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Sábado, 23 de febrero de 2019
¿David vs Goliat?

Industria del vino enfrenta la rebelión de pequeños productores de uva

Maximiliano Alarcón G.
Camila Higuera
Vicente Valdivia

Los pequeños productores acusan a las grandes empresas de fijar precios de la uva por debajo del costo de producción y lejos de cualquier rentabilidad. Protestan, pero no hay normativa que los ampare y muchos se ven obligados a huir de una industria que cada vez se concentra más.

Hoy viernes 1 de febrero, a las 11 de la mañana, un grupo de pequeños productores de uva provenientes desde la región de Valparaíso hasta la del Bío Bío, se iban a reunir en la Plaza de Armas de Chillán para botar vino en las calles y regalar borgoña a los transeúntes.

No es una fiesta costumbrista del verano, sino una protesta que denuncia una situación de abuso por parte de la gran industria que compra la fruta para producir la bebida alcohólica.

El vino es uno de los productos más tradicionales de Chile y su industria es reconocida internacionalmente. Por ejemplo, Concha y Toro, fue seleccionada como la segunda mejor marca del mundo, según una encuesta realizada por la revista Drinks International en 2017.

También la industria ofrece números alegres, al menos para las grandes viñas. La misma Concha y Toro tuvo una ganancia neta de $49.575 millones, según su memorial anual publicada en 2018.

Pero la realidad es amarga para una parte importante de la cadena productiva. Los pequeños productores de uva vinífera acusan que los precios que pagan las viñas más poderosas por la fruta es considerablemente inferior al costo de producción de la misma, lo que no les deja ganancias y ha motivado que muchos dejen el negocio.

Cada día que pasó entre 2007 y 2015, un productor de uva vinífera tuvo que dejar su negocio. La mayor parte de ellos, pequeños propietarios. 

Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), los productores de uva entre 2007 y 2015 pasaron de ser 14.000 a 11.000. En otras palabras, 3.000 productores dejaron de serlo en el periodo. Esto equivale a 375 al año en promedio del periodo, es decir, uno diario. 

Y son los pequeños los que están desertando en beneficio de los grandes. Según la misma entidad, en 2007, el 72% de los productores pertenecía al grupo que posee cinco o menos hectáreas, mientras que en 2015 esa cifra es de 62%. Esto, en circunstancias en que el mismo reporte reconoce que la cantidad de viñas por sobre 50 hectáreas han crecido significativamente.

Este proceso de concentración de la propiedad productora de uva, tiene como principal causante la fijación de precios por parte de los grande productores de vino. Al ser los pequeños productores de uva vinícola dependientes monopsónicamente de un puñado de grandes empresas que se las compran y que no tienen la necesidad de competir en cada valle en particular (donde está la denominación de origen), no tienen otra alternativa que aceptar precios que a veces están por debajo del costo de producción. Y como tampoco es fácil reconvertir viñas en otros cultivos, terminan vendiendo. 

En conversación con INTERFERENCIA, Yenny Llanos, presidenta de la Coalición de Nacional de Viñateros de Chile -que integra a 28 agrupaciones de pequeños viñateros y que convoca a la protesta-  ofrece ejemplos concretos de lo que está pasando con los precios.

Según ella, en un valle emblemático como Colchagua, los productores de uva están recibiendo $150 por el kilo de su cepa francesa –una de las más finas– cuando el costo de producción está entre los $220 y $230 por kilo.

En el mismo valle, un productor de Colchagua recibirá $150 pesos por el kilo de uva blanca sauvignon, siendo el costo de producción promedio de $200 pesos.

En tanto, en sectores de la región del Ñuble, donde las cepas dominantes son moscatel de alejandría y la país, se están pagando apenas $100 por kilo, según Llanos, con costos parecidos de producción a los de Colchagua.

Otro antecedente respecto de los precios aparece en la propaganda de la Coalición de Viñateros, donde el productor Domingo Durán, campesino de avanzada edad, señala “¿Usted cree es posible que nos paguen 40, 60, 80 pesos por un kilo de uva? Es una burla. Que estos señores se pongan la mano en el corazón y nos den un precio más justo”.

En valles emblemáticos, como Colchagua, los productores de uva están recibiendo $150 por el kilo de su cepa francesa –una de las más finas– cuando el costo de producción está entre los $220 y $230 por kilo.

