Prensa diaria opositora sólo existió en los últimos tres años de dictadura y jamás economistas del gobierno tuvieron que enfrentar a una televisión con espíritu crítico. La Contraloría renunció de hecho a ejercer su tarea fiscalizadora y el Poder Judicial, con muy pocas pero relevantes excepciones, se sometió a los deseos del régimen.
Fueron condiciones ideales para llevar adelante un experimento de laboratorio, al cual estaban acostumbrados a trabajar estos economistas durante sus años de formación teórica.
En rigor, el modelo no habría podido aplicarse con el grado de radicalidad que alcanzó, sin el concurso de la represión política y las numerosas violaciones a los derechos humanos. Sin la supresión de las libertades cívicas y la expulsión de los profesores que no compartían las ideas de los Chicago boys en universidades, centros culturales y otras instituciones de formación.
El temor retardó pero no impidió la manifestación del descontento y, si bien entonces contribuyó al fortalecimiento del gobierno, hoy constituye un pesado lastre moral para los economistas neoliberales. En 1989, en las postrimerías del régimen militar, ellos hacían enormes esfuerzos por tratar de probar su adhesión al libre juego de las ideas y a la plena participación democrática.
En el plano estrictamente económico, es cierto que dos agudas recesiones internacionales se abatieron sobre la economía chilena durante 16años. Asimismo, es preciso reconocer que el régimen militar tuvo que enfrentar el desorden económico generalizado que heredó de la Unidad Popular.
No es menos cierto, sin embargo, que las políticas extremas puestas en vigor por los Chicago boys exacerbaron las consecuencias sociales para los más postergados. Entre los errores más graves cometidos por estos economistas se cuentan la radical apertura al exterior, inmediatamente después de la recesión de 1975, que contribuyó a la quiebra de centenares de importantes industrias, con el saldo de miles de trabajadores cesantes; la liberalización de la cuenta de capitales en forma desmedida, que llevó al país a asumir la deuda externa más grande de su historia; la aplicación de las recetas de libre mercado en el sector agrícola, que condujo a la ruina a miles de agricultores y la fijación artificial del tipo de cambio en 39 pesos por dólar para- por esta vía- controlar definitivamente la inflación.
En ocasiones los Chicago boys tuvieron que enfrentar una mordaz, severa y exagerada crítica económica. Por ejemplo, economistas opositores estimaron -en medio de la crisis de 1982-83- que era imposible reducir el desempleo de la abismante cifra que alcanzó durante esa recesión, superior al 30 por ciento a niveles de un dígito antes del año 2000. Un pronóstico opositor -ahora exagerado- estimó que la deuda externa podría ascender a 35 mil millones de dólares en 1990.
Las críticas, empero, muchas veces ajustadas a la realidad, nunca tuvieron acogida en el equipo económico del general Pinochet.
El resultado más elocuente de la brecha entre la gestión de los Chicago y las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía, fue la derrota' del general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. El candidato único, quien representaba la continuidad del proyecto neoliberal, confió plenamente en el supuesto éxito económico que habría conseguido el ministro Hernán Büchi, luego del "ajuste estructural" aplicado a partir de 1985 según la receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
La derrota del general Pinochet en el referéndum sirvió para demostrar que los frutos del modelo estaban aún verdes. Además, aunque hubiesen estado maduros, sus resultados no eran suficientes para contrarrestar el repudio mayoritario de los chilenos a un régimen que había conculcado las libertades políticas. Si los estrategas del régimen quisieron neutralizar el descontento con los resultados económicos, como lo insinuó la propaganda en favor del continuismo durante la campaña del plebiscito, sencillamente se equivocaron. Los esfuerzos por reducir el desafío político a unos cuantos logros macroeconómicos fueron inútiles.
Las protestas nacionales que impulsó la oposición desde 1983 fueron manifestaciones de rechazo masivo a las políticas económicas. Quienes golpearon las cacerolas o prendieron fogatas repudiaron también la nula acogida a las demandas sociales más urgentes y la exclusión de que eran víctimas por parte del modelo. No obstante lo anterior, la política económica y las bases del modelo de Chicago quedaron incólumes después del plebiscito. Primero, el régimen no depuso -y es más, intensificó- algunas de las iniciativas que habían sido rechazadas por la votación popular. Además, hubo una actitud benevolente de los opositores frente al desafío de la estabilidad post pinochetista. En los hechos, los partidos políticos de oposición tomaron en cuenta la amenaza latente que implicaba la permanencia de Pinochet en posiciones estratégicas hasta mucho después de instaurado el gobio democrático. El temor por un nuevo golpe u otro acto de fuerza que hiciera peligrar el retorno ordenado a la democracia tenía altamente preocupados a los opositores. Por este motivo, decidieron que no era el momento de discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de introducir cambios profundos en el modelo de Chicago.
