El gobierno decretó zona de catástrofe en Las Condes tras el aluvión del jueves 8 de octubre. El fenómeno comenzó cerca de las 17:00 y la decisión llegó tres horas después, luego de un comité de emergencia encabezado por el ministro Alvarado. El balance oficial habla de seis lesionados, y no se han registrado fallecidos ni desaparecidos. La rapidez fue bien recibida por los afectados, pero reabrió una pregunta incómoda: por qué otras emergencias no tuvieron el mismo trato.

Julio en el norte

El 18 de julio, y luego de días del comienzo del sistema frontal, Senapred declaró alerta roja para toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. Al día siguiente la presión política crecía, y desde Interior transmitían que el estado de catástrofe estaba descartado por ahora. El ministro Alvarado dijo que los instrumentos vigentes bastaban para esa fase y que la decisión se revisaría el lunes, cuando hubiera un catastro más preciso de los daños.

El lunes 20 de julio, tras las presiones, Kast decretó el estado de catástrofe. Según El temporal había comenzado el día 14, es decir, cerca de seis días antes. Ese mismo día el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, calificó la situación de "sumamente crítica" y pidió zona de catástrofe y presencia militar. El balance de la emergencia fue de 13 fallecidos y cerca de 17 mil damnificados.

Cuando se cuestionó la demora, el Presidente la defendió diciendo que el estado de catástrofe no se hace "en un par de horas". Localidades como Alto del Carmen habían quedado aisladas por las lluvias. El jueves para Las Condes, el mismo decreto tardó unas horas.

La explicación oficial

Pavez sostuvo que para el gobierno todas las comunas son igual de importantes, y descartó un trato preferente hacia Las Condes. Aun así, atribuyó las diferencias de tiempo a la geografía, la conectividad y las capacidades municipales.

Dicho de otro modo, la capacidad de una comuna para levantar información y pedir ayuda incide en cuán rápido llega el Estado. El aluvión ocurrió en una zona de alto poder adquisitivo, y esa admisión deja abierta la discusión sobre si el sistema de respuesta favorece a los territorios mejor equipados para reclamarlo.

Talagante, sin decreto

El mismo jueves, Senapred pidió evacuar el campamento Ribera del Río por el desborde del Mapocho, y cerca de 600 personas fueron evacuadas. Un día antes, siete personas debieron ser rescatadas por aire tras quedar aisladas. La declaración de zona afectada por catástrofe, en cambio, se aplicó únicamente a Las Condes.

El alcalde Sebastián Rosas describió el lugar como una zona de alto riesgo, una "bomba de tiempo" con más de 620 viviendas en el cauce del río. No es una sorpresa para las autoridades: en febrero de 2025 la Delegación Presidencial ya había anunciado la decisión de erradicar el campamento.

El subsecretario Pavez sostuvo que la atención del gobierno también está puesta en Talagante, donde se realizaron evacuaciones y se habilitaron albergues, y recordó que el delegado Germán Codina visitó el campamento el martes para advertir sobre la crecida. Una visita preventiva y un albergue, sin embargo, no equivalen a las herramientas que habilita un decreto de catástrofe.

Preguntas que siguen abiertas

En Las Condes, el riesgo estaba identificado. Codina reconoció que existían riesgos aluvionales previos y que las mallas dinámicas acordadas con el municipio, el MOP y Senapred aún no estaban operativas. La alcaldesa Catalina San Martín dijo que los trabajos de acceso para instalarlas comenzaban el sábado 10, dos días después del aluvión, y la Fiscalía investiga eventuales responsabilidades.

La pregunta de fondo es si la velocidad de la respuesta depende de la gravedad de la emergencia o de quién la sufre. Con un campamento en el cauce del Mapocho evacuado una vez más, y un norte que esperó días por la misma medida, el gobierno tendrá que explicar con algo más que la geografía por qué la vara no fue la misma.