Hay algo profundamente revelador en que un campeonato profesional tenga que detenerse porque no están dadas las condiciones para jugar. No hablo de una catástrofe natural, de una guerra ni de una emergencia imprevisible que obligue a suspender toda actividad. Tampoco se trató de una conmemoración del 18 O. Nos referimos a un torneo que, en pleno desarrollo, vuelve a quedarse sin fútbol porque la organización no consigue asegurar las condiciones necesarias para disputar sus partidos.

El fin de semana recién pasado, la Liga de Primera no tuvo actividad. La fecha 25 fue dejada en pausa y la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, que debía jugarse el viernes 16 de octubre, también fue suspendida. La explicación tiene fundamentos que no se pueden ignorar: los efectos del mal tiempo y el aluvión en Las Condes, las objeciones de seguridad de la autoridad y la falta de contingente policial en un fin de semana marcado por la conmemoración del 18 de octubre. No se trata de exigir que se juegue a cualquier precio ni de desconocer las responsabilidades del Estado. La seguridad de las personas está primero. Pero es un detalle no menor que el campeonato de Primera B, el mejor de nuestro país, sí se jugó. Precisamente por eso cabe preguntarse cómo llegamos a esta situación y qué revela sobre la manera en que administramos nuestro fútbol.

La suspensión de un partido puede ser razonable. La reiteración de suspensiones, cambios de sede y dificultades para encontrar fechas obliga, en cambio, a mirar el problema de otra manera. La final entre Coquimbo Unido y O’Higgins ya había sufrido un aplazamiento anterior. Ahora, cuando se buscó una nueva sede, tampoco fue posible concretar el encuentro. El resultado es conocido: clubes que preparan a sus equipos sin certezas, hinchas que reorganizan sus vidas y gastos, y una competencia que vuelve a quedar a la espera de que las circunstancias permitan jugar. 

¿De verdad podemos seguir tratando estos episodios como simples inconvenientes del calendario?

El fútbol profesional no consiste únicamente en contratar jugadores, vender derechos televisivos, negociar auspicios y anunciar partidos en redes sociales. También consiste en organizar seriamente las competencias, respetando a los protagonistas y a los espectadores. Organizar significa anticipar problemas, coordinar instituciones, disponer de alternativas y ofrecer certezas mínimas a quienes forman parte del espectáculo. Si todo eso falla, el problema no es solamente que un partido no se juegue. Es que se debilita la confianza en el fútbol chileno. Más aún.

La ANFP no puede controlar el clima, disponer de los funcionarios policiales ni reemplazar las atribuciones de las autoridades. Sería injusto exigirle que lo hiciera. Pero sí le corresponde planificar, coordinar con anticipación y construir calendarios que contemplen los riesgos previsibles. La autoridad, por su parte, debe establecer criterios claros y oportunos para que los clubes y los organizadores no se enteren a última hora de que un espectáculo no podrá realizarse. Y los clubes tienen derecho a exigir que las reglas de la competencia no dependan permanentemente de decisiones que llegan cuando ya se ha invertido tiempo y dinero.

No basta, entonces, con repartir responsabilidades después de cada suspensión. Hay que preguntarse si existe una planificación común, si se evalúan con suficiente antelación las condiciones de seguridad de los estadios, si las fechas escogidas son realmente viables y si hay alternativas preparadas para las contingencias. Cuando una final se suspende más de una vez, la pregunta ya no es solamente por qué no se pudo jugar ese día. La pregunta es por qué no se consiguió resolver el problema antes.

Hay, además, una contradicción que merece atención. Se nos habla de modernización, de nuevos formatos, de más competencias y de una temporada que pretende mantener el fútbol en actividad durante prácticamente todo el año. El calendario 2026 fue diseñado precisamente con esa aspiración de continuidad. Sin embargo, la abundancia de partidos programados no garantiza que exista una estructura capaz de sostenerlos. Un calendario puede llenar doce meses de fechas sobre el papel y, al mismo tiempo, fracasar en lo más elemental: conseguir que los partidos se disputen cuando corresponde. 

Y detrás de la programación hay personas. El hincha que compra una entrada organiza un viaje o simplemente espera el fin de semana para ir al estadio no es una variable secundaria. Tampoco lo son los jugadores, los cuerpos técnicos y los trabajadores que dependen de una actividad organizada con un mínimo de seriedad. Para los clubes, una suspensión puede alterar la preparación deportiva, los ingresos y la planificación logística. Para el público, significa volver a aceptar que el fútbol se acomode como pueda, mientras todos los demás deben ajustarse a sus consecuencias.

Quizás el problema más profundo sea que nos hemos acostumbrado. Cada reprogramación se convierte en una noticia pasajera; cada suspensión, en una polémica de algunos días; cada explicación institucional, en el cierre provisional de un asunto que reaparecerá en otra fecha. Así, lo excepcional termina pareciendo normal. Y cuando una actividad profesional normaliza la improvisación, deja de preguntarse cómo evitarla.

Llevo casi cincuenta años mirando fútbol chileno. He visto grandes equipos, jugadores extraordinarios, campañas memorables y también crisis que parecían anunciar el fin de todo. No idealizo el pasado: nuestro fútbol siempre ha tenido desorden, dificultades económicas y decisiones discutibles. Pero la experiencia enseña a distinguir entre los problemas propios del juego y los que nacen de la incapacidad de organizarlo. Un equipo puede jugar mal, perder un campeonato o quedar eliminado; eso forma parte del deporte. Lo que no debería formar parte de su paisaje habitual es la incertidumbre sobre si podrá jugar o no el partido que todos asumimos se debía jugar cuando debía tener lugar.

La seguridad pública no se negocia y ninguna final vale el riesgo de exponer a las personas. Pero respetar esa prioridad no significa renunciar a la planificación; significa hacerla mejor. El desafío consiste en que la seguridad, las autoridades, los clubes y la organización del campeonato puedan coordinarse con tiempo, criterios transparentes y alternativas reales.

Porque el fútbol chileno no necesita solamente más torneos, más partidos o más anuncios de modernización. Necesita algo bastante menos espectacular y mucho más difícil: que las cosas funcionen. Por ahora, parece que nuestro fútbol juega cuando lo dejan. Y ese, aunque no aparezca en ninguna tabla de posiciones, es otro partido que seguimos perdiendo.