Es la derecha, no la izquierda, la que debe liderar el proyecto de legalización del aborto en Chile, y debiera hacerlo de la mano de los argumentos de Simone Veil, la doctora y ministra de salud, que lideró, en Francia, en los setentas, ese proyecto de ley, que allá se llamó, precisamente, "Ley Veil". Simone era una mujer conservadora, ministra de Valéry Giscard d'Estaing -un presidente de derecha-, era miembro, ella, además, de la "Union pour la Démocratie Française" (UDF), una alianza de partidos de derecha, que gobernaba una sociedad como la francesa de los setentas, en la que, si aún hoy se pueden escuchar los latidos de Luis XIV como radiación cósmica, imagínense como habrá sido ese ruido de fondo -católico- en los setentas. 

Pese a todo eso, Veil propuso la ley para la legalización del aborto porque entendió tempranamente que este era un problema que iba más allá de su moral, y que era, más bien, un problema de salud pública y de seguridad para las mujeres. Su argumento era simple y contundente: la legalización era necesaria para poner fin a los abortos clandestinos que ponían en peligro la vida de muchas mujeres. Gracias a esa posición, Veil redefinió el debate y lo llevó desde el terreno del bien y el mal, al de lo correcto y lo incorrecto, al terreno de la política, que se trata de la protección y el bienestar de las personas, en este caso, de las mujeres, no en terreno de la protección de los valores del individuo. 

La derecha en Chile debiera hacer lo mismo. El problema que tiene la derecha acá, es que les falta lo que a Veil le sobraba: altura moral. La ministra francesa había sido perseguida y recluida en el campo de concentración de Auschwitz, y luego en Bergen-Belsen, y aunque pocas veces habló del asunto del aborto y su enfoque de derechos humanos, desde su propia experiencia de vida, su dignidad y resistencia fueron personificados en ella, hasta convertirla en la portavoz de la lucha por los derechos y la seguridad de las mujeres. La derecha conservadora chilena en cambio, no puede hacer eso. No porque no hayan vivido personalmente la violación de sus derechos humanos, ni Dios lo quiera y porque no es necesario. Sino que, porque nunca mostraron empatía, ni buscaron justicia, ni arrepentimiento, y sus líderes, más encima, siguen reivindicando esas violaciones como necesarias y a sus perpetradores como si fueran las verdaderas víctimas. 

El problema que tiene la derecha acá, es que les falta lo que a Veil le sobraba: altura moral. La ministra francesa había sido perseguida y recluida en el campo de concentración de Auschwitz, y luego en Bergen-Belsen, y aunque pocas veces habló del asunto del aborto y su enfoque de derechos humanos, desde su propia experiencia de vida, su dignidad y resistencia fueron personificados en ella, hasta convertirla en la portavoz de la lucha por los derechos y la seguridad de las mujeres.

La izquierda, a su vez, también debe entender a Veil para encontrarse con la derecha por la legalización del aborto, y el requisito en este caso sí es moral. Veil remarcó siempre que su ley no promovía el aborto, sino que regulaba una realidad trágica. El aborto es eso, una realidad trágica. Propongo que la izquierda y la derecha unidas, sigan el camino de Somone Veil, que el gobierno aprenda de su enfoque ético y estratégico, que la derecha entienda que los derechos reproductivos son un asunto de derechos humanos y de salud pública, y que la izquierda, al revés, que también entienda que el problema, pese a todo, sigue siendo moral. 

El debate ahora está en la práctica, entre objetores de consciencia, y un reglamento con el que el gobierno busca que el estado contrate en la salud pública personas que no sean objetoras del derecho a abortar de las mujeres. Creo que el camino debiera ser otro. Las creencias personales deben ser respetadas, al mismo tiempo que los profesionales de salud deben ser capaces de separar sus creencias personales de sus obligaciones profesionales y garantizar que las políticas y leyes se apliquen. Así como Veil era, en estricto rigor, conservadora y estaba en contra del aborto, los profesionales de la salud deben entender que tienen como misión el bienestar público. El Estado debe abrir este debate, no cerrarlo imponiendo un reglamento discriminatorio, para que profesionales, trabajadores y grupos de mujeres expliquen sus puntos de vista, y encuentren terrenos en común y soluciones. 

Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todas las ciudadanas tengan acceso a servicios médicos, incluyendo el aborto, luego, la objeción de conciencia no puede impedir el acceso a las mujeres a su salud reproductiva. En la práctica, esto significa que los hospitales y clínicas deben garantizar que si un médico se niega a realizar un aborto debido a su objeción de conciencia, otro médico debe estar disponible en la institución para poder realizar el procedimiento. 

En definitiva, Simone Veil nos muestra un camino de sacrificio, que debieran aprender políticos y funcionarios de la salud, en el que ella demostró que un pecado no puede interponerse entre ella y el cumplimiento del mandato supremo de su propia creencia, que era el bienestar general de su comunidad.