Los recientes accidentes fatales en la minería chilena vuelven a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿estamos evaluando la seguridad de nuestras operaciones con la misma rigurosidad con que medimos la productividad, los costos y la rentabilidad?

Las noticias del 13 y 14 de octubre de 2026 informaron de trabajadores fallecidos en Illapel y Taltal, a los que se sumaron dos víctimas en El Teniente. Son tragedias que deben investigarse individualmente, con rigor técnico y sin anticipar conclusiones sobre sus causas. Sin embargo, su coincidencia temporal exige revisar las condiciones estructurales en las que se desarrolla el trabajo minero.

La seguridad no puede reducirse al cumplimiento documental, a las charlas de inicio de turno o a la existencia formal de procedimientos. Debe examinarse también cómo se organiza el trabajo, qué recursos se asignan, cuáles son las condiciones reales de ejecución y qué incentivos reciben quienes deben cumplir las metas productivas.

Aquí aparece una dimensión que merece mayor atención: la relación entre las empresas mandantes y sus contratistas.

La paradoja: maximizar la rentabilidad y debilitar las condiciones que la hacen posible

En nuestro análisis de la paradoja del cobre chileno hemos planteado una contradicción fundamental: un país con enormes recursos minerales puede desaprovechar parte de su potencial cuando la gestión de sus activos privilegia la extracción de valor inmediato por sobre el desarrollo de capacidades productivas sostenibles.

En numerosas operaciones brownfield —faenas existentes que buscan prolongar su vida útil, aumentar su rendimiento o recuperar productividad mediante modificaciones y mejoras—, la presión por optimizar los activos puede convivir con estrategias contractuales centradas en reducir precios, transferir riesgos y exigir mayor productividad a los proveedores.

El problema no es buscar eficiencia. El problema aparece cuando la reducción de costos debilita las condiciones técnicas, económicas y humanas necesarias para operar de manera segura.

Una licitación adjudicada al menor precio no garantiza el menor costo total. Si el presupuesto resulta insuficiente para mantener equipos, renovar herramientas, disponer de personal competente, ejecutar mantenimiento preventivo o respetar los tiempos de intervención, el ahorro inicial puede trasladarse a otras partidas: fallas, detenciones, retrabajos, incidentes, pérdida de continuidad operacional y deterioro de la capacidad productiva.

No se puede afirmar, sin investigar cada caso, que estas condiciones hayan causado los accidentes recientes. Sí corresponde preguntar si los modelos de contratación y sus mecanismos de control están creando incentivos incompatibles con una gestión preventiva eficaz.

El contratista: la cadena más débil de la operación minera

El contratista suele encontrarse entre dos exigencias: cumplir los estándares operacionales de la compañía mandante y mantener la viabilidad económica de un contrato adjudicado bajo condiciones comerciales exigentes.

Cuando se combinan precios insuficientes, plazos ajustados, cambios de alcance, multas, pagos demorados y una distribución desequilibrada de los riesgos, la empresa contratista puede terminar absorbiendo contingencias que no controla plenamente.

La presión se transmite a toda su estructura. Puede afectar la inversión en equipos, la disponibilidad de repuestos, la retención de trabajadores experimentados, la capacitación y la capacidad de mantener equipos de respaldo. También puede incentivar una organización del trabajo en la que cada hora improductiva se considera un problema económico, incluso cuando detener una tarea es la decisión técnicamente correcta.

Estas son hipótesis que deben verificarse mediante contratos, registros de mantenimiento, dotaciones, jornadas, presupuestos de seguridad, reportes de incidentes y antecedentes de fiscalización. Pero ignorarlas sería renunciar a investigar una parte relevante de la organización productiva.

La precarización no necesariamente comienza con la ausencia de un procedimiento de seguridad. Puede comenzar mucho antes, cuando las condiciones económicas de un contrato hacen cada vez más difícil disponer de los recursos necesarios para ejecutarlo correctamente. Y cuando el contratista pierde capacidad financiera, técnica y operacional, el trabajador termina expuesto a las consecuencias de decisiones tomadas mucho más arriba en la cadena de contratación.

