En 2024 la economía chilena registró uno de los récords más importantes de los últimos años. Ese año las exportaciones de bienes y servicios superaron por primera vez en la historia el nivel de los 100 mil millones de dólares. La tendencia positiva se consolidó en 2025: el monto aumentó casi 8% respecto del año anterior, llegando a 107 mil millones de dólares, imponiendo una nueva marca histórica.

Esas buenas noticias fueron aplaudidas y destacadas transversalmente en su momento por varias autoridades del entonces Gobierno del Presidente Gabriel Boric y por diversos expertos en economía, contando con una amplia cobertura en medios nacionales, especializados y redes sociales.

Pero detrás de esas cifras récord se reveló una situación menos alegre. El Servicio Nacional de Aduanas, el organismo que tiene como mandato legal fiscalizar la salida y entrada de productos desde y hacia Chile, supervisa un bajo porcentaje de las operaciones de exportaciones e importaciones que autoriza. Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República a través de informes de auditoría publicados desde diciembre del año pasado hasta la actualidad en los que analizó el funcionamiento de nueve direcciones regionales de Aduanas entre enero de 2024 y marzo de 2025: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, San Antonio y Los Andes en Valparaíso, Talcahuano en el Biobío y Los Lagos.

El caso más alarmante fue el de la Dirección Regional Aduana de Coquimbo. La Contraloría detectó que de las más de 8.700 exportaciones que autorizó esa dirección en el periodo analizado, sólo fiscalizó seis de ellas, es decir, menos del 0,1%, mientras que de las 245 importaciones tramitadas fiscalizó un 4,5%. Otro caso que alertó al organismo contralor fue el de la Dirección Regional Aduana de Los Andes, que forma parte de las instituciones que operan en el complejo fronterizo Los Libertadores que conecta Chile con Argentina. Esa dirección sólo fiscalizó el 0,42% de las salidas y el 3% de los ingresos. 

A ellas se suma la Dirección Regional Aduana de San Antonio que supervisa los movimientos que se hacen en el principal puerto de Chile, ya que solo fiscalizó el 3,9% de los envíos al exterior y un 2,4% de las entradas.

La Contraloría determinó que estos hechos evidenciaron un alcance insuficiente de las fiscalizaciones, “afectando la capacidad institucional para detectar irregularidades  y vulnerando los principios de eficiencia y control establecidos en la Ley N° 18.575” que regula a los organismos de la administración pública. 

Denuncias, equipos sin utilizar y problemas de registros

La baja fiscalización de la entrada y salida de mercancías no fue la única falla que detectó el organismo contralor en el funcionamiento de las direcciones regionales de Aduanas auditadas. También identificó que se presentaron denuncias por contrabando de mercancías con hasta cientos de días de retraso, que en algunos casos no se utilizaron equipos tecnológicos como camiones escáner por cientos de días y falta de registros sistematizados para consolidar la información de mercancías incautadas, entre otras irregularidades.

Cuando los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectan irregularidades durante las fiscalizaciones de exportaciones o importaciones tienen sólo algunos días de plazo para ingresar una denuncia en el sistema interno de Denuncias, Cargos y Reclamos (Decare). Dependiendo de sus características pueden ser denuncias infraccionales, si es que no cumple con las normativas, o de tipo penal, si es que hay un delito involucrado. 

La Contraloría detectó que en algunas direcciones regionales esos plazos no se cumplen y que muchas denuncias se presentan con gran desfase. Por ejemplo, en la Dirección Regional Aduana de San Antonio detectó que 1.744 denuncias infraccionales se ingresaron después del plazo establecido con un caso que alcanzó 648 días de atraso, mientras que 281 denuncias penales tuvieron importantes desfases con una que llegó a 487 días. En la dirección regional de Antofagasta se identificaron cuatro denuncias de contrabando ingresadas fuera de plazo con un caso que presentó 378 días de atraso. “Esta situación afecta la oportunidad del proceso sancionatorio, compromete la recaudación fiscal y vulnera la normativa interna que exige registro inmediato de irregularidades”, determinó el ente contralor.

