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Sábado, 19 de septiembre de 2020
Serie historia

El Grito Mapuche - Capítulo V

El denominado “conflicto mapuche” tiene varios siglos de historia y múltiples aristas que dificultan su comprensión. Estudiosos y expertos de diversos orígenes y procedencias han escrito al respecto miles de páginas. En 1999, Aníbal Barrera Ortega, ex oficial de Ejército, periodista y cientista político, radicado en Temuco, escribió El Grito Mapuche, una descarnada visión del problema donde analizó los orígenes y el desarrollo del tema hasta fines del siglo 20. INTERFERENCIA reproduce en varios capítulos este libro publicado por Editorial Grijalbo. Hoy, la quinta entrega.

¿Un Chiapas chileno?

Francisco Caquilpán, presidente de la organización comunicacional mapuche Treng-Treng, sostiene que el mundo mapuche chileno está hoy (en 1999) viviendo un proceso distinto, que califica como de reorganización. Considera que la apuesta de haberse aliado con la Concertación de Partidos por la Democracia, desde 1990, está hoy perdida. Dice no poder predecir cuáles serán los alcances del actual proceso mapuche. En otro sentido, la participación de algunos alcaldes en el debate sobre el conflicto mapuche parece ser un matiz de especial interés.

El presidente de Renovación Nacional para la Novena Región, Eugen Roth, advirtió sobre la posibilidad de que los jóvenes mapuches -que superan en número a las fuerzas militares y policiales- reciban armamento desde el mar, “como alguna vez sucedió”. La suya no fue ciertamente una premonición, no obstante lo cual, el 24 de mayo de 1999, la pólvora empezó a olerse en Collipulli.

La denominación de Treng-Treng hace referencia al mito fundacional de la etnia, situado en el estricto equivalente al Diluvio Universal de la cultura cristiana. Cuando ocurrió esa catastrófica lluvia, la gente de entonces se vio enfrentada a dos grandes culebrones: Treng-Treng y Cai-Cai. El primero era la fuerza del bien; el otro, la del mal. Las aguas obedecieron las órdenes de Cai-Cai, que moraba en el fondo de los mares, y cubrieron toda la Tierra. Pero Treng-Treng aconsejó a los humanos que se refugiaron en las alturas de los cerros. Los que lograron salvarse bajaron luego de ofrendar sacrificios, y pudieron repoblar la Tierra. Así nació en pueblo mapuche.

La sede de Treng-Treng, ubicada en la esquina de las calles Balmaceda y Bulnes, en Temuco, fue escenario desde los primeros días de abril de 1999 de las largas jornadas de ayuno de jóvenes mapuches que protestaban contra la detención y procesamiento en Lebu der quienes presuntamente incendiaron la hacienda Lleu-Lleu.

La comunicación

Treng-Treng nace en el año 1990 para responder a la carencia de una estructura comunicacional de la cultura mapuche. “Ocurre que nosotros estamos bastante claros de que somos un pueblo diferente. Somos el diez por ciento de este país –un millón y medio de personas- y tenemos el derecho y el deber de organizarnos como pueblo en todos los planos, económico, político, educacional y comunicacional”, dijo Francisco Caquilpán al autor de este libro.

El tema de la identidad mapuche nace con mucha fuerza desde el período de la dictadura militar, cuando se dicta el Decreto 2.568. Con el transcurso del tiempo, estuvo metida la Iglesia católica y los partidos políticos de todos los signos. Todo ese novel de cosas llegó hasta 1989, con el Acuerdo de Nueva Imperial.

El conocimiento que los chilenos tienen de los mapuches se reduce a estereotipos en que campean el prejuicio y el recelo. Es muy claro que los mapuches hacen noticia sólo a través de situaciones conflictivas, ya que los estudios especializados –que son muchos- reposan en los anaqueles de las bibliotecas universitarias.

