En Chile, defender el medioambiente y los territorios se ha convertido en una actividad de alto riesgo, la cual puede llegar a ser mortal. No siempre son amenazas explícitas ni violencia física. Hoy, existe una estrategia más sofisticada, persistente y profundamente efectiva: la criminalización mediática y destrucción pública de la honra de las y los defensoras acusados.

Esta vez dicha estrategia está siendo implementada por Manuel Anabalon Jeldres, excandidato independiente al Senado por la circunscripción de Aysén, quien compitió en representación del pacto Cambio por Chile, integrado por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, quien difundió información falsa y denostatoria a través de redes sociales. 

El 24 de marzo, Anabalon publicó un video en Facebook y TikTok —el que superó las 60 mil visualizaciones— acusando a dirigentes de la pesca artesanal y un ambientalista de haber recibido 500 millones de pesos desde una organización de cooperación noruega para boicotear la industria salmonera en Chile. 

Todos fueron nombrados de forma directa por el político pro-salmonero, calificándolos de “pachamámicos” y “angelitos”, afirmando que actúan en base a “mentiras y engaños” para “lucran con el medio ambiente”. Días después, Anabalón volvió a publicar este contenido acusatorio, utilizando la imagen de uno de ellos.

En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible un recurso de protección presentado por los afectados: Daniel Caniullán Huentel, Nelson Millatureo Rain, Paolo Maticini Cabero y el reconocido ambientalista de la región de Aysén Peter Hartmann Samhaber. 

La acción judicial, patrocinada por la abogada Karina Riquelme Viveros, se dirige contra Manuel Anabalon Jeldres por la difusión de información falsa y denostatoria a través de redes sociales. En el recurso se sostiene que estas afirmaciones son falsas y se originan en una interpretación distorsionada de un reportaje transmitido por el canal estatal TVN. 

TVN: Mentir, mentir que algo queda

El reportaje televisivo, emitido el 22 de marzo en horario prime, se centró en una autodenominada “guerra bajo el agua”, exponiendo de manera tendenciosa los intereses extranjeros existentes en los actuales conflictos por el control y uso del borde costero entre las empresas salmoneras, las comunidades indígenas y organizaciones locales en la región patagónica de Aysén. 

En ese marco, se mencionó el financiamiento proveniente de la organización de cooperación internacional Ayuda Popular Noruega, destinado a fortalecer procesos comunitarios. Sin embargo, el reportaje omitió precisar que dicha cooperación se había desarrollado entre el 2008 y 2014, sugiriendo tangencialmente que aún influenciarían los conflictos ambientales y territoriales en la región de Aysén. 

Con esta cuidadosa omisión, el programa del canal estatal instaló la idea de que existiría una injerencia extranjera del Estado noruego para promover el actual conflicto entre pescadores artesanales y las comunidades indígenas Mapuche Lafkenche con la megaindustria salmonera, la cual —en alianza con sectores políticos afines— pretende modificar y debilitar en el Parlamento la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), normativa vigente desde hace 18 años que reconoce los usos consuetudinarios y las prácticas ancestrales de las comunidades en el borde costero.

Lo que está en el fondo de la disputa es el hecho que la industria salmonera intenta desde hace un par de años paralizar la entrega de nuevos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (EMCPO) a las comunidades de pueblos originarios. Los EMCPO son una figura legal a través de la cual el Estado chileno reconoce las prácticas ancestrales, culturales y económicas de las comunidades locales, lo cual permite enfrentar los graves impactos sanitarios, ambientales y sociales derivados de la actual expansión territorial y productiva de la industria salmonera, la que aspira a duplicar sus producciones en las costas patagónicas al 2040. 

Con el reportaje por encargo emitido por TVN, la industria salmonera creó las condiciones políticas y comunicacionales para posteriormente acusar de manera falsa y viralizable a los dirigentes territoriales y comunidades Lafkenches de recibir financiamiento extranjero. 

