Mientras una pequeña contratista de Calama arrastraba un embargo de la Tesorería General de la República por $3.498 millones y una mora reconocida de cerca de $400 millones, Minera Spence S.A. —filial de BHP— optó por llevarla a un arbitraje comercial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago), la vía que el contrato entre ambas fijaba para resolver sus diferencias. El caso ilustra un patrón que se repite en la disputa entre empresas grandes y contratistas pequeños: cuando el conflicto migra del terreno operativo al arbitral, el costo de litigar se convierte en una barrera que pesa de forma completamente distinta según el tamaño de cada parte.

Ingeniería, Construcción y Proyectos Aguirre SpA (AM2), representada por Erik Aguirre Muñoz, prestó servicios a Minera Spence hasta agosto de 2023. Al terminar el vínculo, AM2 sostiene que sus equipos, vehículos e instalaciones de faena quedaron retenidos dentro de la propiedad de Spence. En abril de 2024 presentó un recurso de protección, que fue rechazado en julio de ese año por la Corte de Antofagasta, confirmando, entre otras razones, que la controversia era de naturaleza contractual y debía resolverse en la sede arbitral pactada en el contrato entre las partes.

Ese fue exactamente el camino que tomó Spence: mientras AM2 apelaba ante la Corte Suprema buscando revertir el rechazo de su recurso constitucional, la minera ya había solicitado ante el CAM Santiago la designación de un árbitro. Es decir, la vía judicial constitucional y la arbitral corrieron en paralelo, pero fue Spence —la parte con mayor capacidad de gestión legal— quien tomó la iniciativa de activar el arbitraje.

Dos facturas de la Cámara de Comercio de Santiago, emitidas a nombre de AM2 el 22 de mayo de 2025, muestran cuánto cuesta simplemente empezar a litigar en esa sede: la primera cuota de "arbitraje comercial en marcha" del rol 6425-2024 ascendió a $2.325.005 más IVA, un total de $2.766.756, mientras que la primera cuota de honorarios arbitrales del mismo proceso llegó a $23.132.621, exenta de IVA.

Solo esa primera cuota de honorarios arbitrales, —$23,1 millones—, equivale a varias veces el ingreso mensual promedio de una empresa del tamaño de AM2, que según un informe comercial de 2020 operaba como una sociedad pequeña dedicada al arriendo de maquinaria y vehículos sin operario, sin propiedades registradas y con apenas cuatro vehículos a su nombre. Y se trata solo de la primera cuota: los procesos arbitrales del CAM se pagan por etapas, lo que multiplica el desembolso total a medida que avanza el caso.

Ese costo se suma a la situación financiera que la propia AM2 reconoció en octubre de 2023, cuando su representante admitió en un correo estar en mora por cerca de $400 millones, y a un embargo posterior de la Tesorería General de la República por $3.498.514.631, notificado a Spence como agente retenedor. Es decir: la pyme llega al arbitraje —la sede que su propio contrato con la minera fijó como obligatoria— en un momento de máxima estrechez financiera, frente a una contraparte, BHP, cuya escala de facturación se mide en cientos de miles de UF.

La asimetría estructural

El contrato entre AM2 y Spence, como es común en la gran minería, fijó el arbitraje comercial como método exclusivo de resolución de controversias, desplazando la vía judicial ordinaria. Esa cláusula, diseñada en teoría para dar rapidez y especialización a los conflictos, tiene un efecto secundario poco discutido: convierte el acceso a la justicia en una función del músculo financiero de cada parte.

Para una compañía como BHP, litigar en el CAM-CCS es una operación menor de su presupuesto legal. Para una empresa como AM2, exponerse a pagar sucesivas cuotas de honorarios arbitrales, mientras enfrenta un embargo tributario multimillonario y no puede siquiera costear el retiro de sus propios equipos desde la faena, según alega la propia Spence, puede significar la diferencia entre poder defenderse o simplemente no comparecer.

Interferencia contactó a Minera Spence solicitando su versión sobre el proceso arbitral, los costos asociados y si la compañía consideró la situación financiera de AM2 al momento de activar el arbitraje. Hasta el cierre de esta edición, la empresa no respondió.

Este caso se suma a otros patrones ya identificados en el sistema de arbitraje comercial chileno, donde la composición de las nóminas de árbitros y actuarios del CAM Santiago, y los costos asociados a litigar ahí, tienden a favorecer estructuralmente a las partes con mayor poder económico y jurídico.