“Al esqueleto grisáceo del edificio bautizado 'Aquarela', en el popular barrio Torices, le quedan máximo tres meses en pie”. Así informaba diario El País en su edición colombiana, tras un fallo en primera instancia del 31 de marzo, donde el Juzgado Décimo Segundo Administrativo de Cartagena de Indias ordenó a ese distrito y a los promotores derrumbar la totalidad de la estructura. 

“Su construcción, que iba por el décimo de una treintena de pisos estipulados, saltó al centro de la polémica en 2017 por haberse levantado en la periferia del centro histórico, un entorno que cuenta con una vigilancia especial de conservación patrimonial por parte del ministerio de Cultura y de la Unesco, que desde 1984 lo incluyó en su lista de lugares protegidos”, describía la pieza periodística en ese entonces.

El edificio 'Aquarela' se ubica en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas y al centro histórico de la Ciudad Amurallada. Autoridades nacionales e internacionales alertaron que esta obra afectará al paisaje histórico de la ciudad, a lo que se suma el uso irregular de los terrenos, pues parte de estos correspondían a espacio público.

El proyecto contemplaba la construcción de cinco torres, la licencia de la obra fue otorgada en 2014 por la Curaduría Urbana número 1 de Cartagena, pero las obras fueron detenidas en 2017, cuando la primera torre ya contaba con 25 pisos edificados.

El edificio 'Aquarela' se ubica en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas y al centro histórico de la Ciudad Amurallada. Autoridades nacionales e internacionales alertaron que esta obra afectará al paisaje histórico de la ciudad, a lo que se suma el uso irregular de los terrenos.

Desde entonces la obra entró en un limbo jurídico, fue sometida a cuatro procesos judiciales distintos y entidades como el Ministerio de Cultura habían solicitado su demolición, ante lo cual la Promotora Calle 47, encargada del proyecto, afirmó que para hacerlo deberían contar con una decisión judicial. Esta condición habría sido cumplida el 31 de marzo de 2023, con la decisión del juzgado.

En dicho fallo otorgaron un plazo de tres meses para realizar los estudios que permitan establecer el método más adecuado y seguro para realizar la demolición y se ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes.

Apelan a la demolición

El medio Semana informó ayer jueves que el fallo del juez fue apelado por el equipo jurídico del proyecto inmobiliario. Gilma Úsuga, vocera de 'Aquarela', manifestó que tras la decisión del juzgado y analizar el escenario, presentaron una apelación al fallo destacando tres puntos: Espacio público, Patrimonio cultural y Licencias de construcción en el marco de la legalidad.

“En el recurso de apelación, los abogados de la constructora reiteraron la inexistencia de vulneración y/o amenaza a los derechos colectivos, pues las decisiones adoptadas en el proceso policivo que ordena a la constructora la restitución de 24 m² de superficie (619 m² en vertical) se encuentran falsamente motivadas, por lo que ese fallo se encuentra demandado y en adición, la ocupación de espacio público no fue objeto de debate en este proceso (Acción Popular)”, informó el medio.

A su vez, en la apelación destacan la omisión de las pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demuestran la ausencia de afectación al valor universal excepcional del bien, y que no fueron tenidas en cuenta en la decisión. Por el contrario, se valoraron pruebas no idóneas para demostrar una supuesta afectación al Castillo San Felipe.

En el fallo de fines de marzo otorgaron un plazo de tres meses para realizar los estudios que permitan establecer el método más adecuado y seguro para realizar la demolición y se ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes.

Igualmente, desde la Alcaldía de Cartagena, se informó que el Distrito envió una solicitud de aclaración y adición de la sentencia que ordena la demolición del edificio Aquarela.

“Esta aclaración o los recursos que se presenten no afectan el cumplimiento de la orden de demolición dada por la Inspección de Policía, ni el convenio tripartito”, indicó la Alcaldía. 

Según informó el medio El Tiempo, el equipo jurídico de la Alcaldía de Cartagena también teme que se presente una ola de demandas, por parte de los compradores del proyecto inmobiliario, las cuales deberían ser asumidas por esa administración. De esa forma, desde el municipio alegan que la responsabilidad en la demolición debe estar en el Estado y no en el distrito, por lo que temen por los recursos que demande el proceso.