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Lunes, 8 de marzo de 2021
Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos

Corporaciones de asistencia judicial advierten que proyecto estrella de acceso a la Justicia “sin presupuesto, es letra muerta”

Laura Landaeta

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Centro de Justicia de Santiago, Rondizzoni.
Centro de Justicia de Santiago, Rondizzoni.

El anuncio de Sebastián Piñera contempla una partida de $ 890 millones, para crear un servicio nacional que unifique varios servicios dispersos y sus presupuestos. Una cifra insuficiente para atender el millón de delitos anuales del país. Solo las CAJs atienden 660 mil víctimas, promediando $92.000 por cada caso, y no recibirán un peso extra.

Con bombos y platillos el pasado 3 de enero el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos, una iniciativa que, según señaló el mandatario “prestará asesoría y defensa jurídica a las víctimas de delitos, y también les prestará asistencia sicológica y social, con una especial preocupación de las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o síquica, la integridad sexual y la libertad".

La Defensoría de Victimas, según dijo el jefe de Estado, también prestará un servicio de atención especial a los más vulnerables, como niños, adultos mayores y las víctimas de atropellos a los derechos humanos.

Sin embargo, el plan de implementación de este nuevo servicio nacional, con presencia en todo el país, cuenta con serios déficit financieros y de recursos humanos como para dar cumplimiento a la promesa presidencial.

Es lo que advierte la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a más de dos mil trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial (CAJs), las que cada año atienden en 368 centros a más de 660 mil víctimas de delitos que no pueden pagar abogados. “Un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta”, dice la presidenta de la federación de profesionales Claudia Fachinetti.

Para la dirigente, no es suficiente el proyecto de ley de Piñera que propone unificar en el nuevo servicio, el trabajo de las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país, el de los programas del Ministerio de Justicia, Mi Abogado y Defensa del Adulto Mayor y el del Ministerio del Interior, Apoyo a Víctimas, pues la suma de los presupuestos no alcanzan para cubrir los servicios prometidos a nivel presidencial,

 $92 mil por usuario al año

Cabe destacar que las CAJs, que entregan estas asesorías judiciales en lo penal, laboral, familiar e infancia, tienen un presupuesto de menos de $61 mil millones anuales, lo que significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $92.000 anuales por víctima, En términos de profesionales, las CAJs tienen 1.400 abogados, quienes deben atender a 660.000 victimas, lo que da 471 casos por profesional al año. 

"Muchas de estas atenciones deben ser multidisciplinarias y de largo plazo, las que superan con creces este monto”, dice Fachinetti, quien advierte que esta situación pudo haberse advertido en caso de haberlos considertado en los grupos de trabajo que realizaron la propuesta presidencial.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajó este proyecto a espalda de los trabajadores. La Fenadaj ha impulsado de manera permanente un nuevo servicio que garantice el acceso a la Justicia a los grupos vulnerables de forma integral, y así lo hicimos saber a las autoridades en enero del 2020, cuando nos enteramos por la prensa de la intención de trabajar en este proyecto”, cuenta Fachinetti.

"Las autoridades del Ministerio no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”, agregó la presidenta gremial.

Fachinetti resiente que no hayan sido considerados, en vista a los buenos resultados que han obtenido frente a la Defensoría Penal Pública, a la que se enfrentan a diario en tribunales. "En el 2018 nos felicitaron por lograr 77% de resultados favorables en tribunales, mismo año en que la Defensoría Penal Pública atendió 319.738 imputados de delitos, con un presupuesto de $60 mil millones anuales. Nosotros, con $46 mil millones atendimos ese año 661.244 usuarios”, dice Fachinetti sobre la corporación de asistencia judicial a la que pertenece.

Además, la líder gremial dice que en “estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional”. 

Triplicar recursos

Cabe destacar que en 2019, el noticiario central de TVN realizó un reportaje de 12 minutos titulado Injusta precariedad dando cuenta de funcionarios de las CAJs que trabajaban sin internet, computadores ni mobiliario para atención, baños sin agua potable, sistemas eléctricos peligrosos, hacinamiento y falta de espacios dignos para atención y toma de testimonios de víctimas, entre otros problemas. El reportaje subrayó que las CAJs se manejan incluso con correo gmail y no institucional.

Actualmente la situación no es muy diferente. “Aquí no hay ningún presupuesto. El proyecto de ley de acceso a la justicia el único presupuesto extra que contempla es de $ 890 millones de pesos anuales, con lo que se financia muy bien la planta directiva, pero nada más”, señala el vicepresidente de Fenadaj, Marcelo Inostroza.

“En pandemia, con un presupuesto conservador, se crea este servicio y se promete que la gente va a acceder a defensa especializada si es victima de un delito, sin distinguir cuál. En 2019 se ingresaron mas de un millón de delitos. Esas son las personas que deberíamos atender o en un escenario conservador, deberíamos defender mínimo a 313 mil víctimas en juicios que la Defensoría Penal Pública tiene en su mano con la defensa de imputados. Es imposible”, agrega.

“Es un Transantiago penal. En el proyecto de ley lo único que se financia es la dirección nacional. Un director y seis directivos. Es un contrasentido absoluto, con sueldos promedio de seis millones de pesos; casi todo el presupuesto se va ahí”. 

Inostroza señala además que el presupuesto de las cuatro corporaciones de asistencia judicial que hoy atienden en el país es de $61 mil millones para las cuatro. “La justicia en Chile, civil laboral y de familia; se financia con lo que se gasta en un solo hospital al año. Y hablamos de la defensa de todos los chilenos que no pueden acceder a pagar un buen abogado”, dice. 

Para Inostroza “esto es un volador de luces”. Mañana miércoles, el gremio de corporaciones de asistencia judicial participarán de una presentación en la comisión de Constitución de la Cámara, la que hoy debate el proyecto presentado por el Ejecutivo.

“Nosotros nos vamos a encargar de que la gente sepa de qué se está hablando. No hay ni un estudio serio que avale este proyecto, y se está vendiendo humo a las personas entregándoles una falsa seguridad sobre lo que se puede hacer para su defensa en caso de que o requieran. Pero no es verdad, hasta hoy no hay un solo peso más de presupuesto del que precariamente hemos tenido en años anteriores con muchísimos menos casos que defender. Esto no cuadra por ninguna parte”, concluye Inostroza.

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