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Miércoles, 27 de Octubre de 2021
Entrevista

Abogada querellante por marea roja en Chiloé el 2016: “Seguimos sin acceso a la carpeta investigativa”

Diego Ortiz

De fondo, uno de los vertimientos. En la esquina, la abogada querellante Orietta Llauca

De fondo, uno de los vertimientos. En la esquina, la abogada querellante Orietta Llauca
De fondo, uno de los vertimientos. En la esquina, la abogada querellante Orietta Llauca

El 21 de agosto, el Juzgado de Garantía de Valparaíso suspendió una audiencia puesto que Orietta Llauca, querellada contra la dirección marítima por autorizar el vertimiento de salmones en descomposición durante la marea roja, acusó no tener acceso a la investigación de más de 12 tomos. Podrán revisarla sólo durante el próximo lunes, a 8 días de reiniciarse la audiencia.

Hace cinco años, una tragedia socioambiental azotó la isla de Chiloé: una mortal marea café, seguida por una marea roja, provocaron la muerte de millones de aves, peces, mariscos y otros animales marinos; dejando a 30 mil pescadores y recolectores de la zona sin trabajo.

Entre la marea café y la marea roja, el gobierno chileno autorizó el vertimiento de 4.700 toneladas de salmones muertos a 130 kilómetros de la isla; una decisión que para muchos potenció el desastre. El gobierno solicitó un informe a una comisión de científicos nacionales que terminó por descartar la influencia del vertimiento en la crisis chilota, documento que años después, científicos franceses y chilenos refutarían mediante un estudio científico, el cual fue recientemente publicado por INTERFERENCIA, afirmando que era bastante probable que los salmones descompuestos sí potenciaran el desastre. (Revise acá el artículo).

Las dudas en torno al efecto potenciador del vertimiento de miles de toneladas de salmones en descomposición llevaron a que trabajadores y dirigentes, representados por la abogada Orietta Llauca, se querellaran en contra del entonces director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, Osvaldo Schwarzenberg, quien autorizó el vertimiento de las mortalidades.

El proceso judicial perdura hasta el día de hoy, sosteniéndose el pasado 21 de agosto una audiencia donde se iba a discutir el sobreseimiento definitivo de Schwarzenberg.

El fiscal Claudio Rebeco, por su parte, se mostró de acuerdo con realizar el receso, asegurando que harían las gestiones para hacer entrega de la carpeta a los querellantes. Al día de hoy, según denuncia la abogada Orietta Llauca en conversación con INTERFERENCIA, eso no ha ocurrido.

“Para que lo que se resuelva no esté teñido de esta incertidumbre que nos ha manifestado los querellantes que les ha afectado, y para evitar que el derecho como querellantes se vea afectado, voy a dar lugar a un receso”, indicó la magistrada del Juzgado de Garantía de Valparaíso, Gigliola Devoto Squadritto. Aquella “incertidumbre” que podía afectar el derecho de los querellantes se trataba de una denuncia interpuesta minutos atrás por Llauca, la abogada querellante: “debemos tener conocimiento cabal de la carpeta en su integridad, y eso no ha ocurrido”, acusó.

El fiscal Claudio Rebeco, por su parte, se mostró de acuerdo con realizar el receso, asegurando que harían las gestiones para hacer entrega de la carpeta a los querellantes. Al día de hoy, según denuncia la abogada Orietta Llauca en conversación con INTERFERENCIA, eso no ha ocurrido.

La nueva fecha para discutir el sobreseimiento de Schwarzenberg es el 21 de septiembre, día en que según lo ordenado por la jueza Devoto Squadritto, la parte querellante debería haber tenido acceso a toda la carpeta investigativa de más de 12 tomos, además de haber contado con tiempo para revisarla.

Esta redacción conversó con Llauca sobre las dificultades que han tenido como parte querellante en el caso, en el cual denuncian por prevaricación administrativa a Schwarzenberg, delito para el cual asegura existen pruebas contundentes que discute a continuación.

Horas después de la entrevista, la abogada volvió a comunicarse con este medio para contar que habían sido notificados por el Ministerio Público y ya contaban con fecha para revisar la extensa carpeta: “El lunes debo estar en Valparaíso, tengo un día para revisarla en horario de oficina: de 8 a 13:00”, explica.

¿Pudieron revisar la carpeta completa?

Hasta el día de hoy seguimos sin acceso a toda la carpeta investigativa.

La magistrada dio un mes para que se diera acceso a la totalidad de la carpeta, entendiendo que tomaría tiempo revisarla. Hoy quedan sólo 13 días para que se retome la audiencia...

Exacto, por eso presentamos cautela de garantías. Además, hace casi 10 días pedimos al fiscal que nos permita ver materialmente la carpeta, porque creo que va a ser más rápido. Nuestra idea es poder preparar otras querellas antes de que se declare el sobreseimiento definitivo por prevaricación, si es que la jueza lo acoge. En la audiencia pasada se debatió sobre el sobreseimiento definitivo de la causa para Osvaldo Schwarzenberg, director de Directemar.

Un funcionario de la Directemar declara que el director de la época solicitó a las salmoneras que le enviaran un estudio de esa naturaleza, y ellos les respondieron mediante correo electrónico que era un caso de fuerza mayor; negándose a hacer ese estudio. Frente a eso, la Directemar debió negar esa autorización.

¿Qué opina de la probabilidad de que se dicte el sobreseimiento para Schwarzenberg?

Nosotros estamos oponiéndonos al sobreseimiento definitivo porque de si algo hay pruebas, es de prevaricación administrativa. Nosotros podemos perseguir a las salmoneras por sus acciones, pero se van a escudar en que Directemar los autorizó. Tenemos que perseguir las responsabilidades de los funcionarios públicos que habilitaron a las salmoneras para que viertan la mortandad.

