Al iniciarse la década de 1970, los viejos contrabandistas mexicanos empezaron a modernizarse para ingresar al nuevo gran negocio: satisfacer la demanda del creciente mercado de drogas estadounidense. Ya no sólo se trataba de proveer de tequila, paquetes de marihuana y hongos alucinógenos a los gringos. Ahora los pedidos eran grandes e incluían partidas de heroína y cocaína. Había que trazar nuevas rutas, cambiar los medios de transporte, fijar puntos de entrega y establecer alianzas con las incipientes organizaciones “hermanas” que estaban surgiendo en Colombia.
Los traficantes aztecas se valieron inicialmente de grupos delictivos de Guatemala y Honduras, en Centroamérica; y de Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, en el Caribe. Empleaban diferentes rutas para bajar hasta esos países a buscar la cocaína y luego subirla hacia Estados Unidos.
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Para las operaciones terrestres, usaban camiones con doble fondo, que viajaban hasta Panamá con cargas lícitas y luego volvían supuestamente vacíos, mostrando en las fronteras los papeles de entrega de las mercancías legítimas.
La prohibición paulatina de drogas y finalmente del alcohol en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, produjo una expansión del contrabando de estos productos desde México, tráfico en el cual se involucraron de manera creciente las elites locales y regionales. Los altos funcionarios del gobierno central también vieron el incremento exponencial de las ganancias y flaquearon rápidamente ante el caudal de dólares que inundaba las zonas fronterizas y se extendía al resto del país.
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El hábito de la corrupción
La Segunda Guerra Mundial y luego la guerra civil en China con sus efecto sobre el tráfico de heroína hacia los Estados Unidos, significaron un nuevo avance de los grupos locales dedicados al tráfico de marihuana y opio. En los años 50’ surgieron las zonas de producción de drogas y se establecieron los primeros contactos con las redes internacionales de tráfico de estupefacientes.
También por esos años se consolidaron los estrechos vínculos entre el poder político, cada vez más centralizado, y las organizaciones criminales. A modo de ejemplo, los investigadores mexicanos citan los recursos depositados en bancos extranjeros por el presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y altos funcionarios de su administración, que ascendieron a un monto superior a los 500 millones de dólares.
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Se recuerda que el gobernador de Chihuahua fue forzado a dimitir por una protesta popular que lo acusó de controlar la prostitución en Ciudad Juárez. El gobernador de Baja California también tuvo que dejar su puesto tras las quejas de unas ocho mil prostitutas que exigían dejar de pagar una cuota a una supuesta organización caritativa que dirigía su esposa.
Quince años después, los hippies que buscaban los paraísos artificiales y los ex combatientes de Vietnam que requerían heroína, así como la interrupción de las rutas que proveían de drogas a la mafia ítalo-norteamericana desde el Oriente, contribuyeron aún más a la expansión de las nuevas organizaciones criminales mexicanas.
Una inquieta Casa Blanca apoyó desde Washington en marzo de 1970 una campaña contra el auge del narcotráfico. Ocho meses después se informó que Chihuahua había sido el estado con el mayor número de siembras de amapola destruidas, seguido por Sinaloa. Ese mismo año, individuos armados procedentes de Sinaloa empezaron a adquirir tierras y a contratar campesinos para plantar amapolas y marihuana.
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Pocos años después, en 1977, diez mil soldados participaron en la “Operación Cóndor", destinada a destruir plantaciones de marihuana en Sinaloa, Durango y Chihuahua, en un área triangulada de 70 mil kilómetros, zona que producía más del 70% de los enervantes de todo el país. En 1979 el subprocurador General de la República, Samuel Alba Leyva, aseguró que la siembra, el cultivo y el tráfico de drogas en la región habían sido erradicados.
A mediados de los 70, México ya era la principal fuente de marihuana de alta potencia para el mercado estadounidense, proveía el 70% de la heroína y era una de las dos rutas principales para la cocaína que viajaba desde América del Sur.
