Chile cumple casi nueve años con la Ley 21.030, la norma que despenalizó el aborto en tres causales (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal e interrupción por violación), tras décadas de aborto totalmente prohibido desde la dictadura. Las cifras oficiales del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), actualizadas a marzo de este año, muestran que 7.349 mujeres y niñas han acudido a un centro asistencial evaluando una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales, de las cuales 6.298 abortos fueron efectivamente realizados, con un 88-89% concentrado en el sistema público y Fonasa.

Es una ley que, lejos de haber disparado el uso masivo que sus detractores anunciaron en 2017, muestra una aplicación acotada y mayoritariamente pública. Que sea precisamente sobre ese sistema, dependiente del Estado, con menos capacidad de las pacientes para "elegir" médico, donde aterrice un nuevo requisito burocrático, no es un dato menor: es ahí donde una barrera adicional pesa más.

Pero el texto agrega una condición que desnuda su verdadera función: "el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica", lo que implica que aunque la mujer puede decir que no, si lo hace, el médico queda legalmente impedido de realizar el aborto. La "oferta" se vuelve, en la práctica, un filtro: no es informar por informar, es informar como condición habilitante.  

Porque de eso se trata, en el fondo, el proyecto titulado "Escucha su corazón", que propone incorporar como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto, cuando estos sean detectables. No deroga la ley de tres causales, —algo que hoy carece de los votos y probablemente de la voluntad política para intentarlo de forma frontal—, sino que la modifica desde adentro, añadiendo un trámite que convierte lo que hoy es un derecho en un proceso condicionado. Sus autores son los diputados Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, junto a las diputadas Ximena Ossandón, Chiara Barchiesi, Catalina Del Real y Claudia Reyes, con el respaldo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional. El detalle político importa: Republicanos y RN son hoy oficialismo, lo que convierte a este proyecto en un test de cuánto está dispuesto el gobierno de Kast a validar o a distanciarse de una agenda valórica que en la campaña quedó en segundo plano frente al discurso de seguridad y orden público. 

El mecanismo es, en su letra, sutil, y ahí radica buena parte de su eficacia como estrategia legislativa: plantea el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y de ofrecerle la oportunidad de escucharla, en forma previa a la interrupción del embarazo. Presentado así, suena a información adicional, no a una restricción. Pero el texto agrega una condición que desnuda su verdadera función: "el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica", lo que implica que aunque la mujer puede decir que no, si lo hace, el médico queda legalmente impedido de realizar el aborto. La "oferta" se vuelve, en la práctica, un filtro: no es informar por informar, es informar como condición habilitante. Es exactamente la misma arquitectura jurídica que Estados Unidos ensayó primero con leyes de "consentimiento informado" y "período de reflexión" antes de escalar a las leyes del latido propiamente tales. 

Esa barrera no aterriza en un sistema neutro, sino en uno que ya arrastra fricciones de acceso. Según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 4 de cada 10 médicos obstetras del sistema público se declaran objetores de conciencia bajo la causal de violación, mientras que en los casos de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal los porcentajes son de 15% y 23% respectivamente. Sumar un nuevo requisito sobre una base donde 4 de cada 10 profesionales ya pueden negarse a atender por causal de violación no es un dato aislado: es la misma lógica de erosión gradual que ha caracterizado el retroceso del derecho al aborto en otros países, donde no se necesita una derogación explícita si se puede llegar al mismo resultado acumulando obstáculos procedimentales. 

El propio lenguaje que usa el proyecto para justificarse es revelador. Su autor, el diputado Urruticoechea, sostiene que la actividad cardíaca constituye un "antecedente médico objetivo" que robustece la decisión de la mujer, y que la iniciativa busca visibilizar que el embrión o feto es un ser único con latidos propios. Es un argumento que desplaza el eje de la discusión: ya no se debate si la mujer tiene derecho a decidir dentro de las causales que la ley reconoce, sino que se instala al feto como un segundo sujeto cuya "voz", literalmente, su latido, debe mediar esa decisión.

Es, en otras palabras, un problema que empieza siendo de diseño legislativo y termina siendo, para las organizaciones que lo objetan, un problema de derechos humanos. 

