La decisión unánime del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de formular cargos contra Canal 13 por el reportaje sobre la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura emitido en Teletrece Central de Canal 13, el 12 de octubre de 2025, marca un precedente relevante en la defensa del derecho a una comunicación responsable y respetuosa de los derechos fundamentales. No se trata de un mero conflicto editorial. Estamos ante un caso emblemático de vulneración de la presunción de inocencia, daño a la honra y reproducción de prácticas mediáticas que, lejos de informar, instalan culpabilidades sin sustento judicial.

En el reportaje de CNTV presentó como responsables de los hechos a los hijos de la víctima, pese a que la investigación del Ministerio Público se encuentra en curso, sin que exista una sentencia a firme. La reiterada exposición de identidades, imágenes y antecedentes preliminares, sin el debido contexto ni distancia informativa, configuró una narrativa acusatoria que anticipa la realización de juicios penales en la pantalla, desconociendo la dignidad inherente de las personas involucradas.

Aunque algunos consejeros precisaron que su voto se concentró exclusivamente en la afectación a la presunción de inocencia, el acuerdo del CNTV es claro: la televisión no puede transformarse en tribunal ni la especulación en verdad informativa.

La revictimización y el montaje racista contra la familia de Julia Chuñil

Para la familia de la defensora mapuche de la naturaleza, el reportaje de Canal 13 no fue un error aislado, sino que es parte de un montaje mediático y judicial que se reitera permanentemente. Denuncian públicamente el empleo de “testigos protegidos” sin respaldo verificable, la manipulación de datos y la construcción de una narrativa que intenta desviar la atención sobre la existencia de amenazas y de conflictos legales y territoriales que rodeaban a Julia Chuñil antes de su desaparición.

El programa de Tele Trece Central difundió información sobre la existencia de pruebas de ADN de Julia Chuñil encontradas en su hogar, pero sin indicar que se había comprobado que ellas  correspondían a animales.

La concentración de los medios de comunicación cuando se combina con conflictos de alta connotación socioambiental y territorial, exige de estándares aún más altos de ética periodística. La televisión abierta tiene un impacto formativo directo en amplios sectores de la opinión pública y, como tal, no pueden ser parte de estrategias de montajes judiciales, reproducción de lógicas de espectacularización del dolor, ni operar como el brazo comunicacional de intereses de diversos clanes políticos y económicos.

El reportaje de Canal 13 fue vivido como una nueva agresión, ya que mientras la familia enfrenta desde hace más de un año la desaparición forzada de una madre y abuela, el medio exhibió los nombres y rostros de sus hijos, exponiéndolos al escrutinio y la estigmatización pública, unido al riesgo de ser violentados, sin que existan pruebas incriminatorias. 

Denuncias ciudadanas: 540 alertas contra la desinformación

A raíz de la campaña pública impulsada por el Centro Ecoceanos, junto a diversas organizaciones sociales, mapuche y socioambientales, se llamó a denunciar el reportaje de canal 13 ante el CNTV. El resultado fue contundente: 540 denuncias ciudadanas acogidas a tramitación. Esta es una cifra excepcional que refleja la magnitud del rechazo ciudadano frente a una cobertura mediática percibida como sensacionalista, parcial y vulneradora de derechos.

Las denuncias ciudadanas coinciden en puntos centrales:

La construcción de imputaciones infundadas basadas en relatos anónimos, presentados como hechos investigativos.

La criminalización anticipada de los hijos de Julia Chuñil, afectando su integridad psíquica, su honra y su derecho a la presunción de inocencia.

La omisión sistemática del contexto de violencia, amenazas y los hostigamientos empresariales asociados al conflicto territorial y forestal en Máfil, región de Los Ríos.

El tratamiento desigual de las hipótesis investigativas, otorgando mayor credibilidad a las sospechas contra la familia que a los diversos antecedentes que involucran al principal sospechoso empresarial.

La invisibilización del rol de Julia Chuñil como defensora del bosque nativo y autoridad comunitaria mapuche, despojándola de su trayectoria política y ambiental.

El CNTV recogió estos elementos al advertir un posible trato discriminatorio y una narrativa que privilegia la acusación por sobre el equilibrio informativo, configurando una eventual infracción al deber de funcionamiento correcto de Canal 13.

Responsabilidad de los medios y control ciudadano

Que el reportaje haya sido emitido en horario prime por el canal perteneciente a uno de los grupos empresariales más poderosos del país, que constituye un poder fáctico que controla autoridades gubernamentales, parlamento y partidos políticos, no es un dato menor.

La concentración de los medios de comunicación cuando se combina con conflictos de alta connotación socioambiental y territorial, exige de estándares aún más altos de ética periodística. La televisión abierta tiene un impacto formativo directo en amplios sectores de la opinión pública y, como tal, no pueden ser parte de estrategias de montajes judiciales, reproducción de lógicas de espectacularización del dolor, ni operar como el brazo comunicacional de intereses de diversos clanes políticos y económicos.

En una democracia, el derecho a informar no puede ser ejercido a costa de la dignidad humana, el menoscabo y criminalización de los derechos de los pueblos originarios ni la targiversación de la verdad. El caso de la desaparición forzada de la defensora ambiental Julia Chuñil interpela al sistema mediático en su conjunto y plantea una pregunta urgente: ¿quién responde cuando los medios de comunicación y la televisión daña, estigmatiza y condena de manera racista y prejuiciosa a personas y comunidades de pueblos originarios, antes que la justicia haya finalizado su accionar?

Canal 13 deberá plantear su defensa y luego a partir de esa información el Consejo deberá decidir si se sanciona o no.

La ciudadanía ya habló a través de 540 denuncias. Ahora corresponde que los medios asuman su responsabilidad y que el Estado bajo el control ciudadano garantice una comunicación ética, plural y respetuosa, especialmente cuando se trata de vidas que han estado marcadas por una histórica violencia estructural, clasismo y racismo cuando defienden sus derechos y territorios.