La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) rechazó, el pasado 29 de febrero, dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) que desde hace ochos años estaban en trámite a petición de dos comunidades huilliches en la región de Aysén, al sur de Chile. 

Desde un inicio, la solicitud de estos espacios —que corresponden a territorios marítimos administrados por las comunidades indígenas que hayan podido demostrar usos ancestrales sobre ellos— levantaron las alarmas de la industria salmonera que vió amenazada su expansión. “Nos preocupa la mala utilización de la Ley para obstaculizar sectores productivos”, ya señalaba en 2017 José Tomás Monge, gerente general de la asociación gremial de salmoneros, SalmonChile, respecto de la solicitudes de ECMPO. A meses de la votación para decidir la creación, o no, de esos espacios, los argumentos de la industria para oponerse a la solicitudes de las comunidades se instalaron con fuerza en el debate público. Sindicatos de trabajadores del salmón se pronunciaron ante las solicitudes cortando la carretera de Aysén con consignas que aludían a la necesidad de rechazar las solicitudes de ECMPO: “son desmesuradas y sobre todo atentan en contra de la paz social y el derecho a trabajar de los pescadores y salmonicultores desde la Región del Biobío hasta la de Aysén”.

Cinco horas de debate duró la votación en la CRUBC y si bien muchos de los votantes coincidieron en decir que la industria del salmón ha generado impactos al ecosistema marino, su voto no se sumó a favor de la protección de los espacios marítimos en cuestión.

Comunidades y organizaciones de la sociedad civil acusan una campaña de desinformación respecto de las ECMPO. Aseguran que confundieron a la población y a la CRUB con argumentos falsos sobre la imposibilidad de la industria salmonera para seguir operando con consecuencias negativas sobre el empleo y supuestas trabas a la pesca artesanal e incluso el turismo.

Daniel Caniullán, lonko (líder) de una de las comunidades solicitantes e integrante de la CRUBC, detalló que “es sorprendente que hayan sostenido argumentos para su rechazo que no tienen relación con la ley Lafkenche [la cual permite la creación de los ECMPO]. Por más que hayan insistido en que valoran esa ley, en la práctica demostraron lo contrario, pues de otra forma se habrían preocupado en instruirse adecuadamente”.

Los motivos para proteger el mar del sur

En la austral región de Aysén, pescadores y buzos esperan a que los fuertes vientos acompañados de intensas lluvias se retiren para así adentrarse en las gélidas aguas del océano Pacífico en el sur de Chile. De esta manera, las comunidades indígenas, descendientes del pueblo originario Huilliche, conocidos como los mapuches del mar, surcan acantilados para recolectar algas, arrancar mariscos de las rocas y pescar crustáceos como hacían sus ancestros.

Sin embargo, esa milenaria actividad pesquera se vio afectada tras la llegada de las concesiones acuícolas a la zona. A lo largo de varios años, la industria salmonera en Chile ha protagonizado diversos escándalos medioambientales y sanitarios que han perjudicado no sólo los recursos marinos, sino también la calidad de vida de los ciudadanos.

En el año 2016, 9000 toneladas de salmones muertos fueron vertidos al mar de Chiloé intensificando la marea roja hasta niveles nunca antes vistos, lo que causó, a su vez, una mortandad de peces sin precedentes y una profunda crisis social y económica. Este antecedente es fundamental para entender por qué las comunidades indígenas Pu Wapi y Antunen Rain solicitaron la protección de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) Las Guaitecas, de 227 271 hectáreas (ha), e islas Huichas de 393 945 ha.

Ese episodio fue un hito que marcó la vida de las comunidades indígenas. “Cuando vimos eso nos sentamos con las comunidades a dialogar y llegamos a la reflexión de que si el gobierno es cómplice de participar de ese desastre ambiental no podemos esperar a que se preocupen del bienestar de nosotros”, cuenta Caniullán, líder de la comunidad Pu Wapi. Por ello, tomaron cartas en el asunto e ingresaron las solicitudes de ECMPO, una figura de protección que comenzó a regir en 2008 cuando se promulgó la ley 20 249, también conocida como “Ley Lafkenche”, y que establece un procedimiento para reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas caracterizados por el uso ancestral de los recursos marinos.

El líder de la comunidad Pu Wapi explica que la zona marítima solicitada por esa comunidad se ubica a menos de 40 minutos de navegación del poblado de Melinka, lugar en el cual habita su comunidad. “Toda la vida hemos vivido de los recursos pesqueros que están ahí”, y aclara que el territorio de usos y costumbres utilizado por sus ancestros es mucho mayor que las más de 227 mil hectáreas solicitadas.

Daniel Caniullán a la izquierda trabajando de buzo. Foto: Daniel Caniullán

Caniullán también hace hincapié en que una parte de estos espacios solicitados “están dentro” de La Reserva Nacional Las Guaitecas, un área protegida que asegura está “completamente abandonada” por el Estado de Chile y donde existen más de 300 concesiones salmoneras. Por lo mismo, el lonko asegura que los territorios solicitados reforzarían la protección de esas zonas marítimas. “Nosotros vivimos y navegamos en el territorio. Sabemos cuidarlo mejor que nadie”.

La mayoría de las familias que conforman las comunidades indígenas que habitaban tanto en el archipiélago de Las Guaitecas como las comunidades que habitan en Islas Huichas, tienen un estilo de vida asociado al mar. Bien lo sabe Sofía Cabero quien trabaja como buzo desde los 12 años y como recolectora de algas desde los ocho.

