Reportaje original en portugués en este enlace.
Durante la COP-26, en Escocia, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil presentó el programa Floresta+, una iniciativa de pagos por servicios ambientales, como eje de su estrategia para combatir la deforestación, especialmente en la Amazonia. "Una forma de mantener el bosque en pie es dando incentivos económicos, incentivos para los que lo cuidan", dijo el ministro y jefe de la delegación brasileña, Joaquim Leite, en el stand del gobierno brasileño en un acto de presentación de la plataforma digital del programa el día 11.
Un día antes, al intervenir en el segmento de alto nivel de la conferencia sobre el clima, el ministro ya había citado el programa Floresta+ como una alternativa para "promover el desarrollo sostenible de la región". Y justificó: "donde hay mucho bosque también hay mucha pobreza".
Expertos escuchados por Agencia Pública durante la conferencia cuestionan el peso dado por el gobierno al programa que, de hecho, no es una invención del gobierno de Bolsonaro. Floresta+ se deriva de Floresta+ Amazonia, un proyecto por el que Brasil recibió unos 96,4 millones de dólares.
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El discurso generó una oleada de críticas por parte de la sociedad civil presente en la COP y le valió a Brasil, el día 10, el segundo puesto en el premio Fósil del Día, otorgado por la Red de Acción Climática (CAN) a los países que más socavan las negociaciones para afrontar la crisis climática.
Expertos escuchados por Agencia Pública durante la conferencia cuestionan el peso dado por el gobierno al programa que, de hecho, no es una invención del gobierno de Bolsonaro. Floresta+ se deriva de Floresta+ Amazonia, un proyecto por el que Brasil recibió unos 96,4 millones de dólares del Fondo Verde del Clima (GCF) en 2019. El pago se debe a la reducción de la deforestación en la Amazonía en 2014 y 2015, todavía durante el gobierno de Dilma Rousseff, y las negociaciones para recibirlo comenzaron en 2018, cuando el presidente brasileño era Michel Temer.
En julio de 2020, el gobierno actual aumentó el alcance del proyecto, que ahora incluye todos los biomas del país. Además, creó nuevas modalidades, como Floresta+ Bioeconomía, lanzada en septiembre de este año y centrada en actividades de gestión sostenible, y Floresta+ Agro, anunciada el 27 de octubre, unos días antes del inicio de la COP-26, cuyo objetivo, según el propio ministerio, es premiar a los productores rurales que protejan las áreas de preservación permanente (APP) y las reservas legales.
El ingeniero forestal Tasso Azevedo, coordinador del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG) y de MapBiomas, del Observatorio del Clima, explicó al informe que hay otras estrategias de preservación más importantes reconocidas por la ciencia. Recordó que Brasil ya ha sido considerado un ejemplo de éxito tras haber reducido la deforestación en la Amazonia en un 80% en el periodo comprendido entre 2004 y 2012.
En los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro, el promedio anual de deforestación en la Amazonía Legal ha aumentado un 49,7% en relación a los dos años anteriores. Los datos de seguimiento medioambiental por satélite del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales publicados este mes revelan que la superficie de deforestación alertada en octubre fue la más alta del mes en cinco años. Solo en la Amazonia, las cifras indican un aumento del 5% en la deforestación en comparación con octubre de 2020, el récord de octubre en la serie histórica que comenzó en 2016, según un análisis del Observatorio del Clima.
A diferencia de los países cuyas matrices energéticas se basan en los combustibles fósiles, la deforestación es el origen de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, según el SEEG.
"Detener la deforestación hoy en día es muy objetivo, no hay ciencia espacial", argumenta Azevedo. Como pilares de esa estrategia a adoptar, cita la aplicación de la ley, la fiscalización y el castigo a los infractores -en el ámbito federal, responsabilidades del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que han perdido presupuesto e independencia en el gobierno de Bolsonaro-; y el ordenamiento territorial, cuyas principales medidas son la creación y mantenimiento de Unidades de Conservación y el reconocimiento por parte del Estado de las tierras indígenas y quilombolas -medida que, como prometió en campaña, Bolsonaro ignoró-. "No hay forma de hacer un plan de lucha contra la deforestación si la ciencia de la lucha contra la deforestación -que ya se practica en Brasil, que ya ha dado resultados y sobre la que se han publicado artículos en todo el mundo- simplemente se ignora", señala el ingeniero forestal.
Ana Toni, directora ejecutiva del Instituto para el Clima y la Sociedad, dijo a Agência Pública que Floresta+ "tiene cosas buenas", pero que, dado que el gobierno federal no implementa las medidas que son realmente esenciales para acabar con la supresión vegetal, el excesivo enfoque en el programa no acaba con la desconfianza de la comunidad climática internacional. "No se viene aquí a hacer marketing, el marketing es una parte, pero tiene que tener sustancia, y no la tiene", subraya. "Los datos de deforestación están por las nubes. La credibilidad es algo muy difícil de construir y muy fácil de perder. El gobierno de Bolsonaro destruyó la imagen brasileña en el exterior, no está llegando a una COP y haciendo una hermosa postura que cambie la percepción que se ha derretido en los últimos años."
