Germán Correa Díaz, es sociólogo, consultor internacional, ex ministro de Estado (1990-92 y 1994), ex presidente del Partido Socialista de Chile (1993), ex miembro del Consejo de Presidentes y Representantes de Partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-90), ex vicepresidente de la Izquierda Unida (1987-89), ex presidente del Movimiento Democrático Popular (1983-87), ex miembro de la Comisión Política del Partido Socialista en la clandestinidad (1976-1990).
Correa fue también ministro de Transportes de Patricio Aylwin, y el primer ministro del Interior de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo cual fue un evento público al ser Correa un socialista quien secundaba el gobierno de un democratacristiano. Sin embargo, duró solamente siete meses en el cargo, luego del escándalo producido por la no renuncia del general director de Carabineros Rodolfo Stange en el marco del caso Degollados, pese a la solicitud presidencial.
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Al día de hoy, según Correa, el mecanismo debe ser una Asamblea Constituyente. "Este no es un problema de eficacia jurídica de cuál es el mejor mecanismo; es un problema de entregar a la gente la capacidad de decidir directamente lo que quiere como país futuro, no más tutelas, no más intermediaciones políticas que finalmente no han respondido a sus aspiraciones y exigencias".
- ¿Por qué es tan importante la Constitución?
- La Constitución es el pilar jurídico donde se asienta toda la institucionalidad del país y donde se establecen principios y normas que regulan lo que podría llamarse un pacto del Estado con la ciudadanía, es decir, en que la ciudadanía dota al Estado de la legitimidad para ordenarse de una determinada manera, para propiciar y respetar los derechos de la ciudadanía y promoverlos. Es la base en que se fundan todas las leyes y actos administrativos de la autoridad. No puede hacerse, con la debida legitimidad, nada que se salga del marco de lo que ella permite o no permite.
- ¿Por qué debemos cambiar la Constitución?
Por varias razones esenciales y otras secundarias. Entre las esenciales, la primera, que no ha desaparecido ni desaparecerá, pese a las decenas de reformas que se le ha hecho y que se le hagan y a los plebiscitos a que se ha convocado o convoquen para aprobar esas reformas, es su ilegitimidad de origen: fue creada en dictadura y recogiendo la visión sólo de los sectores dominantes del país, sin consulta ni participación alguna de la ciudadanía, excepto en un plebiscito ratificatorio que no tiene validez alguna por haber sido orquestado por una dictadura, sin controles democráticos de ninguna especie.
La segunda, porque esta Constitución, a través de diversas disposiciones, sacraliza un modelo económico-social y político que favorece especialmente los intereses de la oligarquía que la originó y que es la camisa de fuerza de hierro que impide que el Estado pueda efectivamente buscar el bien común y especialmente la protección y promoción de los bienes públicos y de los derechos históricamente conculcados y de los que menos tienen.
Tercero, porque es una Constitución que no reconoce la pluralidad de naciones existentes en el seno de la llamada sociedad chilena y un trato igualitario entre ellas, manteniendo relegados y sometidos a los pueblos originarios, a los indígenas, e imponiendo una igualdad inexistente en la organización política del país.
Cuarto, porque el entramado normativo que establece para su modificación es perverso, ya que establece quórums tan altos para modificar aquellos aspectos que son esenciales para la oligarquía dominante que prácticamente nada se puede cambiar si ésta no lo acepta, y la oligarquía no ha aceptado jamás, en estos 30 años, afectar sus intereses económicos esenciales que esta Constitución protege.
- ¿Cuál es el camino –paso a paso- para cambiar la Constitución?
El problema no es cambiar o modificar la actual Constitución surgida de la dictadura, sino que es construir democráticamente una completamente nueva Constitución, a través de un mecanismo que asegure la más amplia participación de los chilenos, de los 14 años de edad para arriba. Hay al menos tres caminos institucionales para elaborar una Nueva Constitución, del más al menos participativo.