Cabero, que además es la presidenta de la comunidad “Fotun Mapu”, que en mapudungún significa Hijos de la tierra, ha visto con sus propios ojos el deterioro que está sufriendo el fondo marino en Islas Huichas. “Los excrementos de los salmones y el sobre uso de antibióticos para tratar enfermedades en los peces han causado un crecimiento excesivo de algas y afectan negativamente el equilibrio natural del ecosistema marino”, asegura.

Tanto Caniullán como Cabero coinciden en que, además de los impactos de la industria salmonera, los recursos marinos de la región de Aysén también están siendo presionados por la sobrepesca. Según la presidenta de la comunidad indígena de Fotun Mapu, los bancos naturales más afectados son la Luga Roja (un tipo de alga), la Almeja y el Erizo (Echinoidea) y que “las solicitudes de los ECMPO son para proteger los pocos recursos que van quedando en nuestra región”.

El rechazo a los ECMPO

Luego de ocho años de tramitación, que por ley debieran ser dos, la Comisión Regional del Borde Costero (CRUBC) rechazó la creación de los dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Indígenas solicitados por las comunidades indígenas Pu Wapi y Antunen Rain.

La ley Lafquenche, a partir de la cual se crean los ECMPO, ha sido altamente cuestionada por varios gremios que operan en la zona. En este caso particular, uno de los puntos en conflicto tiene que ver con la delimitación del espacio costero marino solicitado por las comunidades indígenas que terminó siendo uno de los motivos que reiteradas veces los integrantes de la CRUBC utilizaron para rechazar ambas solicitudes.

Erwin Sandoval, presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) explica que, de acuerdo con la ley, la zona marítima destinada para la creación de un espacio marino costero “estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en él”. Sin embargo, las más de 600 000 mil hectáreas totales solicitadas causaron revuelo, sobre todo en la industria salmonera, que advirtieron un posible impacto “en las actividades portuarias, pesca industrial, artesanal, y hasta obras públicas”. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional que reúne a distintos actores productivos manifestó que Chile tiene que producir y desarrollarse con respeto al medioambiente, no llevando la producción a cero y “dejando sin trabajo a más de 5.000 personas en Aysén y una gran parte de la actividad de desarrollo en torno a los centros de cultivo. Si se entregan estos territorios, más de 120 pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras de esta industria podrían ver paralizadas sus actividades”, sostuvo.

Archipiélago de las Guaitecas. Foto: @Susannah-Buchan

Lorena Arce, co directora del Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, tildó de “malintencionados” los argumentos planteados por la industria salmonera. “Decir que pone en riesgo el 45% de la actividad salmonera en la región es simplemente falso. Los ECMPO no tocan ninguna de las concesiones, esas pueden seguir operando”, rectificó Arce.

“La industria salmonera impulsa una campaña de desinformación contra los ECMPO. Es falso que afectarán las concesiones vigentes en esa zona”, confirmó Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram.

El abogado Alejandro Correa, por su parte, quien es director de la Fundación Refugia, una organización que tiene como objetivo brindar soluciones socio-ecológicas integrales y quien ha seguido de cerca la ley lafquenche, asegura que las razones esgrimidas por la industria salmonera y el gobierno para rechazar las ECMPO denotan un desconocimiento o tergiversación del instrumento, pues “son aprensiones que justamente la misma ley prevé”. Según el profesional, la administración de los espacios costeros queda en manos de las comunidades indígenas, pero permite que otros usuarios se sigan beneficiando del espacio. “La ley no excluye a los pescadores artesanales del territorio, ni impide que sigan realizando sus actividades productivas”. Asimismo, Correa enfatiza en que “impedir el acceso a personas, el tránsito o la libre navegación dentro del espacio costero marino de pueblos originarios está prohibido por la misma ley”. Además, señala que el territorio solicitado por las comunidades no puede incluir áreas que ya estén concesionadas para otros usos, como es el caso de la salmonicultura. De hecho, Sandoval confirmó que las solicitudes de ECMPO consignaron y respetaron en su tramitación las concesiones de acuicultura ya existentes en esos espacios.

Otro de los motivos que se repitieron en la sesión de la CRUBC, tuvo que ver con una información entregada un día antes de la votación: un oficio emitido por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo encargado de realizar los planes de manejo de las áreas protegidas, señaló que la solicitud del ECMPO Las Guaitecas se superponía en un 46% con la Reserva Guaitecas. Ese hecho, por sí solo, inhabilitó la petición de la comunidad indígena Pu Wapi que, de ser aprobada, hubiese tenido que someterse a una modificación territorial.

Tras el rechazo de los ECMPO, Sandoval, el presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, explica que en lo inmediato las comunidades indígenas tienen un mes para presentar un recurso de reclamación ante la CRUB. Asimismo, dice agrega que “es jurídicamente procedente la interposición de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva. Para ello, las comunidades tienen un plazo de 30 días”.

En conversación con Mongabay Latam, el lonko Daniel Caniullán, líder de la petición del ECMPO Las Guaitecas, aseguró que si es necesario ir hasta Tribunales Internacionales, lo hará. “Estamos peleando por una causa justa y legítima persiguiendo la defensa de los territorios, la naturaleza, el futuro y nuestra supervivencia”.

*Imagen Principal: Archipiélago de las Guaitecas. Foto: @Susannah-Buchan