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La deforestación cero reduciría las emisiones de Brasil
A diferencia de los países cuyas matrices energéticas se basan en los combustibles fósiles, la deforestación es el origen de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, según el SEEG. Por ello, los expertos valoran que acabar con la supresión de los bosques autóctonos es crucial para que Brasil cumpla su parte del Acuerdo de París, del que se ha comprometido voluntariamente a reducir sus emisiones en un 50% para 2030. "La gran emisión brasileña es por el bosque, así que Brasil tiene que hacerlo. Si quiere tener alguna legitimidad en el debate sobre el clima, tiene que hacer sus deberes. Resulta que el gobierno no lo está haciendo, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo fomentó directamente la destrucción de los bosques", afirma Maureen Santos, profesora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y coordinadora de la Plataforma Socioambiental del Centro de Políticas del BRICS.
Una buena medida para evaluar la importancia de la deforestación en las emisiones brasileñas es un análisis realizado por Tasso Azevedo sobre el impacto que tendría el cumplimiento real del acuerdo firmado por Brasil, al inicio de la COP-26, junto con cien países, de deforestación cero para 2030. Sus cálculos indican que, si el objetivo se cumple efectivamente, las emisiones brasileñas tendrán una reducción del 78% en este periodo, lo que superaría el compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París. "Sería, con mucho, la mayor contribución jamás realizada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que pondría bajo presión todas las participantes de este escenario global aquí, y colocaría a Brasil en un nivel de contribución y ejemplo sin precedentes para esta nueva economía", señala.
El gobierno parece conocer el problema porque, como reveló el sitio web ((o))eco, no llevó a Glasgow la tasa de deforestación de 2021, medida cada año por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y que suele darse a conocer antes o durante las conferencias climáticas de la ONU.
Según Azevedo, sin la deforestación cero, la reducción de las emisiones de otros sectores de la economía -como la energía, la agricultura y la ganadería o los residuos- sería insuficiente. "Cada hectárea que se pierda hoy no se recuperará. Puedes multarlos, pero no vuelven, y por eso no podemos esperar. Tenemos que hacer que estas medidas que ya sabemos que son efectivas vuelvan a ocurrir".
El gobierno parece conocer el problema porque, como reveló el sitio web ((o))eco, no llevó a Glasgow la tasa de deforestación de 2021, medida cada año por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y que suele darse a conocer antes o durante las conferencias climáticas de la ONU. En dos décadas, es la segunda vez que esto ocurre -la primera fue en 2016-. En una rueda de prensa el día 11, Joaquim Leite dijo que no había visto si los datos salían o no porque estaba "centrado en las negociaciones".
No hay bala de plata
El uso de Floresta+ por parte del Ministerio de Medio Ambiente como reclamo para las inversiones internacionales en el mercado de carbono de Brasil también despierta la desconfianza de observadores e inversores. En la actualidad, el mercado de créditos de carbono en Brasil es voluntario y no está regulado; un proyecto de ley para formalizarlo está pendiente de aprobación urgente en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más críticos de las negociaciones de la COP-26 se refiere precisamente a esta cuestión, comprendida en el artículo 6 del Acuerdo de París, que prevé tanto las transacciones entre países como los actores privados.
Aunque no acudió a Glasgow, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo en una participación remota en el stand de Brasil el día 5 que el mercado de carbono será "la clave para el pago de los servicios ambientales y la preservación del stock de recursos naturales" y que de él "recibiremos el estímulo necesario para la preservación de nuestra riqueza".
Ana Toni advierte del peligro de elegir el mercado del carbono como una "bala de plata" para la crisis climática y medioambiental a la que se enfrenta Brasil. "Quizá pueda contribuir a acabar con la deforestación y el cambio climático si tiene integridad. Más que el tamaño de este mercado potencial, se trata de examinar la integridad medioambiental de estos supuestos proyectos que entrarán en el mercado del carbono", señala.
Precisamente por eso los inversores internacionales siguen desconfiando de Brasil, dice Toni, a pesar de los esfuerzos del gobierno durante la conferencia por vender una imagen de preservación de los bosques y de compromiso con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. "No saben si el gobierno es serio, no saben si Brasil separará el trigo de la paja entre lo que es un buen proyecto y lo que es un mal proyecto. Y lo que es peor: una persona compra una cantidad de créditos de un bosque que supuestamente está en pie. Al día siguiente se incendia. ¿Qué pasa con el crédito? Vemos que el gobierno fomenta, o al menos no combate [los incendios y la deforestación]", destaca. "Por todas las razones, este nivel de deforestación incontrolada perjudica enormemente nuestra capacidad de ser tomados en serio, de ser un buen socio comercial".
Este informe forma parte del especial Emergencia Climática de Agencia Pública, que investiga las violaciones sociales y medioambientales derivadas de las actividades que emiten carbono, desde la ganadería hasta la generación de energía. La cobertura completa está disponible en el sitio web del proyecto.
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