La propuesta de reforma constitucional de seguridad de La Moneda generó una división que el propio oficialismo reconoce. Por un lado, parlamentarios como Andrés Longton (RN), Javier Macaya (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI) insistieron en que se debían corregir aspectos del borrador y levantar una reforma acotada, mientras que los representantes del Partido Republicano defendieron la propuesta que preparaba el Ejecutivo.

El quiebre no fue solo de matices. Un intercambio entre el senador independiente Matías Walker y el republicano Arturo Squella se volvió síntoma de la pugna: Walker sostuvo que la operación Cancerbero había demostrado que no se precisaba cambiar la Constitución para perseguir y aislar al crimen organizado, lo que generó críticas de varios republicanos.

El Ejecutivo enfrenta la incertidumbre de no contar con los respaldos de sus filas, al tiempo que el Partido Nacional Libertario (PNL) adoptó una postura de franco antagonismo. En esta línea, Johannes Kaiser arremetió contra la extensión del estado de excepción, advirtiendo que la limitación prolongada de garantías fundamentales representa “una deriva hacia un régimen con escasas credenciales democráticas”.

Así, el escenario para el Gobierno ha derivado en una encrucijada tanto política como numérica. Mientras el proyecto requiere alcanzar 29 respaldos en el Senado y 89 en la Cámara, el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, lanzó una advertencia sobre la fragilidad del quórum, señalando que La Moneda difícilmente lograría congregar los 26 votos que suele asegurar en la Cámara Alta. El parlamentario cuestionó la ausencia de conversaciones previas con las colectividades de oposición y criticó que la nueva figura de excepción otorga facultades desmedidas a la Presidencia por 240 días, prescindiendo de una fiscalización parlamentaria inicial.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, declaró que, en las condiciones actuales, su partido no podía apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañaban la institucionalidad, apelando a que no correspondía reabrir el debate constitucional tras los dos procesos constituyentes fracasados. Su postura fue respaldada por otras voces de Chile Vamos, como la senadora y líder de RN, Andrea Balladares, aunque también fue discrepada por figuras del propio gremialismo.

El diputado Daniel Lilayú, del distrito 25, se sumó al sector de la UDI que cerró la puerta a los cambios constitucionales. El argumento de fondo, compartido por ese sector, es institucional: creen que una reforma de esta envergadura no debería tramitarse por la vía exprés que eligió el Ejecutivo.

Otros parlamentarios oficialistas y de sectores cercanos al gobierno también plantearon dudas, en un escenario que, de mantenerse las diferencias dentro de la derecha, podría complicar el quórum necesario en el Congreso.

El propio Kast salió a abordar las diferencias en su sector, justo en un momento en que el gobierno busca avanzar con paso firme en seguridad. Calificó de prematuro decir que la reforma no contaba con los votos, argumentando que el texto final aún no había sido formalmente presentado. Es un dato relevante. Kast no rebatió el argumento institucional de la UDI, solo cuestionó los tiempos.

Las críticas al proyecto han encontrado un eco similar en la vereda opuesta del espectro político. El senador Iván Flores (DC) argumentó que la crisis delictual no deriva de falencias en la Carta Magna, sino de una carencia estructural en la administración de recursos y el despliegue de las policías. Asimismo, el legislador tildó de “antidemocrático” el diseño del nuevo estado de excepción.

“Bajo las condiciones actuales, la rechazaremos. Hoy no existe el respaldo necesario, y mi voto no estará disponible”, adelantó el parlamentario falangista.

En una línea similar, Karim Bianchi (IND) descartó apoyar la iniciativa en su redacción vigente. Para el senador, el Ejecutivo intenta subsanar mediante una modificación constitucional lo que, a su juicio, requiere de mayor gestión financiera y operativa para las fuerzas de orden. “Este nunca ha sido un conflicto de índole constitucional”, aseveró, calificando la propuesta gubernamental como una “locura” contraria a los principios democráticos.

A estos cuestionamientos se plegó el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien describió la iniciativa como la propuesta “más explícitamente iliberal” de la actual administración. Su reparo apunta al mismo flanco que preocupa transversalmente: mientras la nueva figura de excepción profundiza la restricción de garantías, reduce simultáneamente la fiscalización del Congreso durante sus primeros ocho meses de vigencia.

Elizalde advirtió, además, sobre el riesgo institucional de integrar esta herramienta al texto fundamental, señalando que estas facultades quedarían a disposición de cualquier futuro mandatario. Según su visión, resulta peligroso legislar atribuciones excepcionales enfocándose exclusivamente en la figura que hoy encabeza La Moneda.

Este escenario plantea una contradicción compleja para el Ejecutivo. Aunque la reforma fue concebida por Kast para demostrar firmeza frente al crimen, ha terminado por unificar en su contra a sectores tan diversos como el de Gabriel Boric, Evelyn Matthei, los hermanos Kaiser y Chile Vamos, todos coincidentes en su inquietud por el excesivo poder presidencial.

A pesar de las evidentes distancias ideológicas entre los críticos, el pronóstico legislativo converge en un punto crítico: de no mediar cambios profundos en el articulado, el Palacio de Gobierno carece de las mayorías necesarias incluso antes de iniciar el diálogo formal con los sectores de oposición.