Persuadidos, además, por la necesidad de no repetir las experiencias desastrosas sufridas por los países vecinos en sus propios procesos de reinstauración democrática, los opositores escogieron la estabilidad económica como una meta que tuviera el mismo nivel de importancia que la normalización político-institucional. Esto porque entendían, además, que difícilmente sin estabilidad económica habría normalidad política. Desde otro ángulo del análisis, Pinochet le estaba demostrando a los opositores que su mayor proeza como gobernante no había sido el aplastamiento por la fuerza de los ideales socialistas, sino la imposición de un modelo económico con posibilidades de vencer a éstos a través de elementos de juicio fáciles de penetrar en la vida cotidiana.
La maquinaria económica estaba en marcha y muy bien aceitada para que siguiera funcionando, incluso en medio de las amenazas de convulsiones políticas que pudiera desatar la campaña por las elecciones generales del 14 de diciembre de 1989. En estas circunstancias, los opositores tenían muy poco que hacer. Lo único que arriesgaban con no pronunciarse en torno al hecho de que el modelo seguía su marcha, era la posibilidad de controlar anticipadamente las demandas sociales. En especial, aquellas reivindicaciones más confrontacionales.
Lo que preocupó sobremanera a los partidos políticos de distinto sello en la última etapa del régimen de Pinochet fue su intento de dejar aún más atado el modelo. La continuidad de la privatización de empresas públicas y las leyes de autonomía del Banco Central y del llamado Estado empresario, que reduce el marco de la competencia económica y productiva de éste, pretendían garantizar la permanencia del modelo de los Chicago boys en el largo plazo .Estas últimas legislaciones, con rango constitucional, implicarían, en la práctica, la imposibilidad de cambiar las cosas con la rapidez que querían algunos. Previamente, deberá lograrse un amplio consenso político que se exprese a través de una alta mayoría en el Congreso. Vale decir, alcanzar un acuerdo amplio de los sectores no continuistas con al menos parte de la derecha, considerando la existencia de nueve senadores -casi un quinto de la Cámara Alta- designados por Pinochet.
Así se daban las cosas para el modelo de Chicago cuando estaba a punto de quedar desprovisto de la férrea protección del régimen militar. Mientras tanto, para enfrentar este momento crucial, seguía contando con la simpatía de los acreedores internacionales de los organismos multilaterales de crédito y de los inversionistas extranjeros. Este reconocimiento surgía, básicamente, del buen desempeño macroeconómico y de la estabilidad en las reglas del juego.
Nueva misión para Hacienda y Economía
Los ensayos libre mercadistas que comenzaron a gestarse en forma descompasada desde los primeros días del golpe militar, se transformaron en una práctica más coherente a partir de 1975. El 12 de abril de ese año, el Diario Oficial publicó el Decreto-Ley 966 que le entregó al ministro de Hacienda amplias facultades para conducir la economía e introducir profundas reformas en los sectores fiscal y público. Este cambio y el Programa de Recuperación Económica que el titular de Hacienda, Jorge Cauas, dio a conocer el 24 de abril de 1975 constituyeron el comienzo del quiebre definitivo de la economía planificada que se había aplicado en las últimas décadas en el país. Al mismo tiempo daba inicio a la aplicación del modelo de Chicago propiamente tal.·
Desde ese momento el Ministerio de Hacienda pasó a tener el rol más importante en la conducción económica, desplazando al Ministerio de Economía. Este último quedó con un papel operativo de las determinaciones de Hacienda. Al cabo de algunos años, Economía tenía una misión intrascendente, debido a la privatización de la mayoría' de las empresas que antes controlaba.