Desde fines de 1997, Treng-Treng ha estado preocupada de informar sobre los hechos de violencia en que han participado mapuches, desde la perspectiva de las propias comunidades involucradas, a fin de salir al paso de las distorsiones contenidas en los partes policiales o emanadas de las oficinas de relaciones públicas de empresas forestales o de otro tipo.

Las etapas

-El movimiento mapuche ha pasado por distintas etapas. Si uno compara lo que fueron los años 70’. 73’, 78’, 90’, creo que son momentos distintos. Las organizaciones mapuches, desde que fueron tales, hasta incluso los años 70’ y 73’, se auto reconocieron como grupos campesinos. Existieron los comités de pequeños agricultores.

“Pero el tema de la identidad mapuche nace con mucha fuerza desde el período de la dictadura militar, cuando se dicta el Decreto 2.568. Con el transcurso del tiempo, estuvo metida la Iglesia católica y los partidos políticos de todos los signos. Todo ese novel de cosas llegó hasta 1989, con el Acuerdo de Nueva Imperial. La gran cantidad de organizaciones que se desarrollaron antes del '90 llegaron a un acuerdo con la Concertación en función de la nueva democracia que se abría en este país.

“Las organizaciones que estuvieron en Nueva Imperial apostaron a ese acuerdo. Apostaron a la Ley Indígena, a la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, CEPI y a la propuesta que tenía la Concertación”, explica Caquilpán y agrega a reglón seguido que esa era una apuesta que se perdió.

Precisa también que el Consejo de Todas las Tierras fue la única organización que no se incorporó al Acuerdo de Nueva Imperial y que hubo una importante cantidad de dirigentes mapuches que no se acercaron a unos ni a otros. “Desarrollamos, de una u otra manera, trabajos desligados de aquello, especialmente el trabajo comunicacional, en la idea de poder plantear una reformulación o una reorientación de la organización mapuche. “Aquí hay dos sentidos: uno, la idea de poder crear organizaciones territoriales locales y, dos, de ese modo impulsar la noción de comunidades”, señala.

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La ruca ocupó durante siglos entre 120 y 140 metros cuadrados, donde podían convivir hasta cien personas. Hoy, sus habitantes no son, en promedio, más de cuatro. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.
La ruca ocupó durante siglos entre 120 y 140 metros cuadrados, donde podían convivir hasta cien personas. Hoy, sus habitantes no son, en promedio, más de cuatro. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.

Caquilpán destaca que existe una diferencia cualitativa entre lo que ocurría en 1990 y lo que ocurre en 1999, ya que el análisis de las estructuras religiosas, políticas o culturales deja de manifiesto que no supieron responder a los intereses mapuches- “eran organizaciones prestadas bajo las cuales nos instalábamos para poder hacer algo”, precisa.

¿La ultraizquierda?

A fines de marzo de 1999, el senador de la UDI, Carlos Bombal, afirmó que no es la pobreza el detonante de las expresiones mapuches de rebeldía. Manifestó que el verdadero origen está en la influencia política de la ultraizquierda y en el surgimiento de una violenta dirigencia mapuche. Aseguró que una rama descolgada del MIR, el Ejército de Liberación de los Pobres Patria Libre, trazó como estrategia la canalización de la lucha de izquierda para los próximos años a través de lo que denominan #la revolución de los pueblos originarios”. “Su estrategia básica consiste en establecer la lucha armada a partir de las comunidades de base indígenas, con preparación de los jóvenes: preparación ideológica, retórica, instrucción armada y comunicacional. El discurso, con fuerte contenido ecológico y asociado a una cosmovisión mapuche, se basa en la propiedad de la tierra y la existencia de un territorio usurpado por el Estado”, declaró el senador a “l Diario Austral de Temuco el 29 de marzo de 1999.

El parlamentario denunció también que el grupo Pegun Dugun había tomado la coordinación del movimiento mapuche, luego de que “el ex dirigente Aucán Huilcamán se convirtió a la vía pacífica y se ocupó como funcionario de las Naciones Unidas”.

