El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos.

Hasta hace poco, la idea de comprar decisiones judiciales en la cúspide del sistema parecía una fantasía conspirativa. Hoy es materia penal. Chile aprendió que no solo es posible: ya ocurrió.

Y una vez que eso ocurre, la pregunta deja de ser moral y pasa a ser lógica:

Si la justicia puede torcerse por ese valor, ¿cuál es el precio del silencio cuando la recompensa es 39 veces mayor?

Curauma no es recuerdo ni hipótesis: es un proceso vigente. A diferencia del caso Vivanco, aquí no hablamos de $17 mil millones de pesos. Hablamos de 16,9 millones de UF, cerca de 3.000 hectáreas en el corazón del crecimiento urbano de Alto Valparaíso. Hablamos de una tasación aprobada oficialmente en 2011, equivalente a $670 mil millones de pesos de hoy: una de las operaciones inmobiliarias más grandes en la historia de Chile.

Y hablamos, además, de actores con nombre y dirección: Euroamérica Seguros de Vida como acreedor beneficiado y Claro & Cía. como estudio jurídico clave en la ejecución y defensa de esta oscura operación.

En este contexto, se desplegó una secuencia de hechos que hoy exige ser leída a la luz del precedente Vivanco:

- Cambio de competencia territorial fuera de Valparaíso,
- Asignación judicial al 2º Juzgado Civil de Santiago que evitó el reparto aleatorio,
- Designación quirúrgica de síndico César Millán Nicolet,
- Tasaciones posteriores inexplicablemente inferiores,
- Remates sucesivos que erosionaron artificialmente el valor,
- Transferencia final del activo a un acreedor privado —Euroamerica Seguros de Vida— con patrocinio jurídico de Claro & Cía.

Nada de esto ocurrió en días —como en Vivanco—, sino en años, con una precisión quirúrgica que utilizó la forma para asegurar el fondo, mientras se sostenía una persecución penal injustificada y prolongada (11 años) contra Manuel Cruzat Infante, hoy finalmente sobreseído. Donde Vivanco operó con torpeza y prisa, los operadores de la apropiación de Curauma actuaron con método pausado, técnico y silencioso, revestidos de legalidad formal, resguardados por ministros de fe pública y por la inercia institucional.

El caso Vivanco destruye la comodidad de la negación y del silencio: ya sabemos que la justicia chilena puede ser capturada. El Caso Curauma plantea el desafío posterior: qué hacemos ahora que lo sabemos. La corrupción no es un fenómeno moral abstracto; es una ecuación entre incentivo, oportunidad y ausencia de control. Vivanco mostró la fórmula; Curauma revela la escala.

Por eso, hoy la duda ya no es legítima. Lo legítimo es exigir revisión, transparencia y responsabilidad. No hacerlo sería suponer que el sistema se corrompe por $17 mil millones, pero permanece inmaculado cuando la rentabilidad asciende a $670 mil millones, expresados en suelo urbano estratégico, planificación territorial y poder económico estructural.

La historia no exige certezas absolutas para actuar; exige coherencia. Si Chile ya comprobó que la Corte Suprema puede fallar por dinero, entonces ignorar Curauma no sería ingenuidad. Sería complicidad.