El arbitraje privado se presenta como una vía rápida y técnica para resolver conflictos. Para las grandes empresas, lo es. Para las pymes, muchas veces es simplemente una puerta que no pueden costear abrir.

No tiene sede en ningún poder del Estado, pero en sus salas se resuelven —sin escrutinio público ni apelación— disputas millonarias entre grandes empresas, bancos, proveedores y contratistas que nunca llegan a la justicia ordinaria. Hasta hace pocos días la nómina de árbitros incluía a los actuales ministro Fernando Barros y el subsecretario Nicolás Balmaceda.

El empresario José Luis Cuevas solicitó la retención de USD $2,8 millones a Jorge Quiroz, acusando una serie de movimientos societarios ocultos con los que el asesor de Kast se hizo del control del proyecto minero Sierra Atacama, que acabó quebrando en 2023. La causa se tramita ante el Centro de Arbitraje y la justicia civil.

El centro de arbitraje sentenció al empresario chileno a indemnizar a Joyvio por la venta con sobreprecio de la salmonera Australis en 2019. La defensa de Quiroga anunció que apelarán al fallo. En paralelo, se tramitan querellas cruzadas por la supuesta ocultación de un plan de sobreproducción que habría elevado el precio de la compañía durante la compraventa.

El presidente del directorio de Enel y director de otras empresas tiene influencias tanto en el mundo político como empresarial. En vista del debate constitucional, Chadwick dice que “si el Estado va a tener toda la salud, toda la educación, todas las pensiones, bien, pero que demuestre que es capaz de hacerlo”.