Tras la aprobación de la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara, en la Cámara de Diputados, este martes 4 de enero, era el turno de los senadores darle continuidad o no a la acusación. Esta se basaba en que Guevara infringió el derecho constitucional a reunión y de libre expresión, con su estrategia de copamiento preventivo en las manifestaciones en Plaza Dignidad, lo cual incrementó sensiblemente la violencia policial.

La estrategia policial de Guevara ha tenido consecuencias irreparables: la fractura de cadera del joven de 20 años Óscar Pérez, atropellado por dos zorrillos, y la muerte de Mauricio Fredes, tras caer en un hoyo en los alrededores de Plaza Dignidad, escapando de la represión de Carabineros.

Finalmente la acusación constitucional en contra de Guevara murió en el Senado. Fue rechazada con 18 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, con lo que no se alcanzó el quórum necesario, que indicaba que se necesitaba alcanzar 22 votos favorables de senadores en ejercicio. Contribuyeron a salvar a Guevara los senadores DC, Carolina Goic y Jorge Pizarro (este último suspendido de su militancia por su implicación en el caso SQM), que se abstuvieron. También la senadora por el mismo partido, Ximena Rincón, que no asistió a cumplir con su deber legislativo, al igual que los senadores PS José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros, y el PPD, Felipe Harboe. En el caso de Insulza, tenía permiso constitucional para ausentarse, pero dicha ausencia no sirvió para bajar el quórum a 21 senadores en ejercicio, conforme las reglas del Senado.

El cuestionamiento a la oposición fue implacable por parte del sector de la ciudadanía al que se supone que representa. Además de las feroces críticas hacia los senadores que -en la práctica- se alinearon con el oficialismo y su agenda represiva, arriando la bandera de los derechos humanos, el cuestionamiento fue al sector completo.

Después de todo, este Congreso -que ahora salvó a Guevara y que permitió un triunfo al oficialismo volcado en una agenda de seguridad- tiene mayoría de la oposición y así y todo ha apoyado decididamente al gobierno en siete instancias legislativas que fortalecen la agenda represiva, como permitir a los militares defender "infraestructura crítica" sin necesidad de llamar a estados de excepción, o a retirar el financiamiento a los partidos políticos que no rechazen explícitamente la violencia (civil) en sus estatutos, tal como da cuenta este artículo de INTERFERENCIA.

Las críticas ciudadanas principalmente se centraban en la incapacidad de la oposición para reunir los votos para una acusación que ellos mismo habían impulsado, en una materia tan sensible y simbólica como los derechos humanos. Una bandera que les permitió en los 80 hacer frente común contra la dictadura, pese a las profundas diferencias políticas que tenían en ese entonces.

Se podría hacer un mural con las excusas y las explicaciones que van a envejecer probablemente muy mal, como la de Goic quien dijo “no me gusta un Chile donde salimos a la calle con el temor a ser funados”, en instancias que lo que se juzgaba era mucho más grave, pues implicó profundos daños a la integridad física y a la vida de los ciudadanos. Incluso hay expresiones que califican a ese mural por parte de senadores ,que votaron a favor de la acusación, pero que cuestionaron su fondo, como el PS Carlos Montes, quien dijo que esta fórmula de la acusación constitucional "no da el ancho para enfrentar los problemas del país".

El momento de mayor frivolidad lo puso Ximena Rincón, quien pese a ausentarse de votar, se desentendió completamente del tema y comenzó a postear distintas cosas en su Twitter, incluído un comentario acerca de la presentación de Shakira y Jeniffer López en el show de medio tiempo del Super Bowl, en Estados Unidos.

“Lo que pasó lo interpreto como un fracaso de la oposición en el Senado. Una oposición débil, fragmentada, sin unidad de acción, incapaz de coordinarse. Refleja una oposición que frente a un gobierno, como el de Piñera, que tiene un muy bajo nivel de aprobación ciudadana, en vez de ser una oposición fuerte, que sigue asediando al gobierno,que lo incomoda, le termina entregando un tanque de oxígeno cuando estaba en el suelo”, afirma a INTERFERENCIA el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática.

Para el senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, el panorama de la oposición se ve cada día más oscuro y la gente que protesta más indefensa, ante la decisión de algunos personeros de privilegiar la agenda de seguridad por sobre la de derechos humanos, eje principal de la acusación en contra del intendente.