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Con el crecimiento disparado de la demanda y los beneficios obtenidos, gran parte de las autoridades nacionales comenzaron a participar sin rubores en el negocio, mediante un control cercano de todos los procesos de producción y distribución, según lo acreditan decenas de investigaciones realizadas por especialistas de los más diversos orígenes.
La policía política de entonces, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), jugó un papel crucial en la centralización a nivel nacional de la producción y el tráfico de drogas.
El investigador Elaine Shannon, en su libro “Desperados. Los caciques latinos de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar”, publicado en 1988, señala:
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“A mediados de los años 70’, cuando las bandas de Sinaloa guerreaban entre sí y con la Policía Judicial Federal (PJF) y la DEA (Drug Enforcement Agency). Los comandantes de la DFS, Esteban Guzmán y Daniel Acuña, fueron a ver a los señores de la droga de Sinaloa, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, los Caro y los Quintero, y les aconsejaron que dejaran a un lado la violencia y que edificaran una base de operaciones en Estados Unidos. Según Gabriel (un informante de la DEA que decía haber trabajado en la parte interna de la DFS de 1973 a 1981) los funcionarios de la DFS persuadieron a los traficantes de Sinaloa de que se reubicaran en Guadalajara. Dijo que los agentes de la DFS edificaron una especie de complejo narcoindustrial. Conforme a su relato, los agentes de la DFS presentaron a los traficantes con personas de influencia en Guadalajara, les buscaron casa y les asignaron guardaespaldas. Los traficantes proporcionaban músculo y sangre, según dijo, y los dirigentes de la DFS aportaban cerebro, coordinación, aislamiento de otras agencias del gobierno y poder de fuego en forma de miles de armas automáticas introducidas de contrabando. Gabriel afirmó haber asistido a sesiones de estrategia tenidas por los altos funcionarios de la DFS en Ciudad de México, en las que se planearon operaciones multinacionales de drogas. Dijo haber visto a los funcionarios de la DFS retando a Ernesto Fonseca por haberse enviciado a la cocaína y por manejar su negocio chapuceramente. Explicó que la DFS contrataba asesores como él para ayudar a las familias a establecer redes en las comunidades hispánicas de Estados Unidos”.
Todos en Guadalajara
En 1976, en Ojinaga empezó a sobresalir un hombre que le gustaban los sombreros finos, las metralletas R-15 y las camionetas Bronco; y que, además, ayudaba a los pobres y a los estudiantes. Era Pablo Acosta, “El zorro de Ojinaga", el primer gran capo que llegó a controlar la exportación de cocaína, heroína y marihuana por la región nororiente de Chihuahua. Agentes federales lo sorprendieron y acribillaron en su rancho. Su organización pasó a manos de tres hermanos que habían llegado a trabajar a sus órdenes seis años antes desde Sinaloa. Se trataba de Amado, Cipriano y Vicente Carrillo, sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".
Al comenzar la década de los 80’, Miguel Ángel Félix Gallardo formó el cartel de Guadalajara, integrando Juan Ramón Matta Ballesteros, Ernesto Fonseca Carrillo , Manuel Salcido Uzeta, Javier Barba Hernández, Juan José Quintero Payán. Pablo Acosta Villarreal, Juan José Esparragoza, Amado Carillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, Juan García Abregó Quintero, Héctor “El Güero” Palma, “El Chapo” Joaquín Guzmán, y los hermanos Arellano Félix, entre otros. Todos eran de Sinaloa.
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Félix Gallardo había llegado a un acuerdo con los carteles colombianos para trasladar cocaína, heroína y marihuana a California. Conocía bien el negocio: había sido policía y luego guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. En 1982 el cartel de Guadalajara introducía 1,5 toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.
Guadalajara era una ciudad tranquila, donde se bebía tequila y se escuchaba mariachi. Los pueblos vecinos sufrían el desempleo y la pobreza, pero de pronto todo cambió y fue notorio el auge económico en las comunidades rurales. Los mariachis que llegaban al baile fueron desplazados por las bandas que interpretaban narcorridos y música más alegre. En Cúcula, cuenta una periodista mexicana, a veces se encontraba sólo un mariachi: el del monumento que se encuentra a la entrada del pueblo.