Es importante hacer notar que, con fecha 14 de abril de 1999, el jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros, general Mauricio Catalán, descartó que en el sector de Traiguén –donde se ha registrado la mayor parte de las acciones mapuches-haya una presencia terrorista o extra nacional, como lo denunciaran tanto el senador Bombal como el diputado de Renovación Nacional, Gustavo Alessandri. “Si alguien tiene los antecedentes, que los proporciones a la policía para de esta manera mejor investigar y poder determinar quiénes son los responsables de las situaciones que se han producido en la zona”, dijo el oficial, según El Diario Austral de Temuco del 14 de abril de 1999.

Francisco Caquilpán, en tanto, enfatiza que lo que vive el pueblo mapuche en 1999 es un proceso de reorganización, en cuyo interior no es posible visualizar los planteamientos futuros. “Si hoy alguien habla de independencia de este país, como yo lo veo, eso es un suicidio; no es posible. Eso es truncar la lucha que hoy se está desarrollando por el respeto a nuestros derechos como pueblo, y por el respeto a nuestro territorio”, afirma.

El dirigente añade que los mapuches, cuya población puede estimarse en un millón y medio de personas, ocupan una superficie de 300 mil hectáreas. El territorio original de esa etnia era de 31 millones de hectáreas. A comienzos del siglo XX, la superficie ocupada era de diez millones de hectáreas. “Cuando estamos planteando reconstruir nuestra sociedad, eso está basado sobre un territorio determinado. Pero aún no hemos definido cuánto es el territorio que vamos a reclamar en este país. No podemos decir que va a haber un desarrollo con 300 mil hectáreas ni podemos pensar en que se nos devuelvan esas diez millones de hectáreas; eso es imposible. Lo que tiene que haber es un proceso de sensibilización de la sociedad chilena”, manifiesta Caquilpán.

Los alcaldes

El 3 de mayo de 1999, se reunieron en Temuco los alcaldes de las comunas de Curarrehue, Galvarino, Lumaco, Villarrica, Nueva Imperial, Pucón y Traiguén, las más afectadas por los hechos de violencia protagonizados por mapuches. El encuentro surgió como iniciativa del directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía, AMRA, que presidía el alcalde de Temuco, el demócrata cristiano René Saffirio.

El mismo día, en Nueva Imperial, las comunidades mapuches Juan Millanao y Tomás Cayuqueo, de la localidad de Codihue, decidieron reclamar la propiedad de un predio de 75 hectáreas en manos de una empresa forestal. El lonko Manuel Henríquez y la werkén Magdalena Cayuqueo llegaron hasta la Intendencia de la Novena Región para informar de esa determinación. En la nota respectiva, exigieron la restitución de esos terrenos y un 30 por ciento del valor de las plantaciones, a modo de indemnización “por la explotación indebida y la degradación de los suelos”.

Los alcaldes de las mencionadas comunas convinieron en “la urgencia de encontrar un punto en común para enfrentar el conflicto mapuche en la región, sin dejar de lado las soluciones diferenciadas por comunas”.

El diario El Mercurio, en su edición del 28 de febrero de 1999, bajo el sugestivo titular de “Nuestro pequeño Chiapas”, anunció que 1999 será el año de la rebelión mapuche.

A comienzos de mayo de 1999, el presidente regional de RN, Eugen Roth, hizo un llamado al gobierno “a actuar en el problema mapuche de acuerdo con los factores que lo originan, como el problema económico, una ley indígena poco efectiva y la acción de activistas externos”.

Según Roth, la Ley Indígena es poco efectiva, pues fuera de crear expectativas en el mundo mapuche en lo que se refiere a la obtención de tierras, no considera los suficientes recursos para su adquisición. Agrega que el acceso a mayores superficies de terrenos de nada sirve si no se crean las condiciones socio-económicas para su explotación.

