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Sábado, 24 de agosto de 2019
Viviendas sociales integradas

Las dudas respecto del decreto del Minvu que busca evitar la segregación urbana

Joaquín Riffo Burdiles

Hace poco el Ministerio de Vivienda aprobó dotarse a sí mismo de mayores atribuciones discrecionales para cambiar el uso de suelos, si se trata de proyectos de viviendas sociales en terrenos que cuentan con accesos próximos a distintos servicios urbanos. Con esto busca incentivar que los habitantes más vulnerables no vayan a los márgenes de las ciudades. Pero -a la vez- abre poderosos incentivos a la especulación inmobiliaria, pues confiere a los seremi de la capacidad de saltarse la normativa general, sin contrapesos. 

El pasado 10 de julio el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aprobó el decreto supremo N° 56 mediante el cual aquellos proyectos sociales de viviendas integradas -es decir, aquellas que estén conectadas a los principales servicios urbanos- podrán acceder a beneficios de normas urbanísticas -en otras palabras, permisos de edificación- solicitando al Minvu solamente una resolución fundada que lo autorice.

En concreto, se trata de polígonos (terrenos) que pueden acogerse al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, al Programa de Integración Social y Territorial y otros que contemplen viviendas destinadas a la aplicación de subsidios habitacionales que cumplan con algunas características particulares asociadas a la vulnerabilidad de los beneficiados y a la dotación de servicios urbanísticos de los terrenos. 

Por ejemplo, los polígonos serán definidos en función de su cercanía con servicios urbanos tales como estaciones de metro, ferrocarriles urbanos, vías segregadas para el transporte público, establecimientos educacionales, centros de salud, equipamientos deportivos o culturales y parques, entre otros. 

Dicha medida busca frenar la segregación de los beneficiarios de viviendas sociales, pues trata de impedir que los proyectos vayan cada vez más a extramuros de la ciudad. 

Sin embargo, el decreto también puede convertirse en caldo de cultivo para la especulación sobre el valor de los suelos. 

Esto, pues mediante una simple resolución de un seremi -el cual podrá fijar normas urbanísticas para un polígono determinado, es decir, caso a caso- podrá alterar por completo en esos paños específicos la normativa respecto de altura máxima de la edificación, coeficiente de constructibilidad, densidad, rasantes, superficie predial mínima y dotación de estacionamientos que hubieren determinado los planes reguladores comunales (PRC) de las municipalidades del país.

Así lo advierte Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, quien manifestó a INTERFERENCIA que “este mecanismo se inscribe dentro de un mercado con severas restricciones al recurso suelo, donde se transan aproximadamente el equivalente a 7.000 millones de dólares anualmente, lo que ilustra el apetito de algunos interesados por el tema".

Según Herman, "modificar caso a caso, terreno por terreno, las normas urbanísticas que lo afectan, donde se altera discrecionalmente el valor del suelo hasta en más de diez veces su precio, no es precisamente una buena ni sana política pública. Menos aún, cuando ello se hará mediante resoluciones administrativas discrecionales, es decir, a gusto del funcionario de turno”.

A juicio del presidente de esta fundación “es muy probable que rápidamente se crearán verdaderas mafias en torno a las Seremi de Vivienda o de la División de Desarrollo Urbano (DDU), buscando comprar terrenos baratos por las normas restrictivas que lo afectan derivadas de los planes reguladores comunales, para luego vender a un alto precios los terrenos que se incluyan en las mencionadas resoluciones, que liberan normas urbanísticas, allí donde antes estaban severamente limitadas”.

En conversación con INTERFERENCIA Herman también criticó que “las referidas resoluciones discrecionales del Ministro de Vivienda también estarán exentas de la evaluación ambiental estratégica que exige la Ley 19.300 sobre medio ambiente, y también estarán exentas del examen preventivo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, dado que estarán exentas del trámite de toma de razón”.

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