Después de todo lo que se ha discutido por la suspensión del partido entre Everton y Universidad de Chile, hay algo que me parece que se nos está quedando en el tintero. El debate se ha centrado en si correspondía terminar el partido, si alguno de los equipos debía ganar los puntos, si hubo sanciones suficientes y si fue razonable, en definitiva, la decisión de jugar los minutos restantes como una suerte de breve preliminar del partido de vuelta.

Pero hay una pregunta sencilla y determinante, que una vez más estamos esquivando ¿Cómo llegamos a un escenario en que pasamos de fútbol a un espectáculo descontrolado de pirotecnia?

La pregunta adquiere todavía más relevancia después de que, desde la propia barra de Universidad de Chile, se sostuvo que lo ocurrido fue un accidente. Específicamente con las bengalas que casi alcanzan a los protagonistas del espectáculo. Puede discutirse esa explicación y siempre será necesario investigar lo qué sucedió realmente. Pero incluso aceptando dicha declaración como hipótesis, hay algo que no cambia: la pirotecnia está prohibida precisamente porque pone en riesgo a las personas, un accidente con ella puede afectarlas, incluso causando muertes, como ha ocurrido en Perú. Y es obvio, en la medida que no tenemos ninguna garantía de que los que manipulan estos elementos sepan hacerlo correctamente. Tampoco que no la usen intencionalmente contra rivales u otras personas. Tiene sentido.

Y entonces aparece la verdadera contradicción.

Cuando uno va al estadio, entrega su entrada, pasa por controles y es sometido a registros destinados precisamente a impedir el ingreso de elementos prohibidos. La legislación faculta al personal de seguridad para controlar las condiciones de ingreso, impedir el ingreso de elementos prohibidos y registrar vestimentas, bolsos y otros elementos con los que ingresen los espectadores. Los organizadores, además, tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para la seguridad del espectáculo. Entonces, ¿cómo se explica que una vez más terminemos viendo una cantidad importante de bengalas y otros elementos pirotécnicos dentro del estadio? ¿Vamos a aceptar que es imposible controlar lo que evidentemente si pudo haber sido evitado?

Y aquí está, a mi juicio, el verdadero nudo del asunto.

La norma tiene una razón. No se prohíbe la pirotecnia por capricho, ni para perseguir a las barras, ni para convertir el fútbol en un espectáculo sin pasión. Se prohíbe porque puede provocar lesiones, incendios y situaciones que pongan en riesgo a quienes están dentro del recinto. Por eso resulta poco útil que toda la discusión posterior se concentre en si hay que castigar más o castigar menos. Si los minutos que restaban se debían jugar o no. Si existía un vacío en el reglamento al respecto.

El problema empieza antes.

Empieza cuando objetos que están prohibidos y que no son precisamente microscópicos logran atravesar los controles de seguridad y llegar hasta una tribuna, masivamente.  Y se vuelve todavía más evidente cuando eso ocurre en las dos barras. La normativa actual contempla precisamente sistemas de control de acceso, identificación y registro, y los procedimientos de seguridad incluyen la obligación de impedir el ingreso de elementos prohibidos.

Por eso, antes de preguntarnos si los hinchas aprenderán la lección, habría que preguntarnos si quienes tienen la responsabilidad de controlar el ingreso están haciendo correctamente su trabajo. Y antes que eso si alguna vez tuvieron la intención de hacerlo en serio. Después de décadas de ingresos que lograron vencer los sistemas de seguridad, un mínimo exigible a los organizadores es que tengan una idea de como con anterioridad lo han hecho y que eviten dichas prácticas, porque atenta contra la inteligencia de todos decirnos que realmente no se pudo prever y evitar. Porque probablemente no recurrieron a drones que se los lanzaron desde el cielo ni los teletransportaron ni son magos. No, seguramente el sistema de registro de ingreso fue precario, y los ocultaron en sus vestimentas, bolsos u otros elementos, intentando eludir el control, los ingresaron clandestinamente por sectores del recinto que no corresponden a los accesos ordinarios, lo hicieron con anterioridad al horario en que se realiza el control, por personas que tienen acceso al estadio; o, eventualmente, coordinados o derechamente con participación del personal encargado del acceso o de la seguridad.   Esto es, descartadas posibilidades inverosímiles, todo era previsible y evitable.

Si después de cada episodio nuestra única respuesta es suspender partidos, reducir aforos, discutir si todos los barristas son delincuentes o solo una parte de ellos, jugar sin público o imponer nuevos castigos, estamos actuando sobre las consecuencias. 

Los siete minutos que faltaban por jugar eran el problema deportivo. Pero esos siete minutos comenzaron mucho antes: en el momento en que decenas de personas pudieron entrar al estadio con aquello que las reglas, con toda razón, pretendían impedir que entraran.