El texto se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no es casual que organizaciones de derechos humanos hayan identificado que replica estrategias legislativas de sectores conservadores internacionales, inspirándose directamente en las llamadas "leyes del latido" (Heartbeat Bills) vigentes en estados republicanos de EE.UU. como Texas y Kentucky. Chile no está importando solo una idea: está importando un modelo legislativo que en su país de origen fue el paso previo, no el final, de un proceso de restricción más amplio. 

Las críticas transversales, no solo desde el activismo feminista, apuntan justamente a esa lectura. La ex ministra de la Mujer Antonia Orellana calificó la iniciativa de "crueldad legislativa". El propio gremio médico, que no suele pronunciarse en clave política sobre este tipo de proyectos, tomó distancia: el Colegio Médico de Chile (Colmed) cuestionó el estándar de consentimiento informado que plantea la propuesta, lo que sugiere que el problema no es solo valórico, sino también de mala técnica sanitaria. Y desde el derecho internacional, CEDIDH fue más lejos al advertir que forzar a una niña o mujer embarazada producto de una agresión sexual a someterse a la escucha del latido fetal para poder acceder al aborto legal constituye una forma de violencia institucional y revictimización, invocando el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana, que reconoce la autonomía reproductiva como parte del derecho a la vida privada.

Es, en otras palabras, un problema que empieza siendo de diseño legislativo y termina siendo, para las organizaciones que lo objetan, un problema de derechos humanos. 

Frente a todo esto, el silencio del Ejecutivo es, en sí mismo, un dato político. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, señaló que corresponde al Congreso debatir la iniciativa, sin fijar una postura propia. Que el Gobierno opte por no pronunciarse sobre un proyecto impulsado en gran parte por su propia coalición sugiere dos lecturas posibles: o hay genuina división interna entre el oficialismo republicano-libertario y el ala más tradicional de RN y Chile Vamos, o hay una decisión deliberada de dejar correr la iniciativa sin asumir el costo político de respaldarla explícitamente, mientras se observa cómo reacciona la opinión pública. 

Leído en conjunto, el proyecto "Escucha su corazón" no debería entenderse como un hecho aislado, sino como el primer test legislativo serio de cuánto margen tiene la nueva mayoría de gobierno para avanzar en una agenda valórica que hasta ahora ha quedado subordinada a las prioridades de seguridad que dominaron la campaña de Kast.

Y ese patrón, usar el lenguaje de la información y el consentimiento para, en la práctica, restringir sin derogar, no es una particularidad chilena. En Estados Unidos convive, en paralelo, con otra ofensiva sobre la autonomía femenina que ha ganado visibilidad este año: el cuestionamiento al voto individual de las mujeres, promovido en sectores del cristianismo conservador vinculados a Turning Point USA, la organización que hoy encabeza Erika Kirk. Ahí, la idea del "voto por hogar", es decir, que una sola persona, el hombre de la casa, vote en representación de toda la familia, no es una ocurrencia reciente: según la historiadora Kristin Kobes Du Mez, hunde sus raíces en la "patriarquía bíblica" que ganó impulso evangélico en los años noventa, y hoy resurge de la mano de figuras como el pastor Doug Wilson.

Esa misma órbita ideológica es la que ha dado sustento al fenómeno tradwife, mujeres jóvenes que en redes sociales reivindican el regreso a un rol exclusivamente doméstico y de sumisión al marido como forma de plenitud, y que fueron parte activa del público que respaldó la idea del voto por hogar en la última cumbre de Turning Point USA.

No es casual que ambas corrientes, la legislativa que condiciona el aborto y la cultural que idealiza la renuncia a la vida pública de la mujer, convivan en el mismo momento político: ambas comparten el mismo proyecto de fondo, aunque operen en registros distintos, uno normativo y otro estético-aspiracional. Son debates de naturaleza distinta, pero comparten el mismo trasfondo: la idea de que la autonomía de las mujeres, sea reproductiva o política, debe estar mediada por otra instancia, sea un latido o un voto ajeno.