La quiebra de Curauma S.A., iniciada en diciembre de 2013, ha puesto al 2º Juzgado Civil de Santiago bajo la lupa. Las denuncias de manipulación en la asignación del caso, sumadas a la desaparición de activos valorados en más de 500 millones de dólares, configuran una narrativa de despojo, según el empresario Manuel Cruzat y dueño de la iniciativa inmobiliaria en cuestión.

La solicitud de quiebra de la compañía inmobiliaria, presentada por su exdirector, Julio Bustamante Jeraldo, el 19 de diciembre de 2013, fue asignada a dicha instancia judicial, la cual -según Cruzat- ha perjudicado sus intereses de manera sistemática.

Según los denunciantes, la asignación de este juzgado es altamente cuestionable, ya que desafió las normas habituales de distribución por carga de trabajo. En ese sentido, considerando que el 6º Juzgado manejaba 14.027 casos y el 2º tenía 15.200, la probabilidad de que el caso recayera en el 2º Juzgado era mínima; tan solo 0,175% (1,75 en 1.000), aseguran. 

Este hecho sugiere una posible manipulación intencional del algoritmo utilizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Según la versión de Curauma, el síndico Millán Nicolet, actuó antes que la Junta de Acreedores y en una acción posteriormente sancionada como "conducta temeraria", traspasó activos fundamentales de Curauma a Euroamerica.

Bajo la dirección de la jueza Inelie Durán Madina, el 2º Juzgado designó a César Millán Nicolet como síndico en el caso Curauma. Según la versión de Curauma, Millán Nicolet, actuó antes que la Junta de Acreedores y en una acción posteriormente sancionada como "conducta temeraria", traspasó activos fundamentales de Curauma a Euroamerica Seguros de Vida. Este movimiento, es valorado en más de 500 millones de dólares, y Cruzat lo califica como un “despojo orquestado”. 

Aunque el registro de Curauma fue cancelado administrativamente el 13 de febrero de 2014 (mediante la Resolución Exenta N°052 de la Superintendencia de Valores y Seguros), las disputas legales derivadas de este caso se han prolongado hasta la actualidad.

Entre las acciones legales que se han llevado a cabo hasta la fecha, es pertinente recordar que en noviembre de 2022 Manuel Cruzat Infante presentó una querella por delitos informáticos, respaldada por los abogados Sabas Chahuán y Jésica Torres, denunciando un “sabotaje informático” en la asignación al 2º Juzgado Civil. 

En conversación con Interferencia, la jurista Jésica Torres explicó que “la querella por delitos informáticos se sustenta en que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) alteró los algoritmos de asignación de causas, para asignar la quiebra de Curauma S.A al  2° Juzgado Civil de Santiago, en circunstancias que correspondía conocer al 6° Juzgado Civil de Santiago, por ser el tribunal con menor cantidad de ingresos totales, según lo informado por esa Corporación a la Corte Suprema a petición de don Manuel Cruzat”. 

la CAPJ no ha colaborado en la entrega de información en el ámbito de la querella, por lo que nos vimos en la obligación de plantear una querella por obstrucción a la Investigación en contra de Ricardo Guzmán Sanza, ex director de la CAPJ, y de Andreina Olmo Marchetti, directora suplente del mismo organismo.

Torres además dice que “el 2° Juzgado dictó diversas resoluciones irregulares entre 2013 y 2014: nombró un síndico vinculado a EuroAmérica Seguros de Vida S.A. quien hizo entrega de los inmuebles en disputa a EuroAmérica, antes de la primera Junta de Acreedores; cerró un acuerdo con EuroAmérica a espaldas de los acreedores y de la fallida, llamando luego a una Junta de Acreedores para su aprobación, ello significó el desistimiento de las acciones civiles y penales que Curauma había planteado; rechazó recursos sin recibir prueba; tuvo por verificado créditos sin respaldo y basados en un arbitraje inexistente que favorecían a EuroAmérica; declaró verosímiles esos créditos otorgándoles poder decisorio en juntas de acreedores; impuso trabas económicas para presentar incidentes, rechazó recursos de la fallida por motivos ilegales. Estas actuaciones, en conjunto, consolidaron el despojo de los activos de Curauma S.A.”

LATAM y Don Balta

Otro caso relevante que fue asignado al 2° Juzgado, pero que debió ir -por procedimiento y probabilidades- al 15° Juzgado, fue el de Insolvencia Transfronteriza de LATAM. La acción de la jueza posibilitó que LATAM se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Esto le permitió a la aerolínea reorganizar sus deudas sin mayores contratiempos, aunque a costa de perjudicar a los acreedores minoritarios y evadir un proceso judicial en Chile. En dicha oportunidad, el querellante a cargo fue el empresario Jorge Said Yarur. 

También existe la causa de la Quiebra de Don Balta, en la que se asignó nuevamente al 2° Juzgado Civil de Santiago, en circunstancias que debió haber conocido el 17° Juzgado Civil de Santiago.

"Este caso es más evidente la manipulación ya que la CAPJ contesta a la Corte Suprema que deshabilitó el Tribunal que correspondía por haber ingresado una causa con mucho documentos, reconociendo que existió una alteración del algoritmo, sin explicar la razón ni la autorización, ni los protocolos que lo habilitaban para ello”, sostuvo la abogada de Curauma.

“En el caso de la quiebra de la Inmobiliaria Don Balta S.A. se despojó de la propiedad de un inmueble a personas que nunca fueron emplazadas al proceso de acción revocatoria, lo que a pesar de ser inexplicable, fue respaldado por resoluciones judiciales emanadas de ese tribunal”, apuntó la profesional. 

En ese sentido, Torres apunta que “estoy convencida que no existe un sistema suficientemente seguro de distribución de causas. Es extremadamente fácil la manipulación, y la CAPJ no ha colaborado en la entrega de información en el ámbito de la querella, por lo que nos vimos en la obligación de plantear una querella por obstrucción a la Investigación en contra de Ricardo Guzmán Sanza, ex director de la CAPJ, y de Andreina Olmo Marchetti, directora suplente del mismo organismo, acción que se encuentra actualmente en investigación. 

“Solicitada la elaboración de una auditoría a la Excma. Corte Suprema una vez que la CAPJ evacuó los informes solicitados por don Manuel Cruzat en 2022, esta fue denegada. Estoy convencida que bajo el actual escenario, la respuesta debiera ser distinta, para resguardo de la transparencia y confianza de las Instituciones”, aseguró.