Primero, mediante una reforma a la actual Constitución, convocar a la elección popular de una Asamblea Constituyente, en que todos y cada uno de sus miembros son elegidos mediante una elección nacional. Los delegados pueden surgir de candidaturas levantadas tanto desde los partidos como desde las organizaciones sociales, sin barreras que en la práctica signifiquen discriminaciones o exclusiones ex ante y manteniendo una representación territorial y de género equilibrada; desde luego eso incluye que los pueblos originarios puedan elegir sus propios delegados, en una proporción correspondiente a la que tienen en la población del país y en los diferentes territorios de éste.
Habitualmente, mientras esta Asamblea está funcionando ella asume los poderes legislativos que detenta el Congreso, el que entra en receso definitivo, hasta que se elija el nuevo Congreso de acuerdo con las características y facultades que le establezca la nueva Constitución. En la normativa que rija la elección de la Asamblea se puede permitir o no que sean candidatos a delegados constituyentes los parlamentarios en ejercicio; en caso de que se les permita, tendrían que renunciar a sus cargos con al menos seis meses de anticipación a la fecha de la elección de delegados a la Asamblea y no pueden hacer uso de la ley de financiamiento de las campañas políticas para financiar sus campañas a delegado constituyente.
Segundo, una Constituyente Mixta, es decir, en que una parte de sus miembros (en proporción a decidir) pueden ser parlamentarios en ejercicio y otra parte pueden ser delegados elegidos mediante elección popular universal, de acuerdo a criterios y mecanismos que oportunamente se definan. Esto requiere una reforma a la actual Constitución para poder convocar a esta elección no contemplada en sus disposiciones. Para las y los candidatos a delegados constituyentes que no son parlamentarios tendrían que regir las mismas normas que en el caso de los delegados a la Asamblea Constituyente y sus campañas tendrían que ser financiadas por la ley de financiamiento de las campañas políticas, a fin de equiparar condiciones con las cuales fueron elegidos los parlamentarios que formarían parte de esta Constituyente Mixta y que posiblemente serían elegidos por sus pares tanto de la Cámara como del Senado.
Tercero, un Congreso Constituyente, en que mediante una reforma a la actual Constitución se otorga a los miembros del Congreso poderes constituyentes para que puedan elaborar una nueva Constitución, siguiendo, lo más probable (según el decir de algunos parlamentarios) el mismo mecanismo que usan para elaborar las leyes, es decir, invitando a quienes ellos estimen oportuno y por el tiempo que discrecionalmente decidan otorgarles, para escuchar sus puntos de vista, pero sin ningún mecanismo que garantice que esos puntos de vista serán recogidos; una variante de este mecanismo sería, también a través de una reforma a la actual Constitución, dar por terminado el mandato a los actuales parlamentarios y proceder a llamar a nuevas elecciones parlamentarias, teniendo el Congreso que de allí surja facultades constituyentes para elaborar la nueva Carta Magna.
Como puede apreciarse, todas estas alternativas contemplan como mecanismo viabilizante una reforma a la actual Constitución que se quiere cambiar, con los mismos altísimos quórums que tiene para aquellas reformas más sustanciales y que hasta hoy han impedido reformas más profundas a la misma. Es decir, se vuelve al gran obstáculo que ha impedido cambios profundos en el país (sin entrar al debate político acerca de si alguna vez hubo verdadera voluntad política de las fuerzas gobernantes progresistas, tanto Concertación como Nueva Mayoría, por hacerlos). La Derecha, especialmente sus sectores más ligados al legado pinochetista, la UDI, no va a dar su aprobación tan fácilmente a una reforma que permita contar con una Nueva Constitución, sin tratar de sacar algo a cambio ex ante. De modo que el paso más importante, decisivo, de todo este proceso, es cómo se va a travesar esta primera barrera; está claro que sólo los votos en el Congreso no darán el ancho, si no se sustentan en la gente movilizada, a fin de vencer la recalcitrante resistencia de los que siempre se han opuesto y opondrán a todo esfuerzo democratizador del país, la Derecha más dura de este país, que es la que ha tomado la conducción de los acontecimientos en estas semanas.
- ¿Por qué es necesaria una asamblea constituyente?
