José Antonio Kast

La iniciativa busca crear una nómina de personas condenadas por delitos e incivilidades que perderían beneficios estatales y quedarían impedidas de realizar diversos trámites. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para enfrentar el deterioro de la convivencia, exautoridades y expertos advierten posibles conflictos constitucionales y cuestionan el uso de beneficios sociales como mecanismo de castigo.

Durante los últimos días, el subsecretario de Justicia Luis Silva y Gendarmería sostuvieron que el traslado fue una "decisión técnica" adoptada de manera autónoma por el servicio, y que los propios reclusos lo habían pedido "voluntariamente". El domingo, en entrevista con Meganoticias, el Presidente respondió con un monosílabo que lo contradice todo.

No tiene sede en ningún poder del Estado, pero en sus salas se resuelven —sin escrutinio público ni apelación— disputas millonarias entre grandes empresas, bancos, proveedores y contratistas que nunca llegan a la justicia ordinaria. Hasta hace pocos días la nómina de árbitros incluía a los actuales ministro Fernando Barros y el subsecretario Nicolás Balmaceda.

Por amplia mayoría, —90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención—, se aprobó la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional. Con los artículos en particular ya aprobados, la iniciativa estrella del Ejecutivo ahora sigue su camino en el Senado.

En su reemplazo asumen Alvarado y Arrau, mientras Quiroz queda incólume, con un inédito protagonismo de la Primera Dama Adriasola en la ceremonia. La seguidilla de flancos, errores y controversias en los que José Antonio Kast se ha visto involucrado desde el inicio de su gestión lo ha llevado a realizar el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.

La semana estuvo marcada por tensiones en dos frentes que fueron pilares de su campaña: seguridad y migración. A eso se suma un dato económico más adverso de lo esperado, que completa un escenario político complejo para La Moneda.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta una compleja semana marcada por el revés judicial en la querella por Ley de Seguridad del Estado, un eventual informe adverso de Contraloría por sus solicitudes a la PDI los primeros días de Gobierno, publicaciones en redes sociales oficiales y críticas desde su propio sector por cuestionamientos a su gestión en materia de seguridad.

La desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast se mantiene en aumento semana tras semana desde el denominado “bencinazo”, que podría registrar un nuevo incremento en los próximos días. Esto, en un contexto marcado por cifras económicas a la baja y tensiones políticas derivadas de su gabinete ministerial en medio de negociaciones para impulsar la megarreforma..

Iván Poduje llevó su estilo ‘sin filtros’ a La Moneda y en dos meses ha atacado a vecinos, parlamentarios y hasta a un ministro. Kast le da la función y la libertad y con esto es también el presidente quien está atacando.

A pesar de haber asegurado que las ayudas no se tocarían, documentos internos de Hacienda incluyen recortes en pensiones, transporte y educación. Aunque el Ejecutivo descarta afectar beneficios, evita aclarar el alcance real de las revisiones y deja abiertas dudas sobre cuántos podrían quedar fuera.

Las frases y medidas de Jorge Quiroz son polémicas y él asumió que su rol no era ser simpático. Después de anunciar las alarmantes sugerencias de eliminar derechos sociales en distintos ministerios, instaló una nueva crisis para Kast, en medio de una serie de controversias que hunden el relato de un gobierno de emergencia y austero.

El Ejecutivo negó usar fondos públicos para la Oficina del Presidente Electo, pero luego lo justificó como parte del cambio de mando, comparándolo con el gobierno anterior.

Con el apoyo del PDG, el Ejecutivo logró destrabar el ingreso del proyecto tras días de negociaciones al límite, en un escenario marcado por críticas transversales, encuestas desfavorables y una oposición que anticipa una batalla constitucional.

Los registros de Transparencia revelan que 11 integrantes de la Oficina del Presidente Electo percibieron honorarios con cargo al erario entre febrero y marzo de 2026. El Partido Republicano había asegurado públicamente en febrero que el financiamiento de la OPE era con "recursos propios" y "esfuerzos personales".

Mientras en Santiago el gobierno de José Antonio Kast acumula semanas accidentadas, entre alzas de combustibles, críticas transversales y una mega reforma que genera más ruido que respaldo, una parte significativa del progresismo chileno estaba el fin de semana pasado en Barcelona. No de paseo. Estaban tratando de reagruparse.

