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Martes, 19 de Octubre de 2021
Especial Independientes 2021

Daniela Guzmán Huenchuleo: La asistente social, evangélica y mapuche que quiere un estado anticapitalista

Francisco Velásquez

La joven de 24 años es vocera y dirigenta del Centro Cultural Víctor Jara y la Asamblea Popular Boca Sur del Bío Bío. Tuvo una participación activa en el estallido social y hoy trabaja en los comedores populares de su población. Fue la primera mayoría de la lista Asamblea Popular Constituyente con 2.350 patrocinios al momento de inscribir su candidatura y es parte del especial que INTERFERENCIA ha desarrollado con los candidatos independientes, en esta ocasión, del Distrito 20.

La candidata que obtuvo la más alta cantidad de patrocinio de la lista Asamblea Popular Constituyente en el Distrito 20 es Daniela Guzmán Huenchuleo. Es pobladora de Boca Sur en la comuna de San Pedro de la Paz en la Región del Bío Bío, donde además de su comunidad, busca representar a las comunas de Hualqui, Chiguayante, Tomé, Hualpén, Penco, Concepción, Coronel, Talcahuano, Florida y Santa Juana, en el proceso de escritura de la nueva constitución.

Tiene 24 años y estudió hasta tercer año la carrera de Derecho. Luego debió congelar, debido a no poder pagar el arancel de la universidad privada en la que estaba. Se hizo cargo de su sobrina y hoy es madre de una niña de cuatro años. Rindió la PSU e ingresó a la Universidad de Concepción, donde hoy cursa su octavo semestre de trabajo social.

Fue presidenta de curso desde octavo básico en la escuela Darío Salas de San Pedro de la Paz, luego fue becada en el Colegio Concepción San Pedro -un establecimiento privado- en el que estudió su enseñanza media y pudo comprender las desigualdades sociales que existían en el sistema educacional, sobre todo reflejada en el desconocimiento de su realidad en la población, la que era dicotómica respecto a la de sus compañeros de colegio.

Pertenece a la comunidad evangélica bautista y es mapuche. Reconoce la población como un espacio de lucha social y dice haber aprendido sobre métodos y formación comunitaria en la iglesia, lo que ha puesto en práctica desde su adolescencia en la organización vecinal. 

En 2019, desde el estallido social, ha profundizado su participación en el Centro Cultural Víctor Jara, transformándose en vocera y dirigenta, así como también, ha encarnado la dirigencia de la Asamblea Popular Boca Sur del Bío Bío.

Dice haber sido convocada a asumir esta candidatura desde las organizaciones sociales en las que trabaja y lidera, por lo mismo asume este desafío como algo colectivo.

- ¿Qué modelo de referencia de constitución tiene en mente para Chile?

Nos hemos dedicado a conocer experiencias en Latinoamérica. Entre ellas, las de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba. Siempre teniendo en cuenta que son experiencias, pero no queremos hacer calco y copia de ellas. Entendemos que hay mucho que aprender, aciertos y desaciertos.

Estamos permanentemente compartiendo experiencias con compañeros y compañeras de esos mismo países que son parte de nuestros colaboradores y colaboradoras en las organizaciones populares. Hay un constante intercambio y aprendizaje sobre los procesos constituyentes que han vivido dichos países.

- Respecto a los conflictos socioambientales que vive Concepción y otras regiones del país, ¿qué elementos deberían considerarse para incorporar en la nueva constitución?

Sobre este tema actuamos sobre la base de visibilizar y reconocer el diagnóstico propio de nuestra población en el distrito 20 o en la región. A propósito de los conflictos socio ambientales, tenemos sequía en nuestras zonas rurales, como en la zona de sacrificio en Coronel, la explotación y la constante intervención de forestales en San Pedro, Penco, Tomé, Concepción y Villa Nonguen. 

Es justamente desde ahí que reconocemos esta constante explotación. Nos someten a pagar los costos medioambientales sobre la base de los conceptos, desarrollo, crecimiento y progreso.

Es por ello que nos asumimos en una constante lucha por el medio ambiente como comunidades, porque lo que conocemos hasta ahora es la injusticia ambiental.  Sobre esa base hay cuestiones fundamentales que asegurar en nuestra constitución: primero pensar en un nuevo estado que sea garante de derechos humanos, que reconozca los derechos a habitar en un medio ambiente libre de contaminación como derecho propio del ser humano y que el estado sea garante de los derechos de la tierra.

Es esencial establecer un nuevo modelo de desarrollo económico anticapitalista antiextractivista que nos permita elevar nuestras vidas por sobre las ganancias económicas que vienen a acabar con nuestras vidas y la naturaleza, desde ahí es esencial establecer ese modelo económico.