Aduanas también ha recibido parte de la inversión en tecnología que ha realizado el Estado chileno para fortalecer los procesos de fiscalización de las instituciones públicas. Entre otros equipamientos tecnológicos, el organismo cuenta con camiones escáner con rayos x que permiten revisar el interior de contenedores y camiones de carga sin abrirlos físicamente, los que en algunos casos han contribuido a la detección de cargamentos de droga y de artículos de contrabando.

Es decir, estos camiones que cuestan más de 2.500 millones de pesos cada uno son cruciales para el buen funcionamiento del organismo y el combate del Estado contra el narcotráfico. Sin embargo, la Contraloría detectó que algunas direcciones regionales de Aduanas no los utilizan adecuadamente. En Talcahuano un camión escáner estuvo sin usar durante casi 150 días por falta de operarios, es decir, un 33% del tiempo disponible. En Los Andes, en tanto, encontró que un camión escáner no fue utilizado durante 54 días por mantenciones, fallas en los sistemas y falta de operarios. 

Otro elemento fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, sobre todo las que fiscalizan, es tener sistemas de registros ordenados y actualizados. En sus auditorías, la Contraloría encontró que algunas direcciones regionales de Aduanas tienen serias fallas en sus registros de incautaciones de mercancías. En San Antonio, consignó el organismo contralor, “se constató la existencia de diversas deficiencias de control sobre el registro de las incautaciones, a saber, la ausencia de un sistema automatizado, el uso de planillas Excel elaboradas localmente sin validación institucional y deficiencias en la trazabilidad de los datos, lo que afecta la integridad, consistencia y confiabilidad de la información disponible”.

Al mismo tiempo determinó que la dirección regional de Coquimbo “carece de un registro sistematizado y estandarizado de las incautaciones efectuadas. Esta situación impide realizar análisis estadísticos y analíticos consistentes que permitan identificar tendencias o patrones de contrabando, lo que dificulta la evaluación del desempeño de las acciones de fiscalización y limita la formulación de estrategias operativas basadas en riesgos”.

Les medidas que ha tomado Aduanas

En sus informes la Contraloría no sólo expuso las fallas e irregularidades en los procesos de fiscalización de las direcciones regionales de Aduanas, sino que también instruyó diversas medidas para subsanarlas y mejorar su funcionamiento institucional.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas, que lidera Alejandra Arriaza desde agosto de 2022, explican a Interferencia que “hemos colaborado de manera permanente con la Contraloría General de la República en los procesos de auditorías que ha desarrollado en distintas aduanas del país durante los últimos meses, entendiendo estos informes como una oportunidad para fortalecer y perfeccionar continuamente nuestros procesos de control y fiscalización”.

En ese contexto, se refieren a los bajos niveles de fiscalización que detectó la Contraloría en las direcciones regionales de Aduanas. “La Aduana de Chile fiscaliza el 100% de las operaciones en base a gestión de riesgos, como lo ha definido la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para tener un comercio seguro y a la vez ágil. Esto parte por las revisiones de documentación anticipada para seleccionar a través de inteligencia las cargas riesgosas, las que luego pasan por un conjunto de medidas de control como tecnología no invasiva, camiones escáner y/o binomios caninos, para finalmente, en los casos en que la selectividad determine que es necesario, desarrollar el aforo o revisión física de las cargas. En el caso de los informes de la Contraloría se refieren a fiscalización como la revisión física; se trata de conceptos distintos, mas no incorrectos”, detallan.

Agregan que “sin esperar la emisión de los informes finales, el Servicio Nacional de Aduanas ya había impulsado medidas de fortalecimiento a partir de sus propios procesos de auditoría interna y de los hallazgos preliminares levantados durante el trabajo conjunto con la Contraloría. Estas acciones consideran mejoras en trazabilidad, estandarización de procesos, fortalecimiento de controles y optimización de los mecanismos de fiscalización a nivel nacional”.

En ese contexto, afirman que “mantenemos el compromiso de continuar implementando todas las mejoras necesarias para acortar las brechas detectadas por el ente contralor, fortaleciendo permanentemente nuestra labor de resguardo del comercio exterior, la recaudación fiscal y la seguridad de las fronteras del país”.