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Domingo, 28 de Noviembre de 2021
Especial 2° aniversario Estallido Social

Adolescentes de Buin: luego de 2 años de ser acusados de incendio sin mayores pruebas, todavía no son sobreseídos

Francisco Velásquez

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Manifestación por la libertad de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres
Manifestación por la libertad de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres

Considerando que por estos días es el aniversario en que los adolescentes empezaron a evadir el Metro hace dos años e iniciaron el Estallido Social, INTERFERENCIA fue a ver en qué estaba un caso emblemático de prisión de la revuelta y menores. Se trata del caso de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, jóvenes del Sename que recién en enero podrán ser sobreseídos por Fiscalía, luego de pasar un largo y penoso proceso judicial, en el que nunca hubo mayores antecedentes en su contra.

A dos años de las primeras jornadas de manifestación del estallido social, INTERFERENCIA conversó con Sofía Arévalo, Joaquín Cáceres, sus familias y sus abogadas, para retomar una historia que este medio investigó hace casi dos años, en un artículo titulado Buin: dos menores están privados de libertad por incendio, pero video muestra que no iniciaron el fuego.

Sólo restan nueve meses para que el proceso en el que Sofía y Joaquín se encuentran hace casi dos años quede sobreseído totalmente.

“Esto fue un vuelco sorpresivo del Ministerio Público, que dejó claro durante todo el proceso, que pediría 10 años por el delito de incendio, que iban a ir a juicio oral, cosa que no sucedió con el tiempo. El estallido se vio debilitado y la fiscalía tomó la decisión de ofrecer suspensión condicional del procedimiento, que es una medida alternativa que se le da a la gente que no tiene antecedentes penales”, explica Marlene Quintanilla, abogada de Joaquin Caceres.    

Según consta en la investigación, Joaquín y Sofía fueron formalizados sobre la base de imágenes obtenidas con cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Buin, en la administración del alcalde Miguel Araya (UDI), en las que el joven se ve dejando una bolsa de basura en el portón de ingreso del municipio y a la joven, parada en la plaza de Buin mirando su celular. En la detención, Carabineros registró la mochila de los menores, en ese entonces, no se hallaron objetos que se pudieran vincular al delito. Tampoco se les realizó peritajes a las manos de los acusados. Dentro de los antecedentes no se adjuntan partes de Carabineros o Bomberos dando cuenta del hecho, porque el cuidador del municipio apagó el fuego con una manguera.

“Cuando llegué a la comisaría conocí a la mamá de Sofía, a ella la había visto sólo una vez. Dijeron que teníamos que esperar. Nos pusimos a conversar, pero sin pensar en todo lo que se nos venía. Más tarde, nos dijeron que teníamos que esperar al fiscal. Como a las 10:30 de la noche nos dijeron que quedaban detenidos y pasaban a control de detención. Que no nos preocupáramos, que mañana iban a estar en la casa, que era solo para asustarlos”, cuenta Magaly Cáceres, tía de Joaquín, recordando la jornada del 4 de noviembre de 2019. 

“Al otro día fuimos a la formalización de cargos a San Bernardo y salieron con el chiste que eran un peligro para la sociedad y que estaban en internación provisoria por 100 días, ahí se nos vino todo abajo”, agrega.

Aun cuando Sofía Arévalos y Joaquín Cáceres se consideraban inocentes de los cargos que se les imputaron, pasaron dos meses y medio recluidos en centros de Sename y otro mes con arresto domiciliario total. Dicha medida se modificó el 19 de febrero de 2020, cuando se les concedió el arresto domiciliario parcial nocturno, de ahí, el 2 de diciembre de 2020, se levantó la medida cautelar de arresto domiciliario y quedaron con vigilancia semanal y prohibición de acercarse a la municipalidad de Buin. Hasta que por medio de una apelación presentada por la defensa, la Fiscalía ofreció la suspensión condicional del procedimiento, el 19 de enero de 2021 y desde ahí comenzaron a correr 18 meses en los que los acusados deben estar estudiando, con domicilio fijo y mantener una irreprochable conducta.

Victoria Herrera, abogada de Sofía: durante el proceso “existió una irregularidad, ya que se alargó el plazo de investigación, sin consultar a la defensa si tiene alguna objeción, esto es totalmente irregular y ha generado que una investigación que debió durar 90 días se haya alargado dos años”. 