- Porque en estos días el país lo pide. Ya no se trata de un grupo de personas que viene promoviendo este mecanismo para lograr una nueva Constitución desde hace ya varios años. Ahora son los millones de chilenos movilizados por ya casi un mes los que lo exigen. La gente quiere decidir en qué marco jurídico nacional quiere desarrollar su convivencia y sus planes de vida. La gente comprendió, por su propia práctica cotidiana durante cuarenta años, que esa es la raíz ultima de la situación a que hemos llegado, con tan altos niveles de desigualdad, de injusticia y de abusos. Este no es un problema de eficacia jurídica de cuál es el mejor mecanismo; es un problema de entregar a la gente la capacidad de decidir directamente lo que quiere como país futuro, no más tutelas, no más intermediaciones políticas que finalmente no han respondido a sus aspiraciones y exigencias. Este es el hecho sociológico más profundo que se ha producido en estas semanas en Chile, que supera por lejos el hecho político de haberse desatado un movimiento con carácter de rebelión ciudadana, de desobediencia civil sostenida, que ha resistido la represión, la militarización, el que se le haya declarado la guerra por parte del gobierno.
- ¿Cómo se elige una asamblea constituyente?
Desde luego por votación popular. Los mecanismos concretos habrá que decidirlos entre el gobierno y organizaciones representativas de la sociedad civil movilizada, pero en lo que sí debemos ponernos de acuerdo es en el conjunto de criterios con los que esta elección debe cumplir. Desde luego, los partidos políticos no pueden tener el monopolio de las candidaturas que se levante, ya que su nivel de deslegitimación ante la ciudadanía los afecta a todos por igual y porque dentro de las normas constitucionales habrá que establecer algunas que cercenen de raíz el distorsionante clientelismo que se ha desatado en el seno de casi todos ellos.
- ¿Cuáles cree usted que son los plazos para hacer estos cambios?
- Los más cortos que sea posible, unos pocos meses, los mínimos necesarios como para poder contar legalmente con los mecanismos y recursos para llevar a cabo estas elecciones, modificaciones a la Ley de Elecciones y al Servel, establecer y habilitar un lugar de funcionamiento del Poder Constituyente (cualquiera sea el mecanismo por el que finalmente se llegue a éste), personal de apoyo, recursos para que los delegados puedan trabajar tiempo completo y moverse por el país realizando Cabildos para ir informando a la gente de cómo se va avanzando en la elaboración de la Constitución, etc.
- ¿Estás de acuerdo con un posible Congreso Constituyente? De ser así ¿Cómo habría que elegirlo?
Estoy rotundamente en desacuerdo con un Congreso Constituyente. Los parlamentarios, todos sin distinción, carecen hoy de la legitimidad ante la ciudadanía como para que se les entregue nuevamente la confianza para llevar a cabo una tarea tan fundamental para el futuro de la gente y del país. Es cierto, según ellos alegan, que todos fueron democráticamente elegidos. El detalle es que, al igual que el Presidente de la República (tanto el actual como la anterior), ellos fueron elegidos por una fracción minoritaria de los chilenos con derecho a voto, no más del 25%. Y hoy es ese otro 75% que no ha votado en las últimas elecciones el que ha salido a las calles para decir ¡basta!. Y eso incluye a los actuales parlamentarios. De hecho, voy más allá y creo que ningún parlamentario que lleve más de un período en el cargo debiera ir a la reelección en el nuevo Congreso que surja de la nueva Constitución.
- ¿Desea agregar algo?
- Lo que espero, en lo más profundo de mi ser, para que tanto dolor y sacrificio valga la pena, que el pueblo de Chile conquiste esta vez de verdad su futuro. Si nosotros, si quienes estuvimos al frente del país por décadas no pudimos o no quisimos, será la historia la que juzgue y pondere y ponga las cosas en su lugar así como el rol de cada uno de nosotros en todo este período. Lo que ahora importa es que quienes por acción u omisión no pudimos o no quisimos dar paso a los grandes cambios al que el pueblo chileno justamente aspira, no seamos un obstáculo para ello. Hoy uno puede ver cómo el establishment, asustado –y en eso incluyo al gobierno y a buena parte de lo que llaman la clase política– trata aun de mantener el control de los acontecimientos, para cambiar algunas cosas para que el fondo de todo siga igual y sigan detentando los privilegios del poder de los que han gozado por décadas.
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