Poder de compra

Una de las particularidades de este mercado, es que mayoritariamente las partes no se ven las caras para negociar, sino que el precio se establece a través de un intermediario o corredor. Este se acerca al pequeño y mediano productor de la uva y le presenta el precio que pagarán las grandes viñas, ante el cual -según los testimonios de los pequeños proveedores- pocas veces tienen posibilidad de regatear, sino apenas la posibilidad de decidir si vender o no,

Algo que justifica la existencia de un mercado abierto de intermediarios es la presencia de una gran cantidad de productores con pequeñas hectáreas, lo que hace que el servicio de corretaje sea necesario dada la  multiplicación de transacciones. El registro de 2015 realizado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) cuantificó en cerca de 7 mil las propiedades de menos de cinco hectáreas vinícolas en el país, lo que da cuenta de la magnitud de las distintas compras posibles. 

Sin embargo, el corretaje promueve también la atomización de los productores más pequeños, quienes, sin una organización fuerte, y con pocos clientes finales (las viñas). no tienen poder negociador frente a los corredores, que marginan conservando un precio negociado con las grandes viñas, pero bajando lo más posible el precio a los productores más pequeños.

Gerardo Orellana, vicepresidente de la Coordinadora  Nacional para el Comercio Justo y presidente de la Red del Vino de Colchagua, relató a nuestro medio su experiencia con este proceso de transacción.

“Uno siempre tiene una cierta idea de cuánto puede ser la variación del precio, pero hay veces, como en la última negociación, en que el intermediario llega y dice ‘esto oferta la empresa’ y plantea una primera oferta muy por debajo del costo de producción. En ocasiones este intermediario mete presión y dice ‘firmen luego porque va a seguir bajando el precio’. Ante esto algunos hemos pedido una semana para pensarlo, pero nos lo niega porque dice que tiene que ser luego la respuesta”, relata el dirigente.

El conflicto por los precios data de hace tiempo. En junio de 2015 Llanos interpuso una denuncia por abuso de posición dominante de poder de compra ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Sin embargo, la institución desestimó que esta existiera, puesto que no identificó a un agente dominante entre los compradores. 

Sin embargo, si bien nominalmente son varias las grandes viñas y varios los intermediarios, la naturaleza de la producción de cada valle e incluso de cada hectárea, hace que la uva ahí producida sea única, y por lo tanto con un grupo muy reducido de clientes que responden a esa denominación de origen o incluso rango de calidad. 

Así que, a pesar del fallo, resuelto en mayo de 2017, los productores decidieron no detener las protestas de la organización contra el problema sustancial, que es el bajo precio de compra frente al costo de producción.

Sospechas de fraude en la vinificación

La falta de transparencia en los procesos de fijación de precios, influenciada por la presencia de un intermediario en la transacción, no permite establecer con claridad cuáles son los criterios utilizados en las ofertas.

Sin embargo, los pequeños productores tienen hipótesis respecto de elementos ilegítimos que estarían entrando en los criterios.

El primero es que piensan que las grandes viñas -frente a la necesidad de aumentar la producción- están introduciendo uva de mesa y agua en los procesos de vinificación, de modo que la uva de cepa vinícola es menos necesaria en la producción. En otras palabras, un fraude.

También los pequeños productores piensan que las viñas blufean con el sobrestock.

Yenny Llanos denuncia que en una publicación del 22 de febrero de 2016 en la revista El Campo de El Mercurio, la viña Concha y Toro anunciaba que no comprarían más uvas tintas por sobrestock, es decir por tener abundancia de uva en bodega, y que solo por el razones de responsabilidad social empresarial compraria el kilo de uva a 100 pesos a los pequeños productores.

Sin embargo, para Llanos, lo que trata de parecer una actitud magnánima, en realidad evidencia las fuertes asimetrías de información que existen en la industria, pues solamente la viña sabe su stock, y nadie puede siquiera estimarlo.

Según indicó la FNE tras la investigación realizada en 2016, pese a ir en contra de los pequeños productores, el fallo expuso una serie de comportamientos por parte de este sector industrial que atentan contra la competitividad de los productores de uva. Entre esto citaba justamente casos como el aviso de Concha y Toro. También el fallo emplazó a la Odepa  a mejorar su sistema de recopilación de información.

Frente a estas asimetrías de información del mercado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados intenta revertirla a través de un proyecto de ley que obligue a etiquetar datos relevantes.

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