“Nuestro pequeño Chiapas”

El diario El Mercurio, en su edición del 28 de febrero de 1999, bajo el sugestivo titular de “Nuestro pequeño Chiapas”, anunció que 1999 será el año de la rebelión mapuche.

“Cuando el año pasado un grupo de mapuches emboscó a una columna de camiones madereros y les prendió fuego, parecía que el hecho había salido de un grupo radicalizado, completamente lejano del sentir y actuar mayoritario de los indígenas”, escribió el periodista Rodrigo Barría.

Agrega que quienes pensaron así estaban totalmente equivocados, ya que “…los hechos de violencia no paran. Es más: cada vez parecen acrecentarse y agravarse… En batallas campales, los indígenas no han titubeado en enfrentarse cuerpo a cuerpo con carabineros que, instruidos desde Santiago, no hacen más que responder tímidamente las arremetidas de sus contendores”.

La verdad es que no sabemos cuáles enfrentamientos entre mapuches y carabineros presenció el periodista Barría. Lo que se ha presenciado –trátese de “batallas campales” o de simples desalojos de predios ocupados- no han mostrado exactamente respuestas tímidas de parte de la policía uniformada, sino el llamado “rigor policial” en su máxima expresión.

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Las araucarias, verdadero símbolo del hábitat mapuche. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.
Las araucarias, verdadero símbolo del hábitat mapuche. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.

El periodista Barría enfatiza también la internacionalización y la tecnologización de la causa mapuche. “…basta con colocar la palabra ‘mapuche’ en los buscadores Internet para que una larga lista de sitios aparezcan en pantalla…Como en Chiapas, nuestros mapuches han descubierto que la red informática les puede proporcionar una de sus bases de apoyo más importantes”, escribe.

El hecho es que presentar el actual proceso mapuche como análogo al de Chiapas parece, más que una exageración, una clara invitación a la represión.

¿Organización clandestina?

El 16 de mayo de 1999, el ministro en visita Archibaldo Loyola, que investiga causas judiciales relacionadas con los conflictos indígenas en la provincia de Malleco, dictó órdenes de detención en contra de 17 dirigentes y comuneros mapuches de Lumaco y Traiguén.

Entre los detenidos por personal de Carabineros y de la PDI figuran Pascual Pichún, lonko de Temulemu; su hijo Juan Pichún; Segundo Aniceto Norín, presidente de la comunidad de Didaido; Segundo Coilla, Juan Lincopín, Huencho Nahuelcura, presidente de la comunidad de Temulemu; Segundo Nahuel, Antonio Huenchul, el abogado José Lincoqueo y Alfonso Reimán, presidente de la Asociación Comunal Ñancucheo de Lumaco.

“Las detenciones ordenadas por el ministro Loyola obedecen a distintas causas criminales que actualmente investiga, particularmente por hurto y robo, delitos denunciados por las empresas forestales. Cabe recordar que el juez acumuló en estos meses cerca de 15 casos, entre el ataque a una camioneta de una empresa forestal”, informó El Diario Austral del 7 de mayo de 1999. Agregó que ha trascendido que Loyola investiga la presunta existencia de una organización clandestina, integrada por mapuches y no mapuches, que estaría operando en la zona de la provincia de Malleco pata transportar y comercializar madera robada. “Los integrantes de la organización habrían aprovechado el convulsionado escenario de la zona, por conflictos territoriales y ocupaciones de terrenos, para beneficio propio; incluso habrían instigado la seguidilla de tomas para cometer estos actos delictuales”, finaliza el medio de prensa.

La decisión de los alcaldes

Las asociaciones de municipalidades de las regiones Octava y Novena resolvieron hacerse cargo del problema mapuche en sus respectivas jurisdicciones, “impulsando una acción municipal decidida que colabore con la superación del conflicto mapuche, situación que el conjunto de los municipios estima que es urgente”.