Victoria Herrera, abogada de Sofía, dijo a INTERFERENCIA que, durante el proceso “existió una irregularidad, ya que se alargó el plazo de investigación, sin consultar a la defensa si tiene alguna objeción, esto es totalmente irregular y ha generado que una investigación que debió durar 90 días se haya alargado dos años”.  

Marlene Quintanilla, la defensora de Joaquín en la misma causa, dice que “la fiscalía nunca investigó quién había sido realmente el autor del 'incendio”' es más, la fiscalía siempre intentó demostrar los hechos que imputan, pero no tenía pruebas con las que sostener su teoría. Si se tuviera que calificar lo que hicieron estos jóvenes, el delito debería haber sido daños o desorden público”. 

Presos de la revuelta

El 4 de noviembre de 2019, la llamada Plaza Dignidad estaba repleta de personas, aumentaba el calor de la protesta y se propagaba por más ciudades de Chile. Esas mismas calles, una semana antes, habían estado repletadas por la marcha de un millón de personas, donde se llegó al punto más alto del estallido social. 

Joaquín y Sofía, en ese entonces, tenían 17 años y se organizaban con sus compañeros de colegio haciendo conversatorios, reflexionando sobre la situación del país y manifestándose en la plaza de Buin, lugar que se encuentra a varias cuadras de donde fueron detenidos por Carabineros. 

Sofía Arévalo tiene 19 años y estudia trabajo social en la Universidad Andrés Bello. Según dice, esta carrera la eligió luego de haber estado recluida en el Centro de Internación Provisoria de Santiago. Su experiencia en este lugar fue grata, ya que según explica, aprendió mucho de sus compañeras y de las profesionales del centro que hasta hoy acompañan su proceso. 

El miedo se ha instalado en su vida posterior a esta experiencia, ya que según relata, cada vez que siente el sonido de una sirena, el corazón se le acelera, por mucho tiempo se sintió observada en la calle y aún le provoca pánico ver carabineros. Para Sofía, la suspensión condicional del procedimiento, medida que está en curso, es “la única salida que tenía la fiscalía, ya que no podía seguir sustentando la acusación en contra de dos personas inocentes”. 

Sofía Arévalo, cree que "la suspensión condicional del procedimiento, es la única salida que tenía la fiscalía, ya que no podía seguir sustentando la acusación en contra de dos personas inocentes”. 

“Con esta medida nadie dice si somos culpables o inocentes. La tomamos, porque teníamos miedo que pudiera salir mal un juicio. Siempre mantuve la ilusión de que la fiscal Karina Encina se diera cuenta de que no éramos culpables, pero siempre las profesionales de Sename decían que esto era una utopía. Incluso durante las audiencias, la fiscal se empeñaba en decir que teníamos problemas psicológicos, que éramos un peligro para la sociedad y que éramos los responsables de un incendio, cuando no tenían pruebas suficientes”, cuenta Sofía a INTERFERENCIA. 

La estudiante dice que ella saca la parte buena de las experiencias y que se queda con lo que aprendió. Sin embargo, su madre, María Elisa, debió abordar una psicoterapia para sobrellevar estos dos años, ya que según contó a INTERFERENCIA era la única manera de estar bien para acompañar a su hija, ya que el miedo a que le pudiera pasar algo más grave. 

Por su parte, Joaquín Cáceres, también con 19 años, está estudiando derecho en la Universidad Mayor, y al igual que su abuela Ana María, y su tía Magaly, con quienes vive, consideran que el día más feliz que recuerdan es cuando su único sobrino y nieto recuperó la libertad y llegó a cumplir arresto domiciliario de regreso al hogar. 

Para Joaquín esta experiencia dejó de ser dolorosa. Dice estar recuperado, sin embargo, considera que de todo lo que le pasó, los gendarmes fueron los más abusadores del sistema. “Esos son los peones, son inhumanos, si los pacos son malos, los gendarmes son peores”

“A diario me insultaban, cuando llegué me hicieron desnudarme y hacer sentadillas para revisar que no ingresara drogas ni armas. Nos amedrentaron en las celdas con gas pimienta o lacrimógeno, a mi no me golpearon, pero a otros si”, relata Joaquín. 

Magaly Cáceres recuerda que para ir a visitar a su sobrino, debía enrolarse, ese procedimiento lo debió hacer toda su familia y todos debieron estar semidesnudos frente a un gendarme, cada vez que ingresaban a la visita.

“Cuando nos veníamos se nos apretaba el corazón, hoy de solo recordar que se acerca la fecha se me erizan los pelos, no quisiera pasar nunca más por eso”, relata la tía del joven preso de la revuelta. 

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