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Miércoles, 12 de diciembre de 2018
Región Metropolitana lidera ranking

Aula Insegura: gobierno ha fiscalizado solo 23% de denuncias de bullying

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Fotografía: Unicef
Fotografía: Unicef

Mientras el gobierno pone el foco en terminar con las protestas estudiantiles violentas a través el proyecto de Ley Aula Segura, la superintendencia de Educación informó a la Cámara de Diputados que de las 1.625 denuncias de acoso escolar recibidas en lo que va de 2018, tan sólo han intervenido en 380.

El pasado 22 de mayo, con tan sólo 16 años, la estudiante del colegio Nido de Águilas, Katherine Winter, se suicidó en el baño de un café de Santiago como consecuencia del bullying que sufría de parte de algunas de sus compañeras. Su caso causó conmoción pública y puso al bullying nuevamente en el debate. Pero poco pasó para frenarlo.

El caso de Winter está lejos de ser el único. Sólo durante el primer semestre de 2018, la superintendencia de Educación recepcionó 1.625 denuncias de este tipo, de acuerdo a un ofició que entregó la secretaría de Estado a la Cámara de Diputados, tras una solicitud del diputado Álvaro Carter (UDI).

En la capital del país son 401 las denuncias de violencia física presentadas por alumnos, mientras que 272 corresponden a maltrato psicológico. De estas, la superintendencia de Educación reconoce haber fiscalizado en terreno 106 y 61, respectivamente.

Ese mismo documento da cuenta de que sólo se fiscalizó en terreno 380 de esas denuncias, es decir, el 23%. También expone que las regiones que más casos han presentado son la Metropolitana, de Valparaíso y de Bío Bío.

En la capital del país, por ejemplo, son 401 las denuncias de violencia física presentadas por alumnos, mientras que 272 corresponden a maltrato psicológico. De estas, la superintendencia de Educación reconoce haber fiscalizado en terreno 106 y 61, respectivamente.

La baja tasa de fiscalización de estas denuncias, es decir, de una respuesta temprana a las víctimas de bullying en las salas de clase, no parece ir en línea con los esfuerzos que ha puesto el gobierno fuera de ella, en las protestas estudiantiles, con su proyecto de Ley Aula Segura.

“No es posible que la mayoría de las denuncias no tengan ningún seguimiento, y que el ministerio no entregue los apoyos para que puedan hacerlo”, dice la diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi (PPD).

El foco en las protestas

El Ejecutivo ingresó el pasado 25 de septiembre el proyecto de Ley Aula Segura y rápidamente la iniciativa estrella de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se ha ido cayendo. Este martes, la comisión de Constitución del Senado declaró –por 3 votos contra 2– inconstitucional la iniciativa por no asegurar un debido proceso al estudiante acusado, quien con la idea del gobierno tendría sólo cinco días para apelar a la expulsión después de que esta se le notifica.

La declaración de inconstitucionalidad no impide que el proyecto continúe su trámite, pero ya habría obligado al gobierno –según consignó La Tercera– a preparar una modificación que sume un período de defensa de dos días previos a la expulsión. Con esto esperan que el mensaje sea despachado durante este miércoles desde el Senado, día en que vence la suma urgencia.

“No vamos a permitir ni dejar en la impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes que destruyen sus propios colegios y que rocían con bencina o tiran bombas molotov a sus propios profesores, compañeros o Carabineros”, escribió Piñera en Twitter. 

La molestia en el oficialismo durante el martes fue evidente, tanto que incluso el presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra de gira en España, se dio un tiempo para publicar un mensaje en Twitter al respecto.

“No vamos a permitir ni dejar en la impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes que destruyen sus propios colegios y que rocían con bencina o tiran bombas molotov a sus propios profesores, compañeros o Carabineros”, escribió Piñera en la red social.

Sin embargo, Girardi, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, prefiere poner el foco en los problemas que ya están sucediendo en las aulas escolares. “Es una contradicción que el ministerio plantee como prioridad el tema de aulas seguras y tengamos una superintendencia que no es capaz de fiscalizar lo que ya está en la normativa legal”, alega la diputada de oposición.

En convivencia escolar el único proyecto de Ley presentado por el actual gobierno es Aula Segura. Respecto del bullying la iniciativa que se tramita actualmente es la moción contra el ciberbullying, presentada y respaldada por parlamentarios de todos los sectores representados en la Cámara de Diputados.

Pero según el mismo oficio entregado por la superintendencia de Educación a Carter, actualmente se busca mejorar la intervención en casos de bullying a través del Programa de Fiscalización sobre Convivencia Escolar. La medida, sin embargo, parece tímida ante la avalancha de denuncias que recibe el organismo. En síntesis, plantea verificar que los establecimientos cumplan con “la normativa educacional vigente, de contar con un reglamento interno y su adecuada aplicación”.

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