En los gobiernos anteriores Economía planificaba, administraba recursos y daba directrices al resto de los ministerios y organismos vinculados con el quehacer económico. Este ministerio determinaba las políticas fiscales, fijaba precios, otorgaba subsidios, regulaba la actividad industrial y comercial, gestionaba empresas e, incluso, disponía del crédito a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
No fue un simple afán coyuntural para enfrentar la transformación de la economía chilena lo que permitió transferir responsabilidades y funciones del Ministerio de Economía al de Hacienda. Detrás estuvo la firme voluntad de los Chicago boys de desplazar radicalmente el centro de las decisiones económicas del gobierno, desde el Ministerio de Economía, acostumbrado a disponer de las finanzas públicas para los propósitos del gobierno, al de Hacienda, obligado a lo contrario: a que los recursos existentes se ajustaran a los objetivos políticos.
El cambió del poder de gestión entre ambas carteras fue una medida prioritaria para llevar a cabo las drásticas reducciones presupuestarias contempladas en el tratamiento de shock de Cauas.
Reducción del tamaño del Estado
Sin embargo, un elemento escapó al manejo y, tal vez, al diagnóstico del equipo económico en el período fundacional del modelo: la lentitud del sector privado para adaptarse a los cambios, que a la larga tendían a favorecerlo. Los empresarios no estaban suficientemente enterados del firme propósito de los Chicago boys de refundar el capitalismo chileno. Tampoco tenían la suficiente convicción de que simples tecnócratas sin experiencia empresarial pudieran culminar un plan tan ambicioso de reformas.
Para los Chicago boys el Estado es sinónimo de socialismo y cualquier política que tienda a restarle importancia es muestra de convicción libertaria. En la ideología que subyace en la institucionalidad económica que heredará la democracia, el libre mercado
En.1975 el modelo se estaba recién esbozando y el sector privado, en general, seguía aferrado a las ideas proteccionistas. Estaba más que habituado a la existencia de un Estado dirigista, que controlaba o incidía de modo decisivo en la casi totalidad de la actividad económica.
Por eso hubo tempranas deserciones en los gremios patronales que apoyaron el golpe de 1973. Como la del ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) Orlando Sáenz, quien después de haber sido uno de los hombres claves de la oposición al gobierno de Allende, pasó a ser asesor de la Junta Militar. Sáenz renunció a mediados de 1974:
- Me fui del gobierno por el estilo agresivo e insensible con que los Chicago boys comenzaron a manejar la economía y por el asunto de los derechos humanos.
Al cabo de 16 años, el rasgo más sobresaliente de la nueva institucionalidad económica era la reducción del tamaño del Estado. Esta obra, a juicio del ex ministro de Economía Pablo Baraona:
-Constituye la acción más trascendente de todas las llevadas a cabo por el gobierno de las fuerzas armadas en el campo económico. ·
Para los Chicago boys el Estado es sinónimo de socialismo y cualquier política que tienda a restarle importancia es muestra de convicción libertaria. En la ideología que subyace en la institucionalidad económica que heredará la democracia, el libre mercado
Es determinante por sobre el resto de las actividades humanas. A partir de esta concepción es que la salud, la educación, la justicia, el deporte y la cultura pasan, obligadamente, por el desafío de responder al test de la eficiencia económica. El proyecto neoliberal chileno, que surgió de la combinación entre el autoritarismo político y el capitalismo liberal, es parte de una concepción global.
-El neoliberalismo representa una visión totalizante, una verdadera cosmovisión sobre el hombre y la sociedad basada en un concepto limitado y particular de libertad, elemento central que condijo na las proposiciones neoliberal es en torno a las organizaciones, instituciones y procesos políticos, económicos y sociales.
Distribución regresiva del ingreso
A pesar del exitismo económico que mostró el oficialismo en los últimos años de régimen militar, el descontento de amplios sectores de la población era un hecho evidente. Hacia 1988y 1989 la situación económica chilena descollaba en el continente latinoamericano. Prueba de ello era la elevada tasa de crecimiento que en 1988 alcanzó al 7,4 por ciento y en el primer semestre de 1989 al 10 por ciento.
La tesis del chorreo de los Chicago boys es propia de un régimen de fuerza que tiene férreamente controlado el descontento político. Pero difícilmente es sostenible en democracia, cuando las demandas se expresan con mayor libertad y cuando los conductores de la economía tienen que dar cuenta regularmente al país sometiendo su gestión al veredicto periódico de la ciudadanía, a través de las elecciones democráticas.