Los contratos leoninos también pueden perjudicar al mandante

La discusión no debe plantearse como una confrontación entre grandes compañías mineras y proveedores. El problema es sistémico.

Un contrato desequilibrado puede favorecer transitoriamente a la empresa mandante en la negociación de precios, pero también puede deteriorar el desempeño de su propia operación.

Si un proveedor no logra sostener la inversión necesaria, la mandante puede terminar enfrentando:

–Menor disponibilidad y confiabilidad de equipos.

—Pérdida de conocimiento técnico y experiencia operacional.

—Mayor rotación de trabajadores y dificultades para retener especialistas.

—Incumplimientos de plazos, retrabajos y costos de supervisión adicionales.

—Interrupciones operacionales e investigaciones derivadas de incidentes.

—Riesgos legales, reputacionales y económicos cuando se comprueban incumplimientos de las obligaciones de seguridad.

En minería, una faena no funciona de manera aislada. Depende de una red de empresas que suministran mantenimiento, transporte, ingeniería, montaje, reparación, servicios especializados y equipos.

La productividad del mandante es, en buena medida, una función de la capacidad de esa red.

Por ello, debilitar financieramente al proveedor crítico puede significar debilitar también la continuidad operacional del activo que se pretende rentabilizar.

La eficiencia de una compañía minera no debería medirse solamente por cuánto consigue reducir el precio de sus contratos, sino también por la confiabilidad, la seguridad y la capacidad productiva que obtiene a cambio.

La responsabilidad de las empresas mandantes no desaparece con la subcontratación

En Chile existe un marco jurídico que obliga a examinar esta relación con especial atención.

La Ley N.º 20.123 regula el trabajo en régimen de subcontratación. Además, el artículo 183-E del Código del Trabajo establece obligaciones de protección respecto de todos lostrabajadores que laboran en la obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. La Ley N.º 16.744, por su parte, contempla obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Esto tiene una consecuencia importante: contratar un servicio no equivale a externalizar íntegramente la responsabilidad por la seguridad de quienes lo ejecutan.

La responsabilidad jurídica concreta debe establecerse según los hechos, las obligaciones aplicables y las eventuales infracciones. No todo accidente implica automáticamente responsabilidad de la mandante. Sin embargo, tampoco resulta suficiente atribuir el problema exclusivamente al empleador directo cuando existen condiciones de trabajo, sistemas de coordinación o decisiones operacionales que deben ser examinados en el ámbito de la faena.

Por eso, la investigación de un accidente debería considerar no solo la conducta inmediata del trabajador, sino también la planificación de la tarea, la evaluación de riesgos, la supervisión efectiva, la aptitud del equipo, la capacitación, las condiciones contractuales relevantes y las decisiones que pudieron influir en la ejecución del trabajo.

Una investigación seria no busca un responsable predeterminado: busca reconstruir la cadena de hechos y determinar qué barreras fallaron y por qué.

Seguridad y productividad: una falsa dicotomía

Existe una contradicción cuando una organización declara que la seguridad es su prioridad, pero sus mecanismos de evaluación y contratación premian principalmente la producción, el cumplimiento de plazos y la reducción de costos.

Si los incentivos económicos no reconocen el valor de detener una operación insegura, corregir una deficiencia o ejecutar mantenimiento preventivo, la prevención puede quedar subordinada a los objetivos comerciales.

La seguridad efectiva exige coherencia entre el discurso, el presupuesto, la planificación, la supervisión y las decisiones de producción.

Esto también implica evaluar si los trabajadores y supervisores pueden informar condiciones inseguras sin temor a represalias, si las empresas contratistas disponen de recursos suficientes y si los indicadores de desempeño consideran la calidad de la ejecución, la confiabilidad de los equipos y la eficacia de las medidas correctivas.

No se trata de reducir la productividad para mejorar la seguridad. Se trata de comprender que una productividad sostenible depende de controlar los riesgos capaces de destruir vidas, equipos, capital y continuidad operacional.

La paradoja también se refleja en el desarrollo productivo del país

Chile necesita aprovechar mejor su riqueza mineral. Para ello debe invertir, innovar, mantener sus instalaciones, desarrollar proveedores especializados y elevar la productividad de sus operaciones.