Hay que reconocer que deben ser nuestras comunidades las que tomen las decisiones y requerimos que estos espacios de toma de decisiones no sean meramente consultivos, sino que sean vinculantes y esas participaciones no se transformen en una firma o en reuniones para comer galletas, sino que la participación se transforme en espacios donde se discuta, se transforme y construya el futuro y que esto sea vinculante.

- Al generar un desincentivo en la instalación de faenas industriales ¿Cómo cree que se podría mantener la economía de estos territorios?

Es necesario tener en cuenta cómo resolvemos la ausencia del estado en la precariedad laboral de nuestros vecinos. Lo cierto es que las empresas aparecen, pero ellas no significan derechos laborales concretos para nuestros vecinos, todo lo contrario, dichas empresas significan trabajos temporales, que someten a nuestros vecinos a condiciones precarias, sin tener seguridad social.

Si proyectamos un estado que garantice los derechos, entenderemos que este estado debe garantizar abastecimiento básico cubierto para no invertir en educación o salud lo que se gana trabajando, sino que esto sea cubierto como un derecho. Entonces así la gente podría invertir en sus gustos y no en pagar por lo básico para vivir.  

Pero nuestra gente requiere someterse a estos trabajos y vulneraciones en las condiciones laborales, porque sin ello no puede cubrir sus servicios básicos.

Si el estado fuera garante de derechos, nuestra gente podría elegir en qué trabajar.  Pero en la realidad de nuestros territorios la gente no puede hacer esa elección, trabaja porque es lo que hay.

Los trabajos generados por las empresas extractivistas, lo único que hacen es alejar a la gente de las actividades que culturalmente se han desarrollado en estos territorios, como la pesca y la horticultura. Esas empresas están eliminando las prácticas culturales.

 No debe someterse esto al interés económico, sino que al bienestar de la población y una reproducción de buen vivir. Estas empresas en el largo plazo nos vienen a arrebatar todo esto y la forma de contrarrestar es mantener nuestras prácticas culturales.

- Sobre el rol del Estado en materias como educación y salud ¿cuál es su opinión? 

Tiene que haber un estado que garantice el derecho y un acceso universal a la salud y educación, que ambos sean gratuitos y que respondan a las reales necesidades de nuestras poblaciones.

Hoy tenemos una salud que no responde a la cantidad de población que tenemos en los territorios o a los tipos de enfermedades. No tiene diálogo con la comunidad a la que responde, porque se ha establecido un sistema a nivel nacional que no dice relación con la realidad cultural de nuestros territorios.

Pensamos que para que se garantice este derechos debe emanar de la decisiones de nuestras comunidades quienes conocen y reconocen las realidades de sus territorios.

Entender que si bien hay mesas de salud y consejos escolares, estos espacios son consultivos y no son determinantes para tomar decisiones, por lo tanto, estas mesas deben ser determinantes, donde se administre económicamente los sectores, las mallas curriculares y se tomen las decisiones para que en ellas tengan participación las comunidades.

En salud tenemos que avanzar a un sistema que no reaccione frente a la enfermedad, sino que actúe de forma preventiva, de modo que podamos bajar los índices de enfermedad en nuestra poblaciones.

- ¿Cómo abordaría la discusión sobre pueblos originarios en la constitución?

Avanzar a un estado plurinacional es una decisión del pueblo, previo a este pacto por la paz del que desconfiamos. El 18 de octubre vimos como se levantaron las banderas chilenas y las banderas mapuche reconociendo que no es solo una cultura que habita en nuestro país, sino que hay una multiplicidad de pueblos.

Avanzar hacia este estado plurinacional reconoce como primera cuestión que exista una responsabilidad como estado de promover esta diversidad cultural, de respetar la autonomía y autodeterminación y que no sea una cuestión burocrática, sino que el estado al establecer un estado plurinacional, asuma una responsabilidad concreta en la promoción de culturas diversas y al mismo tiempo, asuman la reparación sobre cómo ha sido el trato a nuestros pueblos originarios hasta hoy.

Que los pueblos puedan decidir cómo va a ser su forma de entender su sociedad, de organizarse, en la educación, salud y políticamente.

- ¿Hay algún personaje histórico chileno que admire?

Gladys Marín es mi referente en las luchas. La forma en que se dispone a luchar con las disidencias y levantar un proyecto colectivo y popular por sobre todo. Admiro como decidió instalar un proyecto que es popular más allá de las instrucciones de su partido a las que debió enfrentar. Con esa energía es que sale en defensa de los derechos humanos irrestrictamente.

La admiro desde chica, porque me dijeron siempre que era como ella.

Asimismo, admiro a Víctor Jara, y como a través de su música cuenta la historia de las poblaciones y utiliza el lenguaje del arte y la cultura para transformar Chile.

Otros referentes que admiro son Paulo Freire, las compañeras zapatistas y la comandante Ramona.

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