A partir de 1988 el gobierno de Pinochet, por primera vez, pudo mostrar cifras de crecimiento propiamente tales, ya que hasta entonces la economía sólo se había estado recuperando de las dos crisis que vivió desde 1973 en adelante. A fines de 1988 el Producto Geográfico Bruto (PGB) recién logró recuperar el nivel que había alcanzado hacia 1981, el que ascendió a 383.551 millones de pesos, en moneda de 1977. El PGB en 1988 en la misma moneda anterior alcanzó a 427.530 millones de pesos, es decir, fue 11,5 por ciento superior al de 1981.
No obstante lo anterior, la tasa de incremento del PGB en el período 1982-1988 fue francamente mediocre, en comparación con la registrada entre1974 y 1981. El ritmo promedio de aumento fue 3,9 por ciento, entre 1974 y 1981; y en el período 1982-1988 alcanzó al 1,8 por ciento. Esta última cifra, si se la compara con el crecimiento vegetativo de la población, da como resultado una virtual anulación: mientras el PGB se expandía en un 1,8 por ciento, la población del país lo hacía al 1,7 por ciento.
Este hecho, en otras palabras, significa que durante los últimos años del régimen militar contados hasta 1988, el crecimiento económico fue prácticamente cero desde el punto de vista de las personas.
Fueron siete años de estancamiento en los que la economía en su conjunto estuvo dedicada a recuperarse de la profunda crisis en que cayó en 1982. Por esta razón, difícilmente podría aceptarse la tesis de que la economía había despegado y que estaba llevando a Chile a un rápido abandono del subdesarrollo, tal como lo pregonaba la propaganda oficialista.
El alto crecimiento del PGB alcanzado en 1988 tampoco sirvió para recuperar el nivel de ingreso por persona logrado en tiempos del boom consumista de los años 1979 a 1981. Recién en el primer semestre de 1989 se logró superar la barrera de aquellos años.
Las cifras correspondientes a 1980 y 1981 son anormalmente altas debido a que por entonces el tipo de cambio oficial estaba fijo en 39 pesos por dólar, medida que la crisis posterior demostró que había sido errada. El ingreso per cápita, que muchos organismos internacionales usan como índice del nivel de riqueza de un país en relación con el número de habitantes, no fue del todo satisfactorio para Chile en el régimen militar. De hecho, según cifras del Banco Mundial', hacia 1987 el país exhibía una bajísima tasa de incremento de este indicador, de apenas 0,2 por ciento anual.
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Tanto en el monto de ingreso per cápita como en el incremento de este indicador, en 1987 Chile estuvo, en el contexto internacional, muy por debajo de países como Costa Rica, Malasia, México, Uruguay, Panamá, Argentina, Gabón, Venezuela y Trinidad y Tobago.
En el ámbito de los resultados sociales, en las postrimerías del régimen militar, tampoco se podía hablar fácilmente de un desempeño satisfactorio. Hacia 1988 y 1989 todavía era posible advertir las secuelas de los cambios estructurales y las profundas heridas inferidas al cuerpo social por la crisis de 1982-83.
La violenta caída de los ingresos y del consumo de las personas; el alto desempleo, que recién a mediados de 1988 retomó a la tasa de un dígito; el ostensible descenso del gasto fiscal; la marcada tendencia regresiva de la distribución de la riqueza; la baja de los impuestos y la disminución deliberada del poder de negociación de los trabajadores, condujeron a un inevitable aumento de la pobreza en el país. Así se desprende de las cifras del propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un informe sobre la evolución de los ingresos medios de los hogares entre1978 y 1988.
Debido a las bajas tasas de incremento de sus ingresos, las familias chilenas que bregaban por abandonar el nivel de extrema pobreza no podían hacerlo sino a costa de un enorme esfuerzo, dadas las difíciles condiciones que les imponía el marco económico. Algo similar le ocurrió a las clases medias que no pudieron ingresar al estrato de altos ingresos.
