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Domingo, 24 de mayo de 2020
Factor desigualdad

Brotes de Covid-19 en un hogar de ancianos de Bajos de Mena y en la Cárcel recrudecen el malestar social en Puente Alto

Catalina Mundaca

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El ministro Jaime Mañalich sale raudo de Bajos de Mena en una patrulla policial
El ministro Jaime Mañalich sale raudo de Bajos de Mena en una patrulla policial

Hace una semana la postal de la pandemia de Santiago eran aglomeraciones de puentealtinos esperando el Metro. Ahora el turno es de dos de los lugares socialmente más vulnerables de la comuna más grande del país, donde ya se reporta un anciano fallecido y un reo contagiado por el virus.

El lunes 23 de marzo la noticia fue las grandes aglomeraciones de personas que buscaban subirse al transporte público obligadas a ir a trabajar, para quienes no había cuarentena. Uno de los puntos más congestionados fueron las estaciones de Metro de Puente Alto.

El miércoles 25 de marzo el gobierno anunció la cuarentena total para siete comunas de la región Metropolitana, seis de la zona oriente a las que se sumó Independencia, las más afectadas por el brote epidémico. Sin embargo, la medida provocó controversia en la opinión pública, ya que excluyó a las comunas más populosas y vulnerables de la capital, entre ellas Puente Alto, cuyos habitantes que no pueden acceder al teletrabajo tendrán que seguir en funciones, expuestos al Covid-19.

El domingo 29 de marzo, Puente Alto -la comuna más poblada de Chile, concentrando cerca de 750 mil habitantes según datos del último Censo- volvió a ser noticia. Y por partida doble.

Se trata de dos brotes de coronavirus.

El primero de ellos sucedió en el Hogar de Ancianos de Puente Alto ubicado en el barrio Bajos de Mena, uno de los más vulnerables de la capital, en donde se registraron seis personas contagiadas, de las cuales cuatro se encuentran internadas en el Hospital Sótero del Río en estado de mediana gravedad. 

En este lugar habitaban un total de 94 adultos mayores -población de mayor riesgo frente al coronavirus- de los cuales 37 debieron ser sometidos al examen. Además se reportó el fallecimiento de dos personas durante la semana en este hogar de las que al menos una fue confirmada como contagiada con covid-19. 

La situación causó conmoción entre los pobladores, quienes reclamaron la presencia de las autoridades. De tal manera, llegaron hasta el lugar el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien además ha tenido un rol activo exigiendo al gobierno el adelanto de las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria. En un punto de prensa Codina fue constantemente interrumpido por pobladores, uno de los cuales le reclamó por no ponerse lo suficientemente firme frente a un gobierno central que todavía no adopta la cuarentena total para la comuna y el resto de la capital.

Hasta el lugar también llegó Jaime Mañalich, ministro de Salud, quien visitó el hogar de ancianos, bajo dependencia del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). A su salida tuvo que ser resguardado por un fuerte operativo policial, siendo sacado del lugar por una patrulla de Carabineros, ante los reclamos airados de los vecinos.

Casi en paralelo, este domingo también fue dado a conocer el primer caso de contagio por Covid-19 en un centro de reclusión del país. La Cárcel de Puente Alto fue el foco de atención de los medios cuando se informó de un intento de motín o un incendio en una de las torres. Sin embargo, los desórdenes se produjeron luego de que Gendarmería intentó hacer un operativo de sanitización en la torre dos, lugar en el que habitaba el reo que contrajo el virus, lo que habría producido la reacción de pánico por parte de la población penal que compartió con la persona infectada. Esto en circunstancias en que se sabía de otros reos que habían presentado síntomas, los que se contaron hasta un número de cuatro.

Cabe señalar que las cárceles son lugares particularmente peligrosos para brotes pandémicos virales, dadas las malas escasas condiciones higiénicas y el hacinamiento. El 25 de octubre, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,  solicitó la liberación de “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo los prisioneros políticos y los detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”. 

Al inicio de la declaración de la crisis, el presidente Sebastián Piñera avisó entre las medidas iniciales la liberación de los presos en la tercera edad, a excepción de aquellos involucrados en violaciones a los derechos humanos. “Esta semana enviaremos al Congreso un proyecto de ley para sustituir la pena de privación de libertad por arresto domiciliario total para todos los mayores de 75 años, y aquellos entre 65 y 74 años, que les reste menos de un año para cumplir su condena”, dijo Piñera el 15 de marzo. Sin embargo, el gobierno no cumplió con el plazo autoimpuesto de una semana y recién lo hizo el miércoles 25 de marzo de la semana pasada, por lo que todavía no es ley.

Durante la jornada del domingo 29 de marzo los reos subieron a redes sociales varios videos en los que manifestaban su preocupación y reclamaban sus derechos a la vida y la salud, y en los cuales también pedían a Sebastián Piñera que adopte medidas en su favor, como revisar las medidas cautelares de las condenas menos graves, de modo que puedan pasar la ola pandémica en arresto domiciliario. 

En paralelo los familiares de los reos se agolparon frente a la cárcel para saber de su estado de salud y de la la evolución del presunto motín. Hasta ahí también llegaron Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes reprimieron a los molestos y asustados familiares. 

Como resultado del conflicto se constituyeron en el lugar representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría Penal Pública para ver el estado de los los internos, encontrándose con un total de 26 reclusos lesionados en el proceso de represión de los desórdenes. Dos de ellos debieron ser trasladados a centros asistenciales producto de sus lesiones, ambos por perdigones, uno de ellos con impacto cerca del ojo, pero sin aparente daño en el globo ocular. 

Mario Palma, defensor penal público, entró a fiscalizar el estado de sus representados, constatando el aislamiento dentro del recinto de la persona imputada y positiva a coronavirus, quien además tiene entre 50 y 60 años, rango etario de cuidado. 

Además, Palma declaró a INTERFERENCIA que hoy presentará en una audiencia la petición para que el interno pueda cumplir la medida cautelar en su domicilio. Petición que también extenderá para otros de sus representados que engrosan la población penal de riesgo el estar cumpliendo prisión preventiva en las cárceles. Esto, en atención a la emergencia sanitaria que vive el país. 

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