"Mi apreciación es que se ha hido imponiendo el partido del orden, una clase que ha gobernado tres décadas, con intereses comunes y cruzados. No hay un escenario clasico de gobierno-oposición, y hay que asumirlo así", dice Guillier, quien agrega que esto no puede durar dos años pues no hay legitimidad "que se sostenga solo por la fuerza".

 Lo que plantea el ex presidenciable es un tema de discusión en todos los círculos afines de la ex Concertación, que se formó a finales de la décadas de los ochentas para impulsar una salida democrática a la dictadura, en oposición a Augusto Pinochet y a las violaciones a los derechos humanos, como ejes fundamentales. Pilares que hoy parecieron tambalear, antes un discurso de seguridad y orden público que la derecha levantó con fuerza.

“Creo que hay sectores de la oposición donde la agenda de derechos humanos no es un agenda relevante. Les importa mucho más la agenda de seguridad pública y orden que la de derechos humanos, la dejaron atrás. Hay otro sector de la oposición que sí la consideran relevante, y yo diría que en todas las intervenciones de los votos a favor estuvo el tema de derechos humanos. Pero la gran señal de este martes era que se percibieran responsabilidades políticas por las violaciones a los derechos humanos, esa era la señal para el gobierno y no se logró”, comenta por su parte Latorre.

Para otros analistas, esta votación no es más que el reflejo de la desconección de la ex Nueva Mayoría con los derechos humanos que hoy están siendo vulnerados: la libertad de expresión, libertad a reunión, los derechos indígenas, entre otros. Temas donde el estado chileno gobernado por ese sector, ya en democracia, ha sido cuestionado incluso por organismos internacionales, frente a la indolencia de un sector que se ha definido como progresista.

Por su parte, el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, reconoce que esto es "un gran traspié" y observa un panorama difícil de reagrupamiento para adelante. Sin embargo confía en que "la oposición logrará ganar el plebiscito de abril y reagruparse en torno a una discusión programática respecto de qué constitución quieren proponer al país". 

De todos modos, son varios dentro de la oposición que observan con temor cómo el oficialismo ha logrado reagruparse tras la opción Rechazo, y la agenda de seguridad que ellos mismos han logrado levantar, infundiendo temor en importantes sectores de las clases medias. Además, en contrapartida, muchos temen que al bajar la bandera de los derechos humanos, tanto por esta acusación fallida, como por la promoción de la agenda represiva, en la que incluso ha incurrido el Frente Amplio, ha dañado de manera tal vez irreversible la confianza del sector que los votaba.

No todos piensan así. Para Fuad Chahin, presidente de la DC, la agenda de derechos humanos no es algo que la oposición haya desechado, “todo lo contrario, yo creo que aquí tenemos conciencia de la gravedad de lo que ocurre y uno de los temas que hay que corregir en la nueva Constitución es que el general director de Carabineros puedan ser acusados constitucionalmente”, dice. De tal modo, para Chahin, este bochorno no refleja la descomposición valórica de la oposición, sino que muestra deficiencias de coordinación entre los parlamentarios y un mal análisis táctico. 

“Esto demuestra que es fundamental que antes de presentar acusaciones constitucionales tenemos que establecer una coordinación política que nos permita tener el respaldo que garantice el éxito. Un ejemplo es como se hizo la acusación constitucional al ministro del interior Andrés Chadwick. Por que al final, si no hay coordinación, terminamos haciéndonos un autogol y regalando un triunfo innecesario al gobierno”, reflexiona Chahin.

En los pasillos del Congreso son varios que culpan de todo esto a Gabriel Silber, diputado DC, pues -en su análisis- él y otros colegas de la bancada DC iniciaron esto inconsultamente y sin ver si había agua en la piscina. Incluso hay algunos que llegan más lejos, y estiman que la acusación constitucional contra Guevara que ellos promovieron fue una bengala de los diputados DC para distraer de su votación favorable en la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno.

Respecto de la idea de Elizalde de buscar la unidad de la oposición en lo programático, donde destaca la unidad de criterios de base respecto de promover garantías constitucionales bajo una lógica de un Estado social de derecho, algo así como el mínimo común opositor, Chahín asegura que antes “la DC va a presentar una propuesta propia completa en ese proceso, para una nueva Constitución”.

Por su parte Latorre dice desde el Frente Amplio: “Yo no sé cómo algunos pretenden enfrentar de manera unitaria las municipales y las elecciones de integrantes de la convención constituyente en octubre, porque hay proyectos distintos, miradas de la sociedad distintas y lo mejor acá es sincerar esas posiciones, no forzar espacios de colaboración”.