Pero la observación aún más desalentadora de la evolución de los ingresos en el decenio 78-88 tiene que ver con la enorme desproporción que se produjo entre los estratos bajos, medios y altos. En este decenio aumentó peligrosamente la brecha entre los que reciben mucho y los que ganan poco. Sencillamente, porque del total de aumento del ingreso medio por hogar en el período (246.820 pesos), el estrato alto, correspondiente al 20 por ciento de la población, se llevó el 80,3 por ciento. En cambio, el resto de los estratos se repartió el 19,7 por ciento del incremento total del ingreso medio por hogar en el período.
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Hacia diciembre de 1988, la mitad de la población del país, es decir, 6.300.000 personas (según cifras del mismo INE), estaba por debajo del nivel mínimo de subsistencia. Recibían menos de 44.320 pesos al mes, que en ese momento correspondía al costo de la canasta mínima de alimentos definida por Ja Organización Mundial de la Salud (OMS), y otros organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Es más, si se consideran otros gastos imprescindibles como vivienda, vestuario, locomoción y pago de servicios de electricidad; agua potable y combustible, el costo de la canasta sube a 74.094 pesos mensuales por familia.
De los mismos ingresos detectados por el INE entre octubre y diciembre de 1988 (Encuesta Suplementaria de Ingresos), se puede deducir lo siguiente: que al menos el 70 por ciento de la población de Chile no estaba en condiciones de satisfacer a plenitud el costo mínimo de subsistencia de 74.094 pesos, según los datos recogidos por el organismo estatal en la IV Encuesta de Presupuestos Familiares.
Lo ocurrido cori la participación de los distintos estratos sociales en la torta de ingresos totales del país, es también motivo de desaliento en el balance del último período de gestión económica del régimen militar con un grave deterioro en la distribución entre 1978 y 1988.
De aquí se desprende claramente que en diez años el sector más rico de la población, es decir el decil 10, fue el único que incrementó espectacularmente su participación en el total de ingresos del país. Pasó de acaparar un 36,2 por ciento del ingreso en 1978, al 46,78 por ciento en 1988. Del resto de deciles, sólo el 1 tuvo un leve aumento, para pasar del 1,28 por ciento de participación en los ingresos totales al 1,63 por ciento de éstos. Todos los demás deciles experimentaron notables bajas, destacando los deciles 6,8 y 9, los cuales redujeron en casi dos puntos su participación en la torta de la riqueza. Esto implica que fueron las clases medias las que más sacrificaron sus ingresos en beneficio del sector más rico. Exactamente, este último aumentó 10,26 puntos su participación en la torta.
Si se toman en cuenta los datos del INE se llega a una deducción aún más grave. Hacia 1988 en realidad existían en Chile sólo dos clases sociales marcadas: una muy rica y numéricamente pequeña, y otra pobre o muy pobre y numerosa. Esto porque, según estadísticas del INE, el 70 por ciento de la población del país recibía en diciembre de 1988 ingresos inferiores a la canasta mínima de gastos que por esta fecha ascendía a 76.094 pesos, y el 30 por ciento restante, o sea 3.780.000 chilenos, tenía acceso a una situación económica muy holgada.
Con estos antecedentes' no se puede hablar de desarrollo equitativo y menos de justicia distributiva. En este plano el modelo de Chicago fracasó rotundamente y cualquier intento por superar esta realidad, recurriendo a mecanismos más eficientes que los usados hasta ahora (1989) para distribuir la riqueza, sólo podría ser motivo de tranquilidad para quienes aspiran a conservar y perfeccionar este modelo en el largo plazo.
El deterioro distributivo ha sido tan grande que ni siquiera con el aumento de tributos propuesto por los partidos de la Concertación por la Democracia podría satisfacerse (en 1990) el cúmulo de demandas insatisfechas que le legaran los Chicago boys a los gobiernos futuros.
La tesis del chorreo de los Chicago boys es propia de un régimen de fuerza que tiene férreamente controlado el descontento político. Pero difícilmente es sostenible en democracia, cuando las demandas se expresan con mayor libertad y cuando los conductores de la economía tienen que dar cuenta regularmente al país sometiendo su gestión al veredicto periódico de la ciudadanía, a través de las elecciones democráticas.
La nueva ley minera
Dispuestos como estaban a reducir el tamaño del Estado, los Chicago boys emprendieron una fuerte ofensiva contra la presencia de éste en el sector minero, hacia fines de la década del setenta. .
