Mientras las sequías y los incendios arrecian con cada vez mayor fuerza en gran parte del mundo, los países dejaron ir una nueva oportunidad para crear acuerdos que enfrenten este fenómeno. La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas por la Tierra y contra la Desertificación (COP17) no logró acuerdos entre todos sus integrantes y decidió postergar dos años más los debates sobre esta problemática mundial.

Las tensiones políticas y la falta de acuerdos no solo se reflejaron en esta decisión, pues desde el inicio de la COP17 pasó algo extraordinario que alteró el diálogo. Estados Unidos objetó desde el inicio la inclusión de temas relevantes para pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes en la agenda oficial.

Pese a que estos sectores de la sociedad civil tuvieron un nivel de participación importante en la COP17, su agenda quedó relegada y pospuesta para la próxima cumbre sobre desertificación, la COP18,dejando en pausa avances en mecanismos que han trabajado para la gestión de la tierra y el agua, así como para la resiliencia contra la sequía.

Esto también se tradujo en algunos acuerdos que omitieron el lenguaje que reconoce la perspectiva de género y el enfoque de derechos de pueblos indígenas en decisiones finales, algo que contradice directamente el discurso de la convención, que oficialmente reconoce la importancia de estos sectores para la restauración del territorio.

Mongabay Latam rescata algunas de las principales decisiones que marcan el rumbo para combatir la degradación de la tierra, aumentar la resiliencia contra la sequía y la desertificación.

Los acuerdos se atascan mientras la sequía avanza

Los países decidieron continuar los debates sobre acuerdos contra la sequía hasta la siguiente convención, la COP18, en medio de una urgencia para los países que enfrentan no solo procesos de degradación del suelo, sino donde también entran fenómenos meteorológicos, como El Niño, que acentúan más las crisis por sequías e incendios, tal como ocurre actualmente en Bolivia, con regiones que ya se declararon en alerta por sequía extrema, o en Colombia, donde los incendios en Tolima han destruido al menos 27 000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos.

Algo que sí lograron los países fue reconocer que la sequía es un tema que deberá tratarse ya de forma independiente tanto en la convención que se realizará en Egipto en 2028 como en el Comité de Ciencia y Tecnología y el Comité de Examen de la Aplicación del Convenio, dos organismos que auxilian a la máxima instancia en la toma de decisiones.

Los países también acordaron que el Mecanismo Mundial, otro brazo operativo de la convención, siga apoyando a los países a movilizar recursos para desarrollar metas y planes para gestionar la sequía e implementarlos. Hasta ahora, más de 70 naciones cuentan con estos planes, de acuerdo con Naciones Unidas, pero están rezagadas para la magnitud y la urgencia que enfrentan.

No todo se pospuso en este tema. Fuera de las negociaciones —las cuales son vinculantes para todos los países y se adoptan por consenso entre todos— se lanzó el Fondo de Inversión para la Resiliencia ante la Sequía (DRIF, por sus siglas en inglés), una iniciativa conjunta de la Convención de Naciones Unidas y el Gobierno de Luxemburgo que buscará movilizar hasta 400 millones de dólares de dinero público y privado para inversiones en seguridad hídrica, agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza y restauración de tierras.

Este mecanismo también es impulsado por la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía (IDR), liderada por Senegal y España como una respuesta integral al fenómeno. Parte de este mismo esfuerzo se reflejó con la presentación de una herramienta llamada IDRO para evaluar la capacidad de los países para medir, prevenir y adaptarse a las sequías mediante el procesamiento de información científica.

Pese a que gobiernos, bancos de desarrollo y empresas anunciaron financiamiento por 1300 millones de dólares en 23 países de cinco continentes, uno de los grandes pendientes del acuerdo pospuesto fue definir el protocolo, que exigen principalmente países de África, para financiar proyectos de prevención de sequía en las regiones más vulnerables.

Pese a que el protocolo no llegó a un acuerdo, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), considera valioso que la conversación sobre este instrumento haya sobrevivido y pueda consolidarse en la próxima cumbre.

“En estos procesos las cosas no se dan lo rápido que a uno le gustaría, pero por lo menos sigue vivo. Hay que poner de relieve que ha habido compromiso para seguir las discusiones y no poner en un cajón sin abordar una problemática a la que ningún país escapa ya”, dice a Mongabay Latam la especialista, quien ha sido observadora de la sociedad civil en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Convención.

Participación de sociedad civil, la contradicción que deja la COP17

La participación de la sociedad civil en esta COP estuvo marcada por dos decisiones contradictorias: se esperaba fortalecer e incrementar la intervención de pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes en la toma de decisiones ya previamente acordadas en otras convenciones pero se excluyeron de la agenda oficial los temas y mecanismos que interesan a este sector tras una objeción de Estados Unidos desde el inicio de las negociaciones.

Este planteamiento no impidió que los representantes de la sociedad civil tuvieran participación en los espacios donde se les había contemplado, pero sí dejó en la incertidumbre mecanismos como los Caucus de pueblos indígenas y comunidades locales, un espacio reconocido para que estos colectivos puedan elegir representantes que vigilen reuniones, revisen acuerdos y exijan demandas comunes que les permitan una mayor incidencia en las negociaciones entre los países.

