Los noticiarios de la TV chilena mostraban anoche una serie de escenas en las que decenas e incluso cientos de pasajeros del metro se saltaban los torniquetes, destruían las entradas al servicio del tren subterráneo y se aglomeraban para entonar cánticos acerca del precio justo del transporte o en contra de las fuerzas especiales de Carabineros que copaban varias estaciones con el fin de impedir el creciente movimiento en contra del alza de los pasajes.
El pasado domingo 6 de octubre comenzaron a regir las nuevas tarifas de la locomoción colectiva en Santiago. El Panel de Expertos de Transporte Público determinó un alza –el cuarto durante el actual gobierno de Sebastián Piñera– en los pasajes adultos de Metro en sus horarios “valle” y “punta”, pasando de 720 a 800 y de 750 a 830 pesos, respectivamente.
Ayer en la mañana el sindicato de trabajadores de Metro convocó a un punto de prensa en el que el presidente de la organización, Eric Campos, expresó que “en este Gobierno la tarifa ha crecido mucho más que durante el Gobierno pasado, dado que se han cometido errores como comprar buses eléctricos sin bases de licitación lo que evidentemente sube el valor del pasaje”, agregando que “las sucesivas alzas del pasaje en estos últimos dos años responden a los caprichos de la ministra Gloria Hutt, en la medida en que compra buses eléctricos y no licita con las nuevas bases del Transantiago, el pasaje se encarece y esos caprichos los están pagando los padres y las madres de esos estudiantes, que hoy con mucha razón se manifiestan porque ven que sus salarios no alcanzan”, dijo.
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La respuesta del Gobierno y de los partidos oficialistas siguió el libreto de siempre. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, manifestó que el Gobierno se querellará en contra de las personas que participen de las evasiones masivas. “Aquí hemos establecido la necesidad de toma de conciencia por parte de estos grupos que son delincuentes, es una delincuencia pura y clara”, afirmó la autoridad que compró de manera irregular tierras mapuche en la Araucanía.
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Los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba y Karin Luck, anunciaron ayer que presentarán un proyecto de ley que penalice la evasión del transporte público con cárcel, en vez de las actuales multas.
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No está claro si este movimiento, que está adquiriendo ribetes de desobediencia civil, crecerá o quedará confinado a los actos espontáneos que se han presenciado en los últimos días. En sintonía con Ubilla y el gobierno de Sebastián Piñera, el miércoles José Antonio Kast, candidato de la ultra derecha a la presidencia, publicó en su cuenta de Twitter que “la #EvasionMasiva no es un movimiento ciudadano, es una organización criminal”.
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De todas formas, las alzas en las tarifas del transporte han sido un catalizador histórico de disturbios sociales en Chile. Basta con recordar, por ejemplo, la llamada “Revuelta de la chaucha” en agosto de 1949.
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Además, también está el efecto de Ecuador, cuyas recientes protestas masivas -con muertos de por medio- terminaron en que el Gobierno echara pie atrás al fin de los subsidios del combustible, política que había sido recomendada por el FMI para reducir el déficit fiscal.
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