la agenda pública y permite a la oposición de turno escenificar una ofensiva fiscalizadora ante sus votantes, con independencia si el libelo tiene o no sustento jurídico. 

Este incentivo explica la aceleración del fenómeno. Si entre 1990 y 2010 se presentaron apenas seis acusaciones contra ministros en 20 años, desde 2011 en adelante se han ingresado 19 en poco más de una década. No es necesariamente que los ministros hayan empeorado, es que la herramienta se volvió rentable políticamente.

El caso de la acusación contra Grau ilustra con precisión esta tensión. El libelo acusaba al ex ministro de haber subestimado el déficit fiscal proyectado para 2026, de no considerar presiones de gasto ya existentes y de presentar inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. Sin embargo, la Dirección de Presupuestos elaboró un informe técnico que descartó la irregularidades denunciadas, concluyendo que no existían inconsistencias que justificaran las acusaciones respecto del manejo presupuestario. 

La comisión revisora recomendó rechazar el libelo. Pero pese al informe negativo, la acusación llegó a la Sala, con el respaldo suficiente para avanzar. 

El proceso dejó en evidencia, además, las fracturas internas que este tipo de herramienta puede provocar al interior de las coaliciones que la impulsan. En RN, diputados como Claudio Mora, Mauro González y Juan Carlos Beltrán señalaron “estar en reflexión”, mientras que Schalper, —impulsor de la reforma para restringir las acusaciones— había anunciado con anterioridad que votaría en contra del libelo, lo que provocó un conflicto al interior del oficialismo.

Es precisamente este escenario, —acusaciones que dividen a quienes las promueven, que no prosperan en su mayoría y que consumen semanas de tramitación parlamentaria— el que llevó a un grupo transversal de legisladores a plantear una reforma constitucional para elevar los quórums y endurecer los requisitos de admisibilidad.

Sus detractores sostienen que el caso refuerza el argumento de que la acusación constitucional ha pasado de ser un mecanismo excepcional de control político a una herramienta de uso frecuente en la disputa parlamentaria.