Este martes el Pleno de la Convención sumó cinco nuevos artículos al borrador de nueva Constitución, luego de votar la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales que contenía el paquete de normas sobre derechos sociales. Además, se aprobaron otros 11 artículos parcialmente debido a que algunos incisos de dichas normas volvieron a la Comisión para ser reformulados por el espacio.
Entre las normas que fueron aprobadas destacan materias sobre vivienda, salud, seguridad social, educación, deporte, libertad sindical y derecho a huelga, a los cuidados y el reconocimiento del trabajo doméstico.
La deliberación y votación del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Pleno había generado bastante expectación debido a que estas normas contienen una larga lista de demandas históricas en materia de derechos sociales. Y a eso de las 18.30 los convencionales comenzaron a votar los 27 artículos y las cerca de 80 indicaciones ingresadas.
“Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”, dice el primer inciso aprobado sobre derecho a la vivienda.
Otro de los artículos que superó los ⅔ fue la norma que establece el derecho de los trabajadores a participar de las decisiones de las empresas “a través de sus organizaciones sindicales”, lo que será regulado a través de las leyes.
En la misma línea, el artículo 12 sobre libertad sindical obtuvo el visto bueno de seis de sus nueve incisos, dándole garantía constitucional a este derecho tanto para trabajadores del sector público como del sector privado.
El inciso 5 de la propuesta que fue aprobado con 111 votos a favor asegura el derecho a la negociación colectiva y agrega que “corresponderá́ a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial”.
El artículo 10 que garantiza el derecho al cuidado fue aprobado en su totalidad por amplia mayoría de los convencionales. La norma inicia estableciendo que todas las personas tienen el derecho a cuidar y a ser cuidadas durante toda su vida y agrega que el Estado “se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”.
La norma llegó a la Convención como parte de una iniciativa popular que logró reunir las 15 mil firmas, a la que se le sumó el trabajo realizado por la Comisión, donde se creó un Sistema Integral de Cuidados, inciso que fue aprobado con 103 votos a favor.
Este Sistema Integral de Cuidados será la institución encargada de garantizar que se cumpla el derecho al cuidado, funcionando con un enfoque de género y promoviendo la autonomía personal, apuntando directamente a la realidad histórica en las cuales las mujeres han ejercido las labores de cuidados. Además, la norma indica que se “velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados”.
Siguiendo esa línea, luego el Pleno aprobó el artículo 11 que reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, indicando que estos son “socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas”.
Otras de las propuestas que habían generado gran expectación era la relativa a la seguridad social, puesto que la norma amplía el concepto a otorgar protección “en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”, inciso que fue aprobado con 115 votos a favor.
Además, se aprobó la creación de un Sistema de Seguridad Social público encargado de velar por el cumplimiento de la seguridad social. Este se financiará “por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación”.
Mientras que el inciso que señalaba que se “garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido”, fue devuelto a la Comisión al obtener 70 votos a favor.
Entre las demandas históricas reconocidas favorablemente por la Convención, se encuentra el derecho a la salud, que además fue aprobado desde una perspectiva del bienestar integral, que aborda la dimensión física y mental. De los 12 incisos que contenía la propuesta, siete de estos pasaron al borrador de nueva constitución, mientras que los otros volvieron a la Comisión.
Lo aprobado en materia de salud señala que el Estado tendrá la obligación de “proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.
Además, crea el Sistema Nacional de Salud, que al igual que la institución creada para la seguridad social, tendrá un carácter universal, público e integrado que “se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”.
La norma también establece que la base del Sistema Nacional de Salud será la atención primaria y que este se financiará mediante rentas generales de la nación y cobros obligatorios de cotizaciones a empleadores y trabajadores “con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”.
También señala que el Estado tiene la función exclusiva de regular, supervisar y fiscalizar el sistema de salud tanto público como privado, inciso que fue aprobado 129 votos a favor, 8 en contra y 12 abstenciones.
Mientras que el inciso que indicaba que podrán existir seguros privados voluntarios –que no pueden sustituir el rol del Estado en cuanto a salud– fue devuelto a la Comisión con 74 votos a favor. Lo mismo ocurrió con el párrafo que buscaba establecer que “los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro”, al obtener 72 votos favorables.
En cuanto a educación se aprobó con 114 votos a favor que “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación, mientras que todo lo demás respectivo al tema fue devuelto a la Comisión al no obtener los 103 votos necesarios.
Otra de las normas aprobadas fue el derecho al deporte, la actividad física y prácticas corporales que señala que “el Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento” y agrega que se reconoce la función social del deporte.
También se aprobó que “la Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible”, con 131 votos a favor.
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