Hace unas semana se realizó la COP3 del Acuerdo de Escazú. En el evento se aprobó el Plan de Acción que busca fortalecer la protección de los defensores ambientales. Los asesinatos, las amenazas, el hostigamiento y otras agresiones en contra de las personas defensoras no han cesado en Latinoamérica. Aquí, seis artículos sobre el tema.
Inclusión indígena en la toma de decisiones del Acuerdo de Escazú es una demanda pendiente
Tras la jornada de clausura de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), el apu Jamner Manihuari dejó la sala con sensaciones encontradas. A su alrededor llovían abrazos y sonrisas entre los presentes por algunos pasos dados. En los tres días de plenarias y reuniones que se realizaron del 22 al 24 de abril, los 16 Estados que forman parte del tratado latinoamericano aprobaron el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales. Manihuari considera que es un instrumento clave para hacer efectiva la protección de quienes, como él, ponen el cuerpo diariamente en los territorios. Sin embargo, no estaba satisfecho: “No se adoptaron las propuestas que trajimos a la conferencia”.
Manihuari participó en representación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Diversos líderes indígenas se dieron cita durante la última semana de abril en Santiago de Chile para participar en la Tercera COP. Ahí, agrupados como Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, solicitaron una mayor participación en el planeamiento de las medidas para el funcionamiento del tratado.
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El Acuerdo de Escazú es relevante ya que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
“Solicitamos el compromiso del grupo de trabajo (que diseñó el Plan de Acción) de incluir de manera obligatoria a los representantes de pueblos indígenas en las tomas de decisiones, ya que hasta ahora no se ha integrado a un representante indígena siendo éste un grupo de composición abierta”, expuso la lideresa maya Dina Juc en el plenario ante la Mesa Directiva y los representantes estatales.
En total fueron cuatro peticiones las que hicieron llegar los voceros indígenas a la Secretaría del Acuerdo de Escazú. Además de la representación indígena, se solicitó garantizar y sostener la realización anual del Foro de Defensores y Defensoras; la implementación de una relatoría que recoja las problemáticas de las comunidades, y la creación y financiación de un caucus indígena, es decir un espacio propio de articulación que tenga comunicación directa con la mesa directiva del Acuerdo.
El apu Manihuari considera que dar mayor participación a los pueblos indígenas repercutiría positivamente en la implementación de este tratado. “Nosotros estamos en la línea del Acuerdo de Escazú, no queremos entorpecer los mecanismos. Por el contrario, queremos que su aplicación sea efectiva”, apunta.
La lideresa kukama Marí Luz Canaquiri, que también llegó a la CEPAL (sede de la conferencia), pide que les den la oportunidad de participar con sus propias palabras y cosmovisiones. “Nadie sabe más que nosotros lo que sucede en los territorios”, menciona.
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Este reclamo de las voces indígenas por una mayor inclusión en la toma de decisiones condice con una dolorosa realidad. El más reciente informe de Global Witness señala que, al menos 177 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en 2022. Según este estudio, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para la defensa del ambiente, ya que es el escenario de nueve de cada diez crímenes de esta índole que se producen en el mundo.
Joara Marchezini, coordinadora del Instituto Nupef y representante del público electa, destaca las intervenciones de voces indígenas en los plenarios y considera posible incorporar algunas de las propuestas durante la implementación del acuerdo. “El texto del Plan de Acción ya está cerrado, pero hay ahora la posibilidad de un Plan de implementación. Ahí se podría incluir sus demandas y reconocer el caucus indígena como un espacio legítimo de consulta”, menciona.
Perú: asesinan a guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri
La noche del viernes 19 de abril, el guardaparque Victorio Dariquebe Gerawairey, de 58 años, murió como consecuencia de un impacto de bala en el pecho, tras un ataque de cuatro hombres que lo perseguían en una camioneta blanca cuando intentaba cruzar el puente Pasarela en el distrito de Kosñipata, en la región Cusco. El crimen ocurrió en presencia del menor de sus hijos, Edson Dariquebe, quien fue golpeado y torturado, pero logró huir y salvar su vida.
El día del ataque, Dariquebe estaba de día libre en su trabajo como guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, un área natural protegida de 402 335 hectáreas en la región Madre de Dios, y que está a 14 kilómetros a pie desde su comunidad Queros, en Cusco.
“Pasaba su día libre con su hijo de 18 años cuando le dispararon (…) creemos que fueron mineros ilegales porque en Quincemil, la zona donde trabaja, hay mineros. Otra posibilidad que manejamos es que lo confundieron con un cocalero, pero lo dudamos, mi tío viajaba en una moto lineal con un casco simple para que se le notara el rostro”, dijo a Mongabay Latam Ana Isabel Dariquebe Laura, sobrina del guardaparque y líder del pueblo indígena harakbut.
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Al día siguiente del ataque, el fiscal Juan Carlos Candia Quispe, de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucartambo de Cusco, llegó hasta Pillcopata, capital del distrito de Kosñipata, para recoger el cuerpo de Victorio Dariquebe e iniciar las investigaciones por el homicidio.
Por su parte, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y la Organización de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Madre de Dios (Ojeimad) solicitaron al Estado peruano investigar y sentenciar a los culpables del