Esta lista de temas relacionados con la sociedad civil —junto con las sinergias que buscan unificar metas y esfuerzos con las convenciones de biodiversidad y cambio climático— pueden volver a retomarse en la COP18. Sin embargo, especialistas y liderazgos consultados por Mongabay Latam advirtieron que esta decisión marcó un precedente negativo y puede impactar incluso a las convenciones que se realizarán en octubre y noviembre próximos.

La objeción de los Estados Unidos también dejó señales en las decisiones finales, pues en el borrador en el que los países acordaron posponer el acuerdo de sequía no se menciona la palabra género ni pueblos indígenas.

“Se teme que sea un precedente que después pueda replicar y hacer mecha en otras convenciones”, advierte Di Pangracio y agrega que desde la sociedad civil defenderán los avances alcanzados en las tres grandes convenciones ambientales de Naciones Unidas. “Hay que defender colectivamente todo aquello que en tantos años de esfuerzo se ha logrado”, insiste.

En tanto, Beth Roberts, directora del Centro para los Derechos de las Mujeres sobre la Tierra en la organización Landesa, sostiene que Estado Unidos aprovechó su conocimiento del reglamento que busca el consenso de todos los países para excluir temas que no considera relevantes.

“Lo que vemos en este espacio es un reflejo de una ideología que la actual administración estadounidense promueve a nivel nacional e internacional, una ideología que no se ve reflejada en la evidencia sobre cómo funcionan realmente las relaciones de género en las comunidades de todo el mundo y en espacios globales como este”, dice la especialista a Mongabay Latam.

La evidencia, señala, demuestra que cuando existe igualdad de género, las sociedades prosperan. «No cambia la realidad de que con mayor igualdad de género tenemos un mundo mejor para todas las personas en toda su diversidad».

Andrea Meza Murillo, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), sostuvo que pese a que el país que objetó la agenda de sociedad civil no participa en las otras convenciones, la COP17 de Ulán Bator, Mongolia, tendrá un impacto en otras convenciones por lo que considera clave seguir fortaleciendo a la sociedad civil.

“Sabemos que los gobiernos cambian y a veces creen que el rojo es mejor que el azul. En ambiente y muchos de estos procesos, lo que se necesita es mantener una trayectoria. Si existe una sociedad civil y un sector privado fuertes pueden continuar con eso. Creo que en el nuevo contexto geopolítico tendremos cada vez más dificultades para lograr resultados ambiciosos mediante la negociación”, dijo en un encuentro con periodistas.

Mongabay Latam también consultó los posibles efectos de esta decisión con la secretaria ejecutiva de la cumbre de desertificación, Yasmine Fouad, quien descartó que el bloqueo de la agenda ocurrido en la COP17 pueda repercutir en otros espacios donde participa la sociedad civil.

En tanto, representantes de otras delegaciones, como Brasil o la Unión Europea cuestionaron constantemente en la COP17 las objeciones contra la agenda de la sociedad civil y sus impactos en quienes enfrentan los efectos de la desertificación y la sequía.

“Qué hace que algunos países quieran retirar la agenda social de la convención, son precisamente los países que terminan asumiendo una postura ideológica en sus gobiernos donde la agenda de las personas no es la prioridad, sino que lo es la agenda económica”, explicó a Mongabay Latam, Alexandre Pire, director del Departamento para la Lucha contra la Desertificación y la Mitigación de los efectos de la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil.

Como parte de la delegación de Brasil en la COP17, el funcionario advirtió que sin incluir a las poblaciones más vulnerables en la degradación del suelo, los procesos de desarrollo económico no podrán ser sostenibles.

“La economía debe seguir de manera armoniosa y equilibrada con la agenda social. Es necesaria una postura política que incluya a la población más vulnerable en las estructuras económicas de los países.De lo contrario, no podremos lograr la sostenibilidad en los países, en las economías nacionales y globales”, agregó.

Una victoria para pastizales y pastores del mundo

Por otro lado, uno de los logros obtenidos en la COP17 fue el lanzamiento de una iniciativa de pastizales que será beneficiada con 1200 millones de dólares distribuidos en 45 proyectos y que coincide con el Año Internacional de Pastizales y Pastores, donde se ha insistido en la importancia de estos ecosistemas para la restauración del suelo, la gestión del agua y alimento, así como los medios de vida de millones personas en el mundo.

En esta COP se presentó evidencia científica e incluso económica de cómo la restauración y preservación de los pastizales, junto con la gestión y el conocimiento de comunidades locales e indígenas, también implica un beneficio para quienes viven del pastoreo.

Un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI) señala que los pastizales generan beneficios estimados entre 21 y 47 billones de dólares estadounidenses al año (hasta 5000 dólares por hectárea) y que la inversión en estos ecosistemas es menor económicamente cuando se restaura la tierra de forma preventiva, en lugar de actuar cuando la crisis de desertificación está avanzada.