Acción judicial para la protección de los derechos de las y los defensores ambientales 

La acción judicial presentada por la abogada Karina Riquelme incluye las trayectorias de los afectados por la acusación del político de ultraderecha pro-salmonero: Daniel Caniullán, pescador artesanal con más de 30 años de trabajo vinculado a la defensa del mar y a la promoción de políticas públicas desde una perspectiva indígena. Nelson Millatureo, dirigente social, comunicador comunitario y actor clave en el desarrollo de las Islas Huichas. Paolo Maticini, vinculado a la pesca y a la defensa del borde costero. Peter Hartmann, de 71 años, figura histórica del ambientalismo chileno, con décadas de trabajo en planificación territorial y participación en campañas emblemáticas como Patagonia sin Represas.

La acción judicial solicita la eliminación inmediata de los falsos contenidos incriminatorios, la prohibición de nuevas publicaciones de ese tipo y medidas para restablecer el imperio del derecho, junto con una orden de no innovar para frenar la propagación del daño.

Amedrentamiento y criminalización 

El recurso denuncia y expone otras consecuencias que han excedido del aspecto reputacional, ya que días después de la difusión del reportaje televisivo, la vivienda del ambientalista Peter Hartmann fue vulnerada por el ingreso de desconocidos que allanaron su hogar, quienes al día siguiente intentaron un nuevo ingreso. 

Este caso permite observar con nitidez una criminalizadora práctica política y comunicacional, la cual se ha ido implementando en diversos conflictos socioambientales con el empresariado exportador: la construcción de enemigos internos identificables a partir de la desinformación y el amedrentamiento. 

En este caso, se intenta instalar la idea que las y los dirigentes territoriales y defensores de la naturaleza son parte de una estrategia de intervención extranjera a través de financiamientos clandestinos y corruptos, cuyo objetivo sería paralizar y destruir la exitosa industria exportadora de salmón, la que compite en los mercados internacionales con las producciones noruegas. 

Para ello es funcional activar una manipuladora narrativa, la cual es profundamente política y represiva, ya que busca demostrar la existencia de dirigentes de comunidades en conflicto y ambientalistas “traidores al país” y “agentes de intereses externos” que bloquean el desarrollo del país y la creación de empleos, mientras paralizan la inversión extranjera. 

Con estas caracterizaciones públicas se busca reorientar la discusión del conflicto por las áreas costeras en disputa, desde los destructivos impactos sociales y ambientales hacia la legitimidad ética y moral de quienes los denuncian.

En territorios donde la economía local depende de actividades extractivas y productivistas intensivas destinadas a la exportación, estas operaciones mediáticas —que acusan sin fundamentos a personas específicas de recibir ingresos millonarios de un país extranjero—incrementan el riesgo y la vulnerabilidad de los dirigentes comunitarios y defensores de la naturaleza en su propio entorno. 

Tales estrategias de montajes de operadores políticos y empresariales funcionan, al existir una impunidad asegurada para quienes las efectúan, ya que no existen costos políticos ni legales proporcionales al daño que generan, mientras la desinformación circula con rapidez y se instala en los medios de comunicación y redes sociales antes de poder ser cuestionada.

El papel del Acuerdo de Escazú 

La no existencia de condiciones mínimas de legitimidad y seguridad para participar en los debates y acciones públicas —especialmente en materias ambientales—- vuelve inviable para la ciudadanía organizada y comunidades locales el ejercicio de este derecho constitucional, especialmente en territorios donde existen marcadas asimetrías de poder político, económico y de control de los medios de comunicación.

El Acuerdo de Escazú establece obligaciones para el Estado en relación con la protección de los y las defensoras ambientales, las cuales no se limitan a situaciones de violencia extrema, sino que también incluye diversas formas de hostigamiento, amedrentamiento y de criminalización. 

Por ello, la cada vez más habitual construcción de montajes comunicacionales busca crear las condiciones para que el Estado y el empresariado puedan implementar de manera impune acciones de violencia y represión hacia ambientalistas y comunidades locales falsamente acusadas.

Con ello se pretende afectar el ejercicio de derechos democráticos de ciudadanos y comunidades que resisten los impactos del actual saqueo de los territorios y su patrimonio común ambiental, donde están en juego billonarios intereses económicos que se sobreponen a la defensa de la vida y el bien común.