Chile enfrenta una contradicción económica que merece una discusión mucho más profunda que las habituales disputas entre oficialismo y oposición.

Somos el principal productor mundial de cobre, contamos con importantes reservas minerales y participamos de una industria estratégica para la electrificación, la transición energética y el desarrollo tecnológico del planeta. Sin embargo, esa posición privilegiada no se ha traducido en una expansión productiva proporcional a nuestras oportunidades.

A esta contradicción la hemos denominado la paradoja del cobre chileno.

Mientras los altos precios internacionales pueden elevar los ingresos por exportaciones, mejorar los resultados de las grandes compañías y aumentar la recaudación fiscal, la producción física enfrenta restricciones estructurales y muchas empresas proveedoras no necesariamente experimentan el mismo dinamismo.

Conviene precisar que el mayor precio del cobre no garantiza por sí solo mayores utilidades para todas las compañías, ni más empleo o actividad para todos los territorios. Los costos de extracción, la disminución de las leyes minerales, el envejecimiento de los yacimientos y los ciclos de inversión también importan.

La paradoja aparece precisamente cuando confundimos el buen desempeño del precio de nuestro principal recurso natural con el desarrollo económico integral del país.

La magnitud de la divergencia queda expuesta en los resultados financieros: BHP informó para Escondida un EBITDA subyacente de US$12.400 millones en su año fiscal 2026, un 45% más que el período anterior. Anglo American registró en sus operaciones de cobre en Chile un EBITDA subyacente de US$1.658 millones durante 2025, inferior a los US$2.049 millones de 2024. Antofagasta plc, matriz de Antofagasta Minerals (AMSA), obtuvo un EBITDA de US$5.202 millones en 2025, un 52% más que el año anterior y un récord para el grupo. Glencore reportó un EBITDA ajustado consolidado global de US$13.500 millones en 2025, 6% menos que en 2024. Esta última cifra comprende diversos negocios y países, no solo cobre ni operaciones chilenas; AMSA tampoco debe clasificarse simplemente como una transnacional extranjera. Son magnitudes y períodos distintos que no corresponde sumar como si constituyeran un único EBITDA de la minería chilena.

El contraste es particularmente severo en la actividad real: según el Banco Central, en agosto de 2026 la minería cayó 17,4% interanual, principalmente por menor extracción de cobre, afectada por leyes minerales, mantenciones y condiciones climáticas. El IMACEC total retrocedió 1,0% interanual, mientras el no minero creció 1,4%. No se trata de una caída de 17,1%, ni de una contracción de igual magnitud de toda la economía. 

La riqueza que no estamos transformando en crecimiento

Durante años, Chile ha concentrado una parte importante de su inversión minera en mantener, ampliar o prolongar la vida útil de operaciones existentes.

La Comisión Chilena del Cobre estima una cartera de inversión minera de US$104.549 millones para el período 2025–2034. Sin embargo, aproximadamente el 81% corresponde a iniciativas brownfield, vinculadas a operaciones existentes.

Esto no significa que esos proyectos sean innecesarios. Muchos resultan indispensables para compensar el agotamiento de depósitos, incorporar tecnología y sostener la producción nacional. El problema surge cuando una estrategia predominantemente defensiva termina sustituyendo una política de expansión de nuestra frontera minera.

Cuando se posterga la apertura de nuevos distritos mineros, también se postergan oportunidades de ingeniería, construcción, mantenimiento, transporte, innovación y empleo regional.

La riqueza minera no es solamente lo que extraemos del subsuelo. Es también aquello que somos capaces de construir sobre él.

Del estancamiento productivo a la estrechez fiscal

La discusión sobre el ajuste fiscal chileno suele comenzar por el gasto público. Sin embargo, existe otra pregunta igualmente importante: ¿por qué nuestra economía no está generando suficiente crecimiento estructural para financiar sosteniblemente sus necesidades?

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha presentado su proyecto de Presupuesto 2027 con un incremento global del gasto de 1,5% respecto de la ejecución proyectada de 2026. No estamos, por tanto, frente a una reducción agregada del presupuesto, sino a una redistribución de prioridades acompañada de recortes específicos.

Es legítimo exigir responsabilidad fiscal. Ningún país puede sostener indefinidamente compromisos que excedan su capacidad de financiamiento. También es necesario evaluar los programas públicos y eliminar gastos ineficientes.

Pero la responsabilidad fiscal no consiste exclusivamente en gastar menos. Consiste en utilizar los recursos disponibles de manera que también se fortalezca la capacidad futura del país para producir, innovar, trabajar y recaudar.

Un ajuste puede mejorar el balance fiscal de corto plazo y, al mismo tiempo, deteriorar las condiciones de crecimiento de largo plazo si reduce inversiones socialmente productivas.

El computador de un niño y el futuro productivo de Chile

En medio de esta discusión aparece una decisión presupuestaria particularmente significativa.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Kast deja sin financiamiento explícito las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, asociadas históricamente a programas como Yo elijo mi PC.

