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Viernes, 22 de marzo de 2019
Crecimiento sin chorreo

Cesantía y precariedad laboral complican agenda económica de Piñera

Pedro P. Ramírez Hernández

Las altas expectativas generadas durante su campaña chocan contra una realidad porfiada: la creciente cesantía y los empleos precarios, un fenómeno local y global que el gobierno no puede contrarrestar sólo apostando por un mayor crecimiento del PIB.

“Cuando tenemos tasas de desempleo tan altas, como la de hoy día, los trabajadores viven permanentemente con miedo”, afirmó el candidato presidencial Sebastián Piñera cuando supo que la cifra de desempleo en septiembre de 2017 había alcanzado 6,6%.

Un año después, y de vuelta en La Moneda, el mandatario enfrenta a trabajadores con aún más miedo. Y es que en el trimestre de junio a agosto de este año, la tasa de desempleo  alcanzó 7,4%, ubicándose 0,7 puntos porcentuales por encima del mismo período durante el último año del gobierno de Michelle Bachelet.

La promesa de reactivar el crecimiento económico, que se había estancado durante el gobierno de la Nueva Mayoría, fue una de las razones que llevó a Piñera a conquistar nuevamente el poder. El razonamiento detrás del eslogan de los “tiempos mejores” es la ya clásica teoría del chorreo: si la economía de un país crece, tarde o temprano los efectos de esa expansión se irán filtrando de arriba hacia abajo.

Desde el retorno de la derecha al poder en marzo de este año la economía chilena ha crecido más, pero sus efectos sobre el empleo no se han sentido. Más bien al contrario.

En efecto, desde el retorno de la derecha al poder en marzo de este año la economía chilena ha crecido más, pero sus efectos sobre el empleo no se han sentido. Más bien al contrario. El gobierno ha tenido que batallar con noticias malas, como el cierre de varias plantas industriales, y el creciente impacto sobre el empleo que tiene la automatización, sobre todo en el sector de servicios. Desde 2013, por ejemplo, la banca chilena ha cerrado más de 10% de sus sucursales físicas, las que han sido reemplazadas por servicios online o cajeros automáticos.

“A este gobierno los chilenos no sólo lo van a evaluar por las cifras macroeconómicas, sino sobre todo por el empleo”, vaticina un asesor de un congresista de la oposición que mantiene contactos fluidos con el Ejecutivo. “Y ahí lo tienen cuesta arriba”, afirma.

Sin embargo, no es por falta de esfuerzo por parte de La Moneda. El gobierno ha anunciado una serie de proyectos de ley y reformas que buscan impulsar el empleo pero que, al mismo tiempo, tienden a favorecer a las grandes empresas en desmedro de los trabajadores. Entre ellos está la idea de flexibilizar la jornada laboral, lo que podría poner en peligro la histórica conquista de una jornada de ocho horas diarias, que se remonta a inicios del siglo pasado (ver artículo de INTERFERENCIA).

En esta línea se encuentran también los proyectos oficialistas sobre el Teletrabajo, el Estatuto Laboral Para Jóvenes Estudiantes y el estatuto para trabajadores agrícolas. A estos se le suman las intenciones del gobierno de reajustar la indemnización por años de servicio y reformular la normativa que regula el reemplazo interno de trabajadores en caso de huelga, con el objetivo de proteger a las empresas y reducir los costos de contratación.

Todo indica que Piñera y su administración enfrentan una curva histórica que no habían previsto. Y es que, más allá del crecimiento económico, los radicales cambios en el mundo laboral están precarizando los empleos y destruyendo miles de fuentes de trabajo.

Las malas cifras

Para empeorar, un informe elaborado por el gobierno indica que la reforma a las pensiones propuesta por el propio Ejecutivo afectará de manera negativa el mercado laboral. Según cálculos del gobierno, la transición previsional -cuyo eje central es el aumento de la cotización individual de 4% a costas del empleador- significará la destrucción de casi seis mil empleos formales al año. Junto a una caída de 1,5% de los salarios. ¿Por qué? Probablemente porque los empleadores contratarán menos personas, al menos de manera formal, y tratarán de compartir los mayores costos con sus propios empleados (ver análisis de Carlos Tromben). https://interferencia.cl/articulos/pinera-barros-luco-y-las-pensiones

El problema que enfrenta el gobierno, sobre todo a partir de las expectativas que generó durante la campaña presidencial, es que el mundo asalariado en Chile ha vivido en condiciones precarias durante décadas. Según el estudio “Los verdaderos sueldos de Chile”, realizada por la Fundación Sol, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 380.000 pesos al mes, y siete de cada diez trabajadores ganan menos de 550.000 pesos mensuales.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entregadas en septiembre, fijaron en poco más de 427.000 pesos mensuales la línea de la pobreza para un hogar promedio de cuatro personas. Según la Fundación Sol, si se consideran sólo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, el 50% gana menos de $402.355. “Esto quiere decir que un trabajador por sí solo, ni siquiera podría sacar a su grupo familiar de la pobreza”, se lee en el informe.

Según un estudio que publicó la OCDE a inicios de este año, más del 50% de los empleados chilenos corre el riesgo en los próximos años de que su trabajo sea reemplazado por máquinas.

Además, en Chile se registran más de 670.000 subempleados, y la mitad de estos gana unos 130.000 pesos mensuales. También existe casi un millón de asalariados que no tienen contrato de trabajo, y el 80% de ellos percibe menos de 420.000 pesos al mes.

Nada de esto es, desde luego, responsabilidad exclusiva del actual gobierno, ya que se trata de una precariedad que se viene arrastrando hace décadas. Sin embargo, todo indica que Piñera y su administración enfrentan una curva histórica que no habían previsto. Y es que, más allá del crecimiento, los radicales cambios en el mundo laboral están precarizando los empleos y destruyendo miles de fuentes de trabajo.

Según un estudio que publicó la OCDE a inicios de este año, titulado “Automatización, uso de habilidades y capacitación”, más del 50% de los empleados chilenos corre el riesgo en los próximos años de que su trabajo sea reemplazado por máquinas.

Para las grandes empresas de servicio es una buena noticia, ya que les abarata considerablemente los costos. Para los trabajadores es una muy mala, ya que a falta de capacitaciones laborales para atenuar el impacto, se quedarán literalmente en la calle. Y para el gobierno significa que los votantes le puedan pasar la cuenta en las elecciones generales de 2021.

Parafraseando a James Carville, el ideólogo de la campaña de Bill Clinton en 1992, habría que recordarle a Piñera y a la derecha que no es el crecimiento del PIB lo importante, sino que “es el empleo, ¡estúpido!”.

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