En mayo de 1999, el ministro de Planificación, Germán Quintana, planteó públicamente la posibilidad de un gran entendimiento que pueda involucrar al gobierno, a los pueblos indígenas chilenos, a los sectores privados y al grueso de la comunidad nacional.

Tal decisión se insertó en el contexto del IV Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM, que se realizó en Pucón entre los días 3 y 7 de mayo de 1999. Como quedó señalado, se trata de un hito particularmente significativo en el proceso histórico reivindicativo del pueblo mapuche, ya que abre la posibilidad de que los poderes locales analicen el tema indígena en el ámbito de sus particularidades

En la jornada de clausura de la AChM, los concejales mapuches de Renca, Pedro Canihuante, y de Pedro Aguirre Cerda, Juan Lemuñir, leyeron una declaración pública de apoyo a las reivindicaciones de su pueblo: “El pueblo mapuche hoy día no está pidiendo concesiones, ni privilegios a esta sociedad, ni a la autoridad política de turno. Está exigiendo respeto a sus tradiciones y cultura, como también igualdad de oportunidades para alcanzar en el futuro cercano una vida mejor”, se expresó en aquella declaración.

Un gran pacto

En mayo de 1999, el ministro de Planificación, Germán Quintana, planteó públicamente la posibilidad de un gran entendimiento que pueda involucrar al gobierno, a los pueblos indígenas chilenos, a los sectores privados y al grueso de la comunidad nacional. De lo que se trata, dijo, es de que se puedan identificar claramente los problemas del pueblo mapuche y, correlativamente, de proponer soluciones.

El ministro aseguró que en un plazo no superior a tres meses podrá haber claridad en torno a la denominada “demanda histórica” de los mapuches, desde la base de varios componentes: necesidades básicas como salud y capacitación, así como factores más globales como reconocimiento constitucional o demandas por la propiedad de la tierra.

Posteriormente, Quintana se reunió el jueves 13 de mayo con la comisión de trabajo creada por el gobierno para analizar los problemas del mundo mapuche. Uno de los puntos relevantes fue la fijación de un calendario pertinente y específico para la agenda de trabajo de la comisión.

En las semanas posteriores, los integrantes de la comisión se trasladarían a las zonas de ocurrencia del conflicto mapuche, para luego reunirse con el Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, en Santiago.

Antes de la reunión del 13 de mayo, Quintana había planteado sus aprensiones respecto a los verdaderos objetivos del Consejo de Todas las Tierras y de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto, que aparecen dirigiendo a los sectores más radicalizados del mundo mapuche. Señaló no descartar que ambas organizaciones estén persiguiendo objetivos ajenos a la solución de los problemas indígenas, como, por ejemplo, la formación de un nuevo referente político. Después de la reunión con el grupo de trabajo, el ministro modificó su opinión, ya que se acordó incluir en las conversaciones al Consejo de Todas las Tierras.

Siete territorios autónomos

El 17 de mayo de 1999, en un hecho sin precedentes –pero que se veía muy claramente venir- dirigentes de 36 comunidades lafkenches (mapuches costinos) de la provincia de Arauco, en la Octava Región, acordaron la proclamación de siete espacios territoriales mapuches con administración autónoma, gesto que esperan protocolizar con la convocatoria a elecciones para generar sus propias autoridades.

Los lafkenches son algo más de 60 mil individuos, repartidos en la parte sur de la Octava Región, toda la Novena y sector norte de la Décima. Ya en 1995, algunas comunidades de esa denominación territorial mapuche hicieron noticia al proclamar su oposición a la construcción de la Carretera de la Costa, que construye el Cuerpo Militar del Trabajo, ya que esa vía, fuera de estar trazada en muchos casos sobre territorios sagrados, sería una prolongación de la política de aislamiento practicada por el Estado chileno en contra de los mapuches, desde la Pacificación de La Araucanía.