Durante 2026, esta política permitió entregar computadores a más de 96.000 estudiantes, con recursos cercanos a los $35.000 millones.

El Gobierno ha defendido la medida argumentando que las evaluaciones muestran resultados insuficientes en los aprendizajes. Corresponde reconocer que existen antecedentes técnicos que respaldan la necesidad de mejorar el programa.

Una evaluación de la Dirección de Presupuestos identificó limitaciones para demostrar mejoras significativas en rendimiento académico y asistencia escolar, pero también resultados positivos en acceso y uso de tecnologías.

Por tanto, el debate no debería reducirse a defender un programa simplemente porque existe, ni a eliminarlo únicamente porque no logró demostrar todos sus resultados esperados. La pregunta es qué alternativa propone el Estado para garantizar que los estudiantes de menores ingresos desarrollen competencias digitales.

Un computador, por sí solo, no asegura una buena educación. Pero disponer de uno, acompañado de conectividad, docentes capacitados y herramientas pedagógicas adecuadas, puede contribuir a desarrollar capacidades fundamentales para participar en una economía cada vez más digitalizada.

Necesitamos más tecnología, no menos oportunidades

La industria minera chilena enfrenta desafíos que exigirán trabajadores, técnicos, ingenieros y emprendedores cada vez más preparados.

Automatización industrial, inteligencia artificial, robótica, mantenimiento predictivo, análisis de datos y sistemas de control remoto ya forman parte de la transformación productiva de la minería.

Un niño que aprende a programar, investigar, modelar información o resolver problemas mediante herramientas digitales podría convertirse mañana en un técnico especializado, un ingeniero, un investigador o un empresario capaz de generar soluciones para nuestra industria.

No todos elegirán ese camino. Pero todos deberían contar con oportunidades razonablemente equivalentes para decidir su futuro.

En regiones mineras como Antofagasta, no basta con producir enormes cantidades de riqueza si sus habitantes no desarrollan las capacidades necesarias para participar de las cadenas de valor que esa misma riqueza genera.

La verdadera transformación productiva comienza cuando convertimos recursos naturales en capital humano, conocimiento y empresas competitivas.

La responsabilidad fiscal también exige pensar en la próxima generación

El Gobierno tiene razones atendibles para revisar la eficiencia del gasto público. Pero existe una diferencia entre eliminar una política ineficaz y abandonar el objetivo público que esa política buscaba resolver.

Si entregar computadores sin acompañamiento pedagógico no produjo los resultados esperados, la respuesta puede consistir en rediseñar el instrumento: incorporar formación digital, establecer indicadores verificables, mejorar la conectividad y evaluar resultados en el tiempo.

La pobreza no se supera únicamente mediante transferencias monetarias. También se enfrenta ampliando las capacidades de las personas para aprender, producir, emprender y acceder a empleos de mayor productividad.

Presidente Kast: ¿qué país queremos construir?

La paradoja del cobre nos enfrenta a una decisión estratégica. Podemos continuar dependiendo principalmente de la extracción de recursos naturales, administrando sus ciclos de precios y ajustando periódicamente el gasto público. O podemos avanzar hacia una economía capaz de generar mayor valor agregado, desarrollar proveedores nacionales, incorporar tecnología y formar capital humano.

Ambos caminos requieren disciplina fiscal. Pero el segundo exige también una visión de desarrollo que trascienda el resultado presupuestario de un año.

El Gobierno sostiene que el programa de computadores no ha demostrado suficiente efectividad. Esa objeción merece una respuesta técnica, no simplemente ideológica. Pero la misma exigencia debe aplicarse a la decisión de retirarle el financiamiento: ¿qué evidencia demuestra que eliminarlo, sin una alternativa equivalente claramente definida, permitirá mejorar las oportunidades de los estudiantes vulnerables?

Un país puede ser extraordinariamente rico en recursos minerales y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades en el acceso al conocimiento. Ese es uno de los desafíos fundamentales de nuestra paradoja del cobre.

Y las preguntas finales deben formularse sin rodeos: ¿es justo que una operación como Escondida, de BHP, registre un EBITDA históricamente alto mientras proveedores locales denuncian que controversias contractuales terminan en arbitrajes costosos, capaces de poner en riesgo su continuidad? La existencia de un arbitraje no demuestra por sí misma un abuso ni permite atribuir quiebras específicas sin evidencia judicial y financiera. Pero sí obliga a discutir las asimetrías entre mandantes y pymes. ¿Cuánto tiempo pueden resistir los proveedores locales una caída minera de 17,4% como la observada en agosto? Y, presidente Kast, ¿cómo evalúa el riesgo de aumentar la frustración social al retirar financiamiento a derechos y oportunidades percibidas como esenciales, como el acceso a computadores escolares? ¿Qué hará su Gobierno para evitar que esa frustración se transforme nuevamente en una crisis de conflictividad y violencia, en lugar de responder con más crecimiento, equidad y diálogo?

*Erik Aguirre es ingeniero, magíster, empresario proveedor de la minería y dirigente gremial