Bajo el nombre de Plan de Reconstrucción Nacional el Ejecutivo busca sentar las bases para el denominado "Gobierno de Emergencia" con un paquete legislativo que incluye medidas de diferentes áreas incluyendo cambios tributarios. El diseño rememora otros "megaproyectos" que mandatarios como Javier Milei con la Ley Ómnibus y Donald Trump con One Big Beautiful Bill, impulsaron.

La seremi de Cultura de la región Metropolitana ya suma dos nombramientos fallidos luego de que el actor Renato Munster renunciara tras 24 horas en el cargo. En adición, en 36 días de gobierno, el jefe de Estado aún no ha nombrado todos los seremis a nivel nacional y ya suma renuncias en 10 de 16 regiones.

En su primera cadena nacional, Kast presentó la denominada Ley Miscelánea, una iniciativa que reúne distintas reformas y ajustes en materia económica y social. El proyecto, que inicialmente estaba previsto para ser ingresado a la Cámara de Diputados a comienzos de mes, ha enfrentado retrasos en su tramitación, en medio de polémicas, dudas internas y críticas de la oposición.

Tras una jornada en la que se peleó voto a voto, el balotaje, que se celebrará el próximo 7 de junio, Fujimori se enfrentará al representante de la izquierda, —y sucesor de Pedro Castillo—, Roberto Sánchez. De esta elección saldrá el noveno presidente que tendrá Perú en una década.

La CGR solicitó al Gobierno pronunciarse en las siguientes ocasiones: los almuerzos que sirvió la primera dama, María Pía Adriasola en La Moneda, el cóctel realizado el 11 de marzo en sede presidencial, el uso de la polémica frase del Estado en quiebra, las razones de la solicitud de información que llevaron a la salida de la subdirectora de la PDI y ahora, el almuerzo con ex compañeros de Derecho del presidente José Antonio Kast.

La Declaración de Intereses y Patrimonio que José Antonio Kast presentó ante Contraloría revela un entramado societario valorado en más de $5.200 millones. Pero hay algo que no está: el Colegio Campanario de Buin, el negocio familiar que Interferencia reveló en 2025 y que el ahora mandatario vuelve a omitir.

Los estudiantes de la Universidad Austral cayeron en la trampa. Reaccionaron con ataques a la ministra Ximena Lincolao, representante de un gobierno que instala la provocación a las ideas progresistas para justamente generar reacciones iracundas. Y esto permitió al presidente Kast el retomar el control de la agenda en medio de múltiples crisis.

A un mes de asumir en La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta una compleja instalación regional, marcada por seis designaciones fallidas de seremis, cuestionamientos a autoridades en funciones y cerca de 30 cargos aún vacantes.

En medio de la fallida detención del ex frentista Galvarino Apablaza, surgen nuevos nombres ligados a las violaciones de Derechos Humanos que están prófugos de la justicia chilena, y uno de ellos es el de la ex secretaria personal de Manuel ‘Mamo’ Contreras.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la fallida detención de Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, asegurando que enfrentará a la justicia, en medio de un operativo con recompensa para dar con su paradero. El caso remeció a la derecha, pero contrasta con el ahínco en la búsqueda de los más de diez prófugos por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El gobierno de Kast retiró su propuesta inicial para el Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y presentó una nómina renovada ante el Senado. El cambio ocurre después de que Interferencia revelara los estrechos vínculos entre los candidatos originales y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

La idea de si la ministra de Seguridad dejará el cargo en el corto plazo ya está instalada en la opinión pública. Pero pese a sus propios errores, algunas de sus polémicas han tenido que ver con acciones de ministros como Jorge Quiroz y Mara Sedini. En tanto, el presidente parece no saber cómo contener esta crisis.

El fuerte aumento en el precio de los combustibles volvió a tensionar al gremio de camioneros en Chile. Sin embargo, lejos de una postura única, las distintas organizaciones del sector han mostrado matices relevantes: desde advertencias de movilización hasta llamados a evitar paralizaciones y privilegiar acuerdos con el Ejecutivo y las empresas generadoras de carga.

El gobierno de Kast nombró a Catherine Tornel como presidenta del ente fiscalizador del mercado financiero. De perfil técnico, destacó por votos disidentes contra sancionar LarrainVial AGF por el Caso Factop, a bancos por entregar créditos a “papitos corazón” y al ex CEO de Cencosud por uso de información privilegiada. A días de asumir, pidió la renuncia a tres directores.

El presidente apoyó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la salida de Consuelo Peña ex jefa de Inteligencia de la PDI, pero evitó aclarar su rol en la decisión, dejando al director general de la institución, Eduardo Cerna, bajo presión ante el Congreso en su visita a la comisión de Seguridad de la Cámara.