¿En qué pruebas se sostiene la acusación de prevaricación administrativa?

En la resolución misma [que dicta la Directemar y que autoriza el vertimiento] y en estudios que no se realizaron, anteriores a dictar aquella resolución. El director de la época tenía que haber exigido a las salmoneras que le hagan llegar un estudio, tal como lo exige el convenio de Londres. Es más, lo solicitó: de lo poco de la carpeta que tenemos, se ve como un funcionario de la Directemar declara que el director de la época solicitó a las salmoneras que le enviaran un estudio de esa naturaleza, y ellos les respondieron mediante correo electrónico que era un caso de fuerza mayor; negándose a hacer ese estudio. Frente a eso, la Directemar debió negar esa autorización.

Volviendo a la audiencia del 21 de agosto, cuando usted menciona que no tuvieron acceso a los 12 tomos de la carpeta, el fiscal Rebeco dentro de su argumentación indica que "se pudo haber solicitado oportunamente el registro de los antecedentes que se mantienen en custodia". ¿Se hizo aquella solicitud?

Lo que pasa es que en fiscalía no existe custodia. Las carpetas forman parte de la investigación del fiscal. La carpeta fiscal no es parte de la custodia, lo que es custodia es por ejemplo cuando hay armas o especies que se levantan del sitio del suceso, que son elementos que no tiene la fiscalía sino la policía. Pero, las copia de las declaraciones, de los informes, eso es carpeta fiscal y no es custodia. Nosotros venimos del año 2018 solicitando copia de todo.

En la audiencia asegura que, al pedir copia de toda la carpeta investigativa, fiscalía le solicitó indicar el número de fojas que requerían antes de entregarla completa. ¿Se solicitó esto?

Ni siquiera habíamos accedido a ver la carpeta. Son más de 12 tomos. Entonces, ¿cómo iba yo a decir de tal foja a tal foja si no tenía acceso a la carpeta? Son maniobras evidentes de obstrucción a la justicia.

En el sentido de la acusación de obstrucción a la justicia, también señala que tampoco se ha tenido acceso al resultado de algunas de las diligencias que has pedido. ¿Cuáles son estas diligencias?

Exacto. Por este caso yo incluso presenté querella contra Michelle Bachelet, y se declaró el sobreseimiento definitivo sin siquiera convocarnos a audiencia a nosotros. Pedí que se anulara todo eso y el tribunal, sumándose a los alegatos de fiscalía, rechazó. Yo pedía que se anulara todo porque se llevó a cabo una audiencia donde se debatió el sobreseimiento definitivo de Bachelet y no fue convocada la parte querellante.

Y, en concreto, ¿qué diligencias solicitadas por ustedes, la parte querellante, no les fueron entregadas?

Muestras del mar; que buzos visiten ciertos lugares donde había jaulas de salmones para ver si existían pescados en el suelo marino, porque en ese tiempo nos llegó información de que las salmoneras habían rajado las jaulas y dejado caer la mortandad; declaraciones de testigos interrogados por la Bidema; la declaración de Michelle Bachelet, de funcionarios de Sernapesca; entre otros. No tuvimos acceso a nada de eso.

Solicitamos que se hicieran estudios en aquella época, estudios del mar, los que pedimos cuando presentamos la querella el 4 de mayo de 2016, en plena época de marea roja. Muestras del mar; que buzos visiten ciertos lugares donde había jaulas de salmones para ver si existían pescados en el suelo marino, porque en ese tiempo nos llegó información de que las salmoneras habían rajado las jaulas y dejado caer la mortandad; declaraciones de testigos interrogados por la Bidema [Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones]; la declaración de Michelle Bachelet, de funcionarios de Sernapesca; entre otros. No tuvimos acceso a nada de eso.

¿Tiene alguna certeza de que esas diligencias solicitadas se hayan hecho?

Sé que la declaración de testigos de los pescadores, la Bidema lo hizo, porque muchos de los pescadores los llevé yo a declarar a Calbuco. Los acompañé a la Bidema a hacer esas diligencias.

Entonces, luego de que los acompañara a la Bidema a declarar, ¿esas declaraciones no se hicieron llegar a la parte querellante?

Claro. No conozco esas declaraciones. La función que yo cumplí fue de acompañarlos porque en ese tiempo existía desconfianza - que aún permanece - con la institucionalidad, por lo que la gente que tenía testimonios no quería declarar ante Carabineros o la PDI. Había una molestia muy grande, recordemos que la isla se encontraba cerrada... Entonces, como yo era la abogada querellante, la única forma de lograr que la Bidema trabaje era que yo hablara con la gente y los acompañara a declarar. Pero el resultado de esas declaraciones, o las de Alicia Gallardo [entonces subdirectora de Acuicultura de Sernapesca], o las de Schwarzenberg, o del Seremi de Medioambiente de la época; no las sabemos, así como tampoco de los estudios que solicitamos. Y no es porque no los hayamos pedido, porque lo hicimos y nos colocaron una y otra vez trabas. La última vez que solicitamos copias a fiscalía nos indicaron que no existía el RUC de la causa.

La audiencia de resolución que fue reagendada para el 21 de septiembre. Como abogada querellante, ¿tomarán alguna acción en caso de que se decrete el sobreseimiento definitivo del ex director de Directemar, Osvaldo Schwarzenberg?

Ya hablé con algunos dirigentes de la isla, del mundo mapuche-huilliche, y nosotros vamos a presentar una nueva querella en contra de Directemar; porque el hecho de que las salmoneras no hayan entregado el informe a la entidad que se los pidió [y luego autorizó el vertimiento] me lo permite. Eso evitará que se cierre el caso, independiente de la decisión que vaya a tomar la jueza.

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