Cuando Gabriel Zaliasnik asumió la embajada en Israel, Cancillería anunció su designación el 4 de junio de 2026. Abogado penalista, ex presidente de la Comunidad Judía de Chile y defensor de autoridades del segundo gobierno de Piñera, su nombramiento significó el regreso a la plena normalidad diplomática con Israel tras el distanciamiento de la administración Boric. Cuatro meses después, el embajador acumula más controversias que gestiones diplomáticas visibles.

La primera crisis llegó en agosto. Zaliasnik concedió una extensa entrevista al programa “Defending Israel”, del canal estadounidense JBS, emitida el 25 de agosto, donde cuestionó la política exterior de Boric y las cifras de la comunidad palestina en Chile. Entre otras cosas, dijo que “juegan con sus cifras” demográficas. La comunidad palestina lo acusó de estigmatizar a chilenos desde un cargo que representa al Estado, y el embajador terminó lamentando haber usado términos ofensivos.

El problema no fue solo el contenido. El canciller Francisco Pérez Mackenna reconoció que Zaliasnik no pidió autorización para dar la entrevista, algo que deben hacer todos los embajadores, y anunció una nota de reproche. El episodio confirmó las aprensiones que ya existían: se advirtió que su fuerte compromiso con la causa judía le dificultaría separar ese rol de sus convicciones personales. 

La segunda vida en juego es judicial. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó el 6 de octubre que Zaliasnik tiene calidad de imputado en la arista del caso Audios sobre eventuales irregularidades en nombramientos judiciales. Eso no equivale a una condena, y su defensa sostiene su inocencia. Pero el gobierno ya conocía parte del problema: durante la revisión de antecedentes previa al nombramiento, La Moneda sabía que mantenía intercambios de mensajes con Hermosilla. 

Esos mensajes pesaron más tras la declaración del propio Hermosilla ante la Fiscalía. Según Reportajes T13, el abogado afirmó que Zaliasnik tenía “más acceso que yo” a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso de la Suprema. También sostuvo que Zaliasnik le pidió ayuda para mantener la prisión preventiva de Octavio Gamboa, en una causa donde el embajador era abogado querellante de Sartor. Desde entonces, el Frente Amplio, y luego parlamentarios socialistas como Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, pidieron su salida.

La tercera revelación es la más reciente. Según Reportea, ENAP habría pagado más de un millón de dólares al estudio Albagli Zaliasnik entre 2019 y 2025, y la Fiscalía de Valparaíso investiga si esos contratos tuvieron relación con el financiamiento de la defensa del exgeneral de Carabineros Mario Rozas. El abogado del embajador, Jorge Gálvez, defiende la legalidad de las contrataciones y dice que ya entregaron documentación al Ministerio Público. Hermosilla, por su parte, dijo desconocer esos contratos.

Con ese antecedente, Manouchehri volvió a emplazar al Presidente. El diputado le preguntó cuánto más tiene que aparecer para que pida la renuncia del diplomático, y anunció que oficiará a ENAP para obtener los contratos.

El límite lo pone Kast

Hasta ahora, la señal del gobierno ha sido de espera. El biministro Claudio Alvarado evitó pronunciarse sobre la continuidad del embajador, y el canciller no descartó su salida, recordando que los embajadores son cargos de confianza sujetos a evaluación permanente. La Tercera informó que el actual gobierno no tiene un criterio general que obligue a salir a quien esté siendo investigado, lo que le da a Kast margen para sostenerlo. En el oficialismo, Diego Schalper recordó que la designación de embajadores es facultad exclusiva del Presidente.

Ese margen se achica con cada nueva revelación. Zaliasnik ya sobrevivió a un reproche formal y a una imputación, y cada episodio nuevo pone en duda la decisión original de nombrarlo. Su principal respaldo es la ausencia de una regla que lo obligue a irse, pero esa protección es política y no jurídica: depende de que el costo de mantenerlo siga siendo menor que el de reemplazarlo. Si la Fiscalía lo cita a declarar o los contratos de ENAP muestran algo más que servicios profesionales, esa cuenta puede cambiar rápido.