Era contradictorio con el modelo el hecho de que una empresa estatal, Codelco-Chile, controlara por sí sola más del 60 por ciento del ingreso de divisas al país por concepto de exportaciones. Los Chicago boys intentaron por todos los medios convencer al general Pinochet para que diera curso a la privatización de esta empresa "monstruo", como la llamaba Sergio de Castro.
Sin embargo, se encontraron con una fuerte resistencia, no sólo de Pinochet, sino que también en el alto mando del Ejército y de la Armada.
La disputa tomó un curso dramático cuando en 1979 se daban los últimos toques al proyecto de Constitución que Pinochet sometió a plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Los Chicago boys quisieron impedir que la carta fundamental incluyera la propiedad estatal de la gran minería del cobre, y de otros recursos naturales de gran importancia, como él petróleo y los minerales estratégicos.
Los economistas neoliberales fracasaron, pero no olvidaron la idea de sacar a Codelco de la Constitución. El 24 de octubre de 1989, en un seminario para inversionistas extranjeros, el ex ministro de Minería José Piñera sostuvo que "es propio de un país subdesarrollado poner a una empresa como Codelco en la Constitución"·
La discusión abarcó también el tema más amplio de la propiedad privada en minería. Los Chicago boys quisieron eliminar de la Constitución las referencias explícitas al control estatal sobre las riquezas del subsuelo. Lo que pretendían era evitar que, por una tentación corporativista o por influencia militar, el Estado se diera a la tarea de expandir su presencia productiva en el sector. Aspiraban a dejar despejado el horizonte para los inversionistas privados, chilenos y extranjeros. ·
Auto convencidos de su poder de persuasión, los Chicago tenían preparado el plan de privatización de Codelco, a fines de 1979. La propuesta consistía básicamente en dividir al "monstruo" en varias empresas menores, para de esta forma facilitar su venta al sector privado. Informado de estos intentos el vicepresidente de Codelco, coronel Gastón Frez, organizó de inmediato la resistencia. Su mejor aliado en esta tarea fue el ministro de Minería, contralmirante Carlos Quiñones.
Ambas iniciativas de los Chicago boys no tuvieron fortuna. La Constitución del 80 mantuvo casi intacto el precepto introducido en la reforma constitucional de 1971, mediante el cual el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre, del hierro y del salitre.
Los economistas de Chicago esperaron el momento oportuno para volver a la carga. Esto ocurrió en 1981, cuando José Piñera reemplazó a Quiñones en la cartera de Minería. Con el argumento de que los inversionistas extranjeros no venían a Chile por las supuestas irregularidades legislativas en la propiedad minera. Piñera ideó un nuevo mecanismo, conocido como "concesión plena". Luego se encargó de elaborar las "leyes orgánicas constitucionales" para el sector, las que entrañan en vigor junto con el nuevo Código de Minería. La "concesión plena" constituyó, en la práctica, un resquicio para restarle eficacia a la disposición constitucional que señalaba el dominio absoluto del Estado sobre la propiedad minera.
La jugada magistral de Piñera aspiraba a ponerle trabas a las eventuales expropiaciones que se realizaran en el marco de la· nueva legislación. Para expropiar, el Estado tenía que pagar al afectado una indemnización equivalente a toda la riqueza posible de calcular en el yacimiento, a través de la estimación del estado presente de los flujos futuros de aquella riqueza. Esta facultad hizo virtualmente imposible la posibilidad de expropiación reconocida por la Constitución.
La nueva legislación ofreció garantías extraordinarias a los inversionistas privados y condicionó explícitamente el papel del Estado en el sector. Si a esto se agrega las posteriores modificaciones a la tributación que afecta a los inversionistas extranjeros, se advertirá que el gobierno militar hizo todo lo posible por tenderle una alfombra de bienvenida al capital foráneo.
No conformes con esto, en 1989 los Chicago boys intentaron una ley de amarre, para evitar que en el futuro Codelco fuera administrada con el criterio de los gobiernos de turno. La idea era darle mayor autonomía a la empresa estatal, a través de la constitución de una administración independiente, y con la designación de un directorio central.
No obstante lo anterior, desde el punto de vista del futuro de la empresa estatal era preocupante el afán de la iniciativa legal que intentaba, además, restringir el giro de Codelco a la explotación y comercialización del cobre, impidiendo con ello la expansión de la empresa.
(*) - Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.
(*)- Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).
Mañana: Último capítulo.
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