a carta publicada el domingo recién pasado en El Mercurio por casi la totalidad de los presidentes de clubes profesionales de la primera división del balompié chileno y su presidente don Pablo Milad, no es, en rigor, una defensa del fútbol chileno. Es una defensa del statu quo.

El texto comienza en tono razonable: valoran la voluntad política de reformar la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales y enumeran propuestas que, en abstracto, suenan impecables: terminar con la multipropiedad, transparentar controladores finales, fortalecer a la Comisión para el Mercado Financiero, incorporar a la Unidad de Análisis Financiero. 

Ninguna de dichas medidas devuelve el fútbol a sus verdaderos dueños, los socios e hinchas. Nada ni parecido al modelo alemán que se basa en la regla "cincuenta más uno”, que garantiza que los socios o miembros de un club conserven la mayoría del poder de voto (al menos 50% más uno), previniendo el control absoluto de inversores externos y promoviendo la gestión democrática y el vínculo comunitario. Ese definitivamente hubiese sido un verdadero avance.

No, es maquillaje que evita excesos groseros. 

Pero aún así a la elite que se aprovecho del fútbol para potenciar su interés particular no le gusta y prefiere que no los limite. Por eso la torpedean.

El problema es que esas medidas que los presidentes cuestionan en su carta no son concesiones de los clubes: son precisamente la reacción institucional frente a años de opacidad, conflictos de interés y estructuras de propiedad diseñadas para diluir responsabilidades; digámoslo con todas sus letras: un mínimo

La carta instala luego la idea de una “transformación refundacional” impulsada por el Ejecutivo, casi como si se tratara de un asalto ideológico al deporte profesional. Sin embargo, lo que subyace es algo más simple: cuando el regulador decide intervenir en serio un mercado capturado por sus propios actores, quienes han administrado ese mercado sienten que pierden control.

Hablan de falta de diálogo. Pero el debate sobre las SADP no comenzó ayer. La crisis estructural del fútbol chileno -institucional, financiera y competitiva- tampoco. Si hoy se discuten fórmulas más profundas es porque el modelo vigente no resolvió problemas básicos: transparencia en la propiedad, separación entre representación y negocio, equilibrio entre clubes y federación, y protección del interés público en un deporte que no es cualquier industria.

El argumento más revelador es el temor a “debilitar hasta el extremo la relación del fútbol profesional con las selecciones y la Federación”. Traducido: perder capacidad de influencia en la gobernanza del sistema. Su influencia: La de Milad, Clark, Tagle y otros que ya conocemos. Que sabemos perfectamente lo que quieren. Entonces, lo que se presenta como defensa de la estabilidad es simplemente resistencia a la pérdida del poder que les ha generado notables dividendos.

Hay una paradoja evidente. Los mismos actores que sostienen que generan un “aporte social importante al país” y que administran contratos e infraestructura de alto estándar, reaccionan con dramatismo frente a mayores exigencias regulatorias. Si el modelo es tan sólido como afirman, no debería temerle a más transparencia ni a reglas más estrictas de gobierno corporativo.

Nadie discute que una reforma profunda requiere técnica y diálogo. Pero tampoco puede convertirse en un derecho a veto de quienes han sido beneficiarios directos del diseño vigente. La regulación no está para acomodar a los regulados, sino para equilibrar intereses, prevenir abusos y proteger bienes colectivos. El fútbol chileno atraviesa un momento crítico. La discusión de fondo no es si los clubes fueron escuchados lo suficiente. La discusión es si el modelo de sociedades anónimas deportivas cumplió su promesa de profesionalizar, transparentar y fortalecer el deporte. Si la respuesta es ambigua -o derechamente negativa-, entonces la profundidad de la reforma no es una exageración: es una consecuencia.

Cuando quienes han detentado el control durante años piden “más conversación”, conviene preguntarse si buscan mejorar la ley o simplemente diluirla. Porque a veces la defensa más enfática del diálogo es, en realidad, una estrategia para que nada cambie demasiado.