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El censo de reducciones de 1988 indicó que por cada 100 mujeres existían 109 hombres. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.
El censo de reducciones de 1988 indicó que por cada 100 mujeres existían 109 hombres. Fotografía de Nelson Muñoz Mera.

El planteamiento de autonomía aparece encabezado por el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, quien en una asamblea realizada el sábado 15 de mayo de 1999, decidió que los lafkenches negociarán en bloque con las empresas forestales, convocando a sus seguidores a un encuentro en la localidad de Huentelolén.

Millabur señaló que las comunidades que proclamaron su autonomía están trabajando en levantamientos topográficos que determinarán los límites precisos que tendrán esos siete espacios territoriales. Precisó que esos “espacios autónomos” podrán coexistir con la actual división político-administrativa del país, no descartando sin embargo los conflictos de competencia entre las autoridades que aspiran a elegir y las estructuras de los gobiernos comunales y de interior.

Lo siete espacios territoriales declarados autónomos son: Yani-Locobe, en la comuna de Arauco; Pangue-Butaco. Pangal, en la comuna de Los Álamos; Cayucupil-Pangueco, Huentelolén-Paicaví y Lago Lleu-Lleu, en Cañete; Elicura-Calebu, en Contulmo; Contulmo y Tirúa (sector norte) y Pu Lafkenche, en el sur de la comuna de Tirúa.

En lo que respecta a conflictos de tierras, la proclama lafkenche afirma que los espacios declarados autónomos deben incorporar las tierras que se encuentran en conflicto con empresas forestales y de otros rubros, como es el caso de Forestal Arauco, en Yani y Cuyinco; Forestal Mininco y Empresas Osvaldo Carvajal, Jacinto Lisboa Y Andrés Balocci, en Lago Lleu-Lleu; Forestal Arauco y Volterra Ltdsa, en Tirúa Sur; y Forestal Mininco, en Elicura.

En tanto, contrariamente a lo que dado a entender algunos medios periodísticos, el alcalde Millabur no pertenece al Consejo de Todas las Tierras ni a la Coordinadora de Comunidades Mapuches en conflicto. Millabur reconoce militancia en el Partido Socialista, aún cuando no aparece en los padrones respectivos.

El sonido de las balas

Desde el 1 de diciembre de 1997, cuando se produjo un atentado incendiario contra camiones de una empresa forestal, se había desarrollado una escalada de hechos de violencia más bien incruentos, que se prolongaron durante to 1998 y los primeros meses de 1999.

Las armas se habían mantenido en silencio. Sólo a las 13 horas del 24 de mayo, en el sector de Huapitrío, cerca de Collipulli, en la provincia de Malleco, empezó a escucharse nuevamente el sonido de las balas.

Poco antes de esa hora, personal de una empresa solicitó las presencia de carabineros para custodiar un envío de madera desde esa zona. Cuando el personal policial arribó al sector, encontró en primer lugar un ingenioso obstáculo de árboles semi derribados, dispuestos de tal modo que la caída de uno produciría un efecto dominó sobre los otros. Los vehículos policiales no pudieron proseguir y los carabineros tuvieron que remover el obstáculo.

Súbitamente, irrumpió un grupo de unos 30 mapuches, pertenecientes a la comunidad Ñancul, adscrita a la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto, quienes pretendieron impedir que continuara la faena de despeje. Como los policías persistieran en su intento y trataran de alejar a los mapuches con gases lacrimógenos, éstos dispararon con escopetas a los carabineros.

El sargento José Pacheco Águila y el carabinero Manuel Toloza Hernández, de dotación de la Segunda Comisaría de Collipulli, resultaron con heridas menos graves ocasionadas por perdigones. El carabinero Juan Riffo Toledo recibió un hachazo en la espalda que le causó lesiones de gravedad, debiendo ser derivado al Hospital Naval de Talcahuano. Veinte mapuches fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Angol.

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