Pero una estrategia centrada exclusivamente en extraer más valor de los activos existentes puede volverse contraproducente si erosiona las capacidades que sostienen la producción.

Los proveedores mineros no son un costo periférico de la industria. Constituyen parte de su infraestructura productiva, tecnológica y humana.

Cuando una empresa contratista pierde capacidad para invertir, innovar y retener talento, no solo se deteriora su posición comercial. También puede debilitarse el ecosistema industrial del que dependen las propias compañías mineras.

La paradoja consiste en pretender aumentar la rentabilidad de la minería mientras se debilitan algunos de los recursos humanos y empresariales necesarios para mantenerla.

¿Qué debería cambiar?

Chile necesita avanzar hacia una evaluación de la contratación minera que incorpore el costo total y el riesgo operacional, y no solamente el precio de adjudicación.

Esto requiere, al menos, cinco líneas de acción:

1. Evaluar la sostenibilidad económica de los contratos. Las licitaciones deben considerar si los recursos, los plazos y las condiciones de ejecución permiten cumplir los estándares técnicos, laborales y preventivos exigidos.

2. Revisar la distribución de los riesgos. Los contratos deben asignar las contingencias a quienes pueden gestionarlas efectivamente, con reglas transparentes para los cambios de alcance, las interferencias operacionales y las modificaciones de las condiciones de trabajo.

3. Vincular los indicadores comerciales con la seguridad real. El desempeño no puede evaluarse únicamente por toneladas, horas disponibles o costos unitarios. Debe incorporar mantenimiento, confiabilidad, controles críticos, calidad del trabajo y cierre efectivo de las medidas correctivas.

4. Fortalecer la supervisión de la cadena de contratación. La mandante debe verificar que los estándares de seguridad se traduzcan en recursos, procedimientos y controles efectivos, incluidos los niveles de subcontratación que correspondan.

5. Investigar los accidentes con una perspectiva sistémica. Los organismos competentes y las empresas deben establecer las causas inmediatas y organizacionales, identificar fallas de control y publicar las lecciones preventivas que puedan aplicarse a otras operaciones, respetando las investigaciones en curso.

El objetivo no es proteger a un proveedor ineficiente ni impedir que las compañías negocien mejores condiciones. Es evitar que la competencia por precio termine premiando estructuras incapaces de sostener un trabajo seguro y técnicamente competente.

La vida de un trabajador no puede ser una variable residual

Cada accidente fatal deja una familia, compañeros de trabajo y una comunidad afectada. También obliga a preguntar qué decisiones, controles y condiciones hicieron posible que ocurriera.

En una industria de alta complejidad técnica, no basta con exigir responsabilidad individual. Es necesario examinar cómo interactúan la ingeniería, la gestión operacional, la contratación, la supervisión y la prevención de riesgos.

La minería necesita eficiencia, disciplina de costos y rentabilidad. Pero ninguna de estas metas tiene sentido si se construye sobre condiciones que deterioran la seguridad o destruyen las capacidades de los proveedores.

La pregunta que Chile debe hacerse es si estamos rentabilizando nuestros activos mineros o, en determinados casos, consumiendo las capacidades humanas y empresariales que permiten mantenerlos productivos.

Esa es una dimensión de nuestra paradoja del cobre que merece ser discutida con evidencia, transparencia y responsabilidad.

Porque una minería verdaderamente competitiva no es aquella que consigue el contrato más barato, sino aquella que puede producir de manera segura, confiable y sostenible sin trasladar a sus trabajadores ni a sus proveedores los costos que no está dispuesta a reconocer en sus propias decisiones. Los últimos accidentes fatales en Codelco, BHP, y pequeñas faenas mineras, tienen algo en común, no importa el “tamaño de la billetera”, si esta no se abre para cuidar a su activo mas preciado, las persona, porque resulta paradójico que una persona encuentre la muerte justamente en donde eligió ganarse la vida.

*Erik Aguirre es ingeniero, magíster, empresario proveedor de la minería y dirigente gremial.