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Los carteles colombianos que intentaron transportar cocaína por México en forma independiente obtuvieron fracaso tras fracaso, y tuvieron que aliarse con la delincuencia organizada local, que estaba coludida desde décadas antes con múltiples instituciones. El poder económico de los cafeteros fue inútil en las tierras de Pancho Villa, donde siempre “el poder otorga dinero”, pero no siempre “el dinero otorga poder”.
La repartición de un país
Enrique “Kiki” Camarena, un osado agente estadounidense de la DEA, logró ganarse la confianza de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido y Miguel Ángel Félix Gallardo, los “mero mero” de Guadalajara. Se trataban de compadres y Camarena les prometió protección e impunidad, desde el estado de Guerrero hasta Tijuana.
En noviembre de 1984, 450 soldados apoyados por helicópteros ingresaron al rancho “Búfalo”, en Chihuahua, donde laboraban unos diez mil campesinos. Las tropas capturaron unas mil hectáreas de cannabis, que significaban cerca de diez mil toneladas de marihuana, el consumo de un año en el mercado de EE.UU, avaluada en más de US$ 8.000 millones.
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Cuatro meses tardaron los perjudicados en descubrir que Camarena los había traicionado. En marzo de 1985 lo secuestraron en la vía pública, lo torturaron y lo asesinaron.
El error fue grave y las consecuencias peores. Washington presionó al gobierno mexicano y la DEA atrapó a Miguel Ángel Félix, a Rafael Caro, y a Ernesto Fonseca, dejando al cartel de Guadalajara sin sus principales cabezas. Entonces, Juan José Esparragoza-Moreno, “El Azul”, uno de los más respetados jefes mafiosos, convocó a una junta de principales y antiguos para proponer una solución salomónica: la repartición de todo el territorio mexicano.
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Así surgieron cuatro grandes nuevos carteles: Tijuana, a cargo de los Arellano Félix y “Chuy” Labra; Sinaloa, dirigido por “”El Chapo” Guzmán y “El Güero” Palma; el del Golfo, controlado por Juan García Abregó; y, el de Ciudad de Juárez, liderado por Amado Carrillo.
Eran y se sentían como una verdadera gran familia, pero la herencia no tenía límites, la competencia aumentaba y el tiempo apremiaba. Los lazos se rompieron en semanas y se desató la guerra entre los nuevos carteles.
“El Chapo” y “El Güero” se aliaron con Amado Carrillo en contra de los Arellano Félix. A la esposa del “Güero” le cortaron la cabeza y a sus hijos los lanzaron amarrados desde un puente. En la batalla no se dieron tregua ni cuartel y hasta un cardenal de la iglesia católica murió acribillado en el pleito.
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Mientras, desde Ciudad Juárez, Gilberto Ontiveros Lucero, "El Greñas", y Jesús Meléndez, “Don Chuy”, se transformaron en “los reyes de la cocaína”. El alcaloide que introducían a Estados Unidos viajaba por aire desde Colombia a los puertos de Veracruz o Tampico; de ahí por avión o en camiones llegaba a Chihuahua y luego era trasladada a bodegas de Juárez y El Paso, desde donde, finalmente, salía hacia Los Ángeles, oculta entre piñatas y artesanías mexicanas. En 1988, el cartel de Juárez tenía en su nómina a 30 jefes y comandantes de la Policía Judicial Federal, encargados de custodiar los cargamentos. Amado Carrillo Fuentes, el jefe indiscutido, decidió transportar la cocaína en grandes cantidades a bordo de aviones Boeing 727, que aterrizaban en Chihuaha después de un largo viaje desde Medellín, en Colombia. Muy pronto se empezó a hablar del “Señor de los Cielos”.
Un trabajo similar realizaba mientras el cartel del Golfo, que podría ser considerado el más antiguo de México. Comenzó en la década de 1950 con el tráfico de whisky en la zona norte de Tamaulipas. Juan Nepomuceno Guerra fue el líder que prevaleció hasta el fin de sus días y las autoridades nunca pudieron probarle delito alguno. En los años 80’ llegó un sobrino del jefe, Juan García Abrego, quien giró el negocio hacia las drogas y puso a su lado a tres hombres de confianza: Óscar Malherbe, Jaime González y Raúl Valladares, quienes se hicieron cargo de llevar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en una férrea asociación con el colombiano cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. El vínculo entre ambas organizaciones era Luis Hermida Madrid, llamado “El ingeniero”, por su habilidad para trazar rutas de transporte.
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¿Narco democracia?
La especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del estado, en particular de aquéllas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia. Las inmensas diferencias en niveles de renta y de poder, junto con otro tipo de factores como el escaso desarrollo de la sociedad civil, ayudaron a crear las condiciones para su mantenimiento.
Así, según sostiene Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, en su estudio “Sistema Político y delincuencia organizada en México”, las asociaciones criminales mexicanas no pueden situarse dentro de los modelos más o menos habituales de delincuencia organizada y sus conexiones con el poder político sino que puede aprehenderse de forma más apropiada si se incorpora el concepto de crimen organizado de estado. Las pautas más acordes serían las de delincuencia organizada de estado, definida como el conjunto de “actos que la ley considera delictivos (pero que son) cometidos por funcionarios del estado en la persecución de sus objetivos como representantes del estado”
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“Igual que con la iniciativa privada, con el petróleo o con las arcas estatales de todos los niveles de la administración pública, las élites políticas mexicanas han controlado el cada vez más lucrativo negocio del tráfico de drogas para su propio beneficio”, afirma Resa Nestares, también profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
En 1991, un ya bien establecido traficante de drogas, Oliverio Chávez Araujo, también conocido como “El Zar de la Cocaína”, ex militar que traspasó la frontera del comercio de marihuana hacia el de cocaína con gran éxito, llegando a disputar su control a Juan García Abrego en el codiciado estado norteño de Tamaulipas, declaró: “he vencido a todos los cárteles, pero con el de la charola no he podido”.
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Uno de los entonces aliados de García Abrego, Óscar López Olivares, alias “El Profe”, se refirió también al negocio de las drogas: “El narcotráfico, y esto debe entenderse, es un asunto manejado por el gobierno completamente porque desde la protección que se da a los cultivos de marihuana, todo está debidamente controlado, primero por el ejército, después por la Policía Judicial Federal y hasta por los fumigadores de la Procuraduría”. Cuando finalmente García Abrego pierde sus resortes políticos y es detenido en Nuevo León, su anciano tío, Juan Nepomucemo Guerra, que durante décadas controló el contrabando en Matamoros, declaro: “es mi sobrino, ¿qué le puedo decir?... contra el gobierno no se puede”.
Territorios en disputa
Durante los tiempos del partido único en México, el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), los caciques políticos regionales y estatales no sólo mantenían el control político y el poder público, sino que en muchos casos -y de ello abundan las evidencias- solapaban a las bandas criminales a cambio de una cierta estabilidad en los niveles de violencia. Así, al tiempo que crecía el poder y la influencia de las bandas del narcotráfico -y las disputas por territorios de paso, y luego de mercados- se hacía necesario extender las redes de complicidad, del orden municipal al estatal y luego al federal.
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Pero los problemas se complicaron cuando llegaron la pluralidad y la alternancia; cuando un gobernador es de un partido, el alcalde de la capital de esa entidad está en manos de otro partido, y más aún cuando existe una lucha tripartidista. Y la crisis alcanza niveles geométricos cuando otras bandas criminales disputan territorios, rutas y mercados, empujados por la ley del mercado de las drogas; por la sobreoferta que debe encontrar nuevos puntos de distribución y consumo. Se alteraron los equilibrios políticos, económicos y sociales que hicieron posible, por lo menos hasta el año 2000, una convivencia más o menos manejable. Luego vendría la violencia sin freno y los mexicanos empezarían a transitar por los senderos del espanto.
Mañana: A las puertas del Vaticano.
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