Los venezolanos Yexon Santiso, Hećtor Almérida Osto, Hećtor Almérida Robles  (padre e hijo, respectivamente) y Jean Ustariz Mendoza, no son identidades que la opinión pública relacione inmediatamente a una organización criminal.

Sin embargo, son los miembros de una facción del Tren de Aragua (TDA) que en los próximos meses enfrentarán un juicio oral en Puerto Montt, luego que el Ministerio Público presentara la acusación en su contra por delitos de lavado de activos y asociación ilícita, indicaron fuentes del organismo.

En esta oportunidad, la fiscalía solicitó para Almérida Osto presidio perpetuo, para Almérida Robles y Santiso 20 años y 17 para Ustariz Mendoza.

Lo acreditado hasta ahora, es que los aludidos -al menos desde agosto de 2021 hasta que fueron detenidos en marzo de 2022-, formaron parte de una estructura delictual dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, uno de los tantos ilícitos que componen la definición de crimen organizado. A las mujeres que prostituían en la Región de Los Lagos, las “importaban” desde Venezuela, una conducta criminal que se repite en investigaciones similares en Arica, Iquique, Santiago, Concepción, Temuco, entre otras ciudades.

De origen venezolano, Santiso ingresó legalmente a Chile por vía terrestre desde Perú, el 19 de febrero de 2020, usando el paso Chacalluta de la Región de Arica y Parinacota. Se identificó con pasaporte colombiano, su segunda nacionalidad.

En territorio nacional eran explotadas hasta que pagaban la deuda de $4 millones que le imponía la banda bolivariana, luego de traerlas de forma clandestina, cruzando las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú sin dejar rastros migratorios.

La organización que operaba impunemente en el centro de la ciudad y en un barrio residencial, blanqueaba sus activos a través de cuentas corrientes que los acusados -y otros testaferros- mantenían en distintos bancos de la plaza y una empresa de fachada: “luna manicure”.  Constituida en una notaría de Temuco -donde también operaba la red- el 21 de abril de 2021, se lee que Ustariz Mendoza es el “gerente general”.

Más allá del trabajo  que realizó el Ministerio Público y la PDI para desarticular a la estructura delictiva, esta no fue descubierta mediante un trabajo de inteligencia ni fruto del azar. Fue más bien por un acto de humanidad. Esta es la historia.

Carolina entrega

La última semana de septiembre de 2021, Martín (nombre supuesto) abrió la web sexosur.cl y navegó buscando a una trabajadora sexual que prestara servicios en Puerto Montt.

De página en página -y valorando atributos- eligió a quien llamaremos  “Carolina”. Escribió al whatsapp de contacto y convino precio y fantasías. Del otro lado, recibió los datos para transferir el dinero y -hecho eso- la seleccionada llegó a su domicilio personal. Hasta ahí, una transacción más.

Antes de iniciar el acto, Martín conversó con la mujer para distender el ambiente, pero algo llamó su atención: Carolina estaba desanimada y declinaba el contacto corporal. Para un asiduo al mundo prostibulario, era inusual.

Durante la charla, Carolina relató que había llegado hacía poco tiempo a Chile y que no recibía dinero por su trabajo. La razón era simple: los regentes pagaron su periplo que valoraron en  $4 millones que debía pagar prostituyéndose.

Si bien la jornada no fue lo que Martín esperaba, la llevó en su auto hasta el apart hotel donde vivía junto a otras seis mujeres, ubicado en el centro de la ciudad. Y como la mutua confianza fue inusitada, Carolina le entregó su número personal para conversar en otra oportunidad.

La custodia

Los contactos digitales ocurrieron naturalmente, hasta que un día Carolina escribió: “me quiero escapar (...) ellos me están explotando”. Y con frases cortas, seguía: “trata de blancas”, “me quiero ir a refugiar a la casa de una amiga mientras pueda viajar”.

Martín entonces cayó en la cuenta de que la mujer era obligada y “custodiada” por el sujeto que recibía el dinero pagado por los clientes en la cuenta bancaria de una reconocida cadena del retail nacional.

Lejos de olvidar el episodio, Martín pasó a la acción y se dirigió a la Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). Allí, bajo reserva de identidad, relató todo lo que había escuchado y leído en la pantalla del móvil. Su revelación quedó registrada a las 11.30 am. del viernes 1 de octubre de 2021.

Los detalles fueron plasmados en un informe firmado por el comisario Sergio Castro, quien lo envió de inmediato al Ministerio Público, tipificándolo como un delito de trata de personas con fines de explotación sexual y de carácter “transnacional”.

En Chile no era un ilícito nuevo, ni el único caso. Hechos similares se venían repitiendo -y en sostenido aumento- tanto en Santiago como en el norte grande y el centro sur. Sin embargo, Puerto Montt escapaba a la norma. Y una cosa era segura, no eran criminales chilenos.

Fue así como al mediodía de ese 1 de octubre, los policías se dirigieron rápidamente a comprobar si el domicilio entregado por el denunciante era verídico. Y lo era: “edificio de tres pisos de material sólido con un letrero letrero publicitario Apart Hotel”, escribirán más tarde.

Agente encubierto

Un dato importante que Martín entregó a la PDI fue el número de cuenta bancaria, rut e identidad del cobrador. La búsqueda en el sistema de antecedentes policiales arrojó el rostro de un hombre de frente amplia, cabello corto, orejas pronunciadas, nacido el 22 de junio de 2000, a la sazón de apenas 21 años, domiciliado en la misma ciudad en un barrio de buen pasar. ¿Su nombre? Yexon Santiso Linares.

Los detectives requirieron información a la compañía de telefonía celular y surgió un nuevo antecedente: antes de Santiso Linares, el número perteneció a otro sujeto que llamaría aún más la atención del fiscal Maldonado y la policía.

De origen venezolano, Santiso ingresó legalmente a Chile por vía terrestre desde Perú, el 19 de febrero de 2020, usando el paso Chacalluta de la Región de Arica y Parinacota. Se identificó con pasaporte colombiano, su segunda nacionalidad.

Así las cosas, el “sujeto de interés” mantenía todos los trámites migratorios en regla, incluso contaba con una visa expedida por la autoridad el 12 de noviembre del mismo año, sujeta a un contrato de trabajo. En suma, de no contar con la denuncia de Martín, para la policía y el Ministerio Público, Santiso era un invisible, al menos hasta ese momento, porque en el sistema judicial aparecía con una investigación abierta por microtráfico en Osorno.

“La información fluyó muy rápido”,  recuerda uno de los participantes de la investigación. Por ello el 5 de octubre, el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, ordenó continuar las diligencias con la Brigada de Trata de Personas y Antinarcóticos, verificar la propiedad del número que usaba Santiso y designar a un funcionario como “agente encubierto”.

Santiso y Santiso

En materia de investigación policial las coincidencias no existen. Por ello, cuando la PDI ahondó en el archivo digital de la fiscalía, apareció una segunda causa penal que Santiso Linares enfrentó en 2021 por violar la cuarentena sanitaria para enfrentar el Covid 19. En la carpeta del caso aparecía un número móvil y un correo electrónico. Ambos le pertenecían.

Los detectives requirieron información a la compañía de telefonía celular y surgió un nuevo antecedente: antes de Santiso Linares, el número perteneció a otro sujeto que llamaría aún más la atención del fiscal Maldonado y la policía.

Quien activó el aparato por primera vez fue Celso Santiso Piñérez de supuesta nacionalidad colombiana, quien ingresó a Chile como turista el 1 de diciembre de 2018 desde Perú. El parte policial indicaba: 40 años, nacido en 1981 y domiciliado en Puerto Montt. Pero había más: Santiso y Santiso compartían características físicas.

Luego, todo se conectó, porque Santiso Piñérez abandonó el país por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en un vuelo que lo llevó a Colombia el 7 de diciembre de 2019. Sin embargo, no tardaría en volver. Lo hizo el 19 de febrero de 2020 a bordo de un bus que abordó en Tacna acompañado de Santiso Linares y “Carolina”, que hoy figura como testigo protegida.

El vínculo, entonces, ya no era una simple sospecha, sino cabos atados en tiempo, forma y lugar: el paso de Chacalluta.

El contrato

La pregunta que surgió era cómo los “blancos de investigación” habían logrado residir en Chile sin llamar la atención de las autoridades. La respuesta fue sencilla: toda organización transnacional necesita contar con el apoyo de un “local”, en este caso un chileno que compartiera los códigos delictuales y manejara redes.

Fue así como llegaron hasta Sergio Quezada Yáñez, un delincuente de Puerto Montt con un largo prontuario que consignaba tráfico de drogas, receptación y robo con violencia.

El rol de Quezada Yáñez fue importante para mantener la estructura a flote y fuera de la órbita de la fiscalía y la policía. Su trabajo consistió en proveer contratos de trabajo para que cumplieran todos los trámites migratorios. El sujeto proveyó los documentos comerciales a los Santiso, como también a los venezolanos con residencia legal Carlos Sola y Justo Pérez que no contaban en Chile con antecedentes penales, pero habían ingresado en compañía de dos miembros de la organización.

Los detectives tenían una claridad: el apart hotel no acogía simplemente a trabajadoras sexuales, detrás operaba una agrupación criminal experimentada compuesta por venezolanos. 

Con la información obtenida en pocos días, los detectives tenían una claridad: el apart hotel no acogía simplemente a trabajadoras sexuales, detrás operaba una agrupación criminal experimentada compuesta por venezolanos. La conclusión era obvia: sus participantes ocultaban todo tipo de datos usando nombres ficticios para actuar en la clandestinidad, evitando así ser detectados.

El comisario Sergio Castro enfatizó en su informe las características del grupo delictual  y le sugirió al fiscal Maldonado interceptar los teléfonos de Yexon Santiso, Carolina y una de sus compañeras y usar a un agente encubierto que tendrá un rol clave en esta historia.

La petición

En todas las investigaciones que realiza el Ministerio Público hay momentos en que sus actividades colisionan con los derechos constitucionales de las personas. Intervenir los teléfonos es una de ellas y la única manera de resolver el problema es pedir autorización judicial.

El fiscal Maldonado lo sabía de sobra y redactó una puntillosa presentación de diez páginas al tribunal de Garantía de Puerto Montt. Entre los persecutores es sabido que una palabra de más o de menos puede significar el rechazo a la medida intrusiva que retrasa la investigación.

El escrito llegó a manos del magistrado Juan Carlos Orellana, quien lo proveyó el 22 de octubre de 2021. En su resolución, accedió a grabar las conversaciones y alzar el secreto bancario a Yexon Santiso para establecer su flujo financiero y cómo blanqueaba el dinero. Y además, autorizó a infiltrarlos. El encargado sería Ángel Zamora (identidad operativa), un detective que haría las veces de cliente.

Zamora no fue el único infiltrado. También Marcelo Rodríguez, otro policía de la misma unidad. Este último contactó a una de las mujeres regentadas por el Tren de Aragua a fines de noviembre de 2021 y convinieron un encuentro en una cabaña que opera como hostal en la ciudad. Para conseguir pruebas, portaba una cámara oculta adosada a una mochila.

Cuando Rodríguez entró al lugar por una escalera lateral, había una fila de hombres esperando su turno y debió esperar a que “Marcela” lo atendiera y pagó $50 mil.

Durante una hora el incógnito conversó con la mujer sobre el derrotero que había realizado para llegar a Chile. Los datos que proporcionó coincidían con el modus operandi. El paso siguiente fue confeccionar un listado con las mujeres tratadas: eran nueve venezolanas que publicitaban sus servicios en sexosur.cl.

Para que las fotografías fueran alojadas en el sitio, los pagos estuvieron a cargo de Yexon Santiso y Bernardo Bracho. Ambos, de acuerdo a un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que consta en un documento reservado de la Fiscalía de Tarapacá, están relacionados con el Tren de Aragua en Iquique.

La estructura da cuenta que transferían dinero que a su vez era lavado a través de una casa de cambios constituida por venezolanos y luego convertidos a monedas digitales usando la plataforma Binance, que de acuerdo a la revista Forbes, ha lavado el dinero del narcotráfico en varios continentes.

Durante una hora el incógnito conversó con la mujer sobre el derrotero que había realizado para llegar a Chile. Los datos que proporcionó coincidían con el modus operandi. El paso siguiente fue confeccionar un listado con las mujeres tratadas: eran nueve venezolanas que publicitaban sus servicios en sexosur.cl.

En el caso del Tren de Aragua en Puerto Montt, la Fiscalía y la PDI analizó las transferencias bancarias de Santiso y apareció otro sujeto: Ricardo Martínez Díaz, venezolano. Este último de inmediato llamó la atención de los investigadores, porque en sus registros migratorios fueron encontrados datos de interés. El primero que vivía en Chile desde 2015 y el segundo que viajó con el documento de identidad de su país a Caracas; luego lo hizo hacia Argentina con su carnet chileno y a su regreso presentó DNI trasandino.

La intersección

A medida que transcurrían los meses, la información aumentaba, sobre todo cuando en febrero de 2022 las mujeres “tratadas” declararon ante la PDI bajo reserva de identidad. En sus testimonios entregaron nombres, alias, formas de operar y otras ciudades donde los miembros del Tren de Aragua manejaban otras sucursales.

Las revelaciones permitieron que el magistrado Pablo Gutiérrez -el 2 de marzo de 2022- autorizara una diligencia intrusiva poco común que debía realizar la PDI: instalar un micrófono en el automóvil que utilizaba la organización.

Seis días más tarde, cuando el Chery modelo Arizo se encontraba estacionado en la intersección de Prieto Norte y Monte Ararat, en Temuco, un equipo de la Sección de Técnicas Especiales de Investigación Policial abrió las puertas del vehículo -y sin dejar huellas- activó los aparatos en la cabina.

La información obtenida de los audios captados, llevó a la PDI realizar seguimientos al grupo de criminales en Temuco,  que recibió al menos a dos venezolanas en el terminal de buses provenientes del norte del país. Las imágenes fueron captadas el 18 de marzo, previa coordinación con la Brigata de Trata de Personas en Santiago. Las imágenes registradas por los efectivos, muestran el traslado e incluso compras en tiendas de la ciudad.

Con los antecedentes obtenidos, la PDI evacuó un informe a la fiscalía. Acto seguido y en 30 páginas, el prosecutor Marcelo Maldonado solicitó al tribunal de garantía de Puerto Montt la detención del grupo criminal.

A las 10.59 del 22 de marzo, el magistrado Rolando Díaz autorizó la detención de los hoy acusados, que desde ese día nunca han obtenido el beneficio de la libertad.

La primera sentencia por el delito de trata de personas en Chile se dictó hace 13 años. En esa oportunidad, la líder del grupo de nacionalidad dominicana que traía a Chile a ciudadanos bolivianos, recibió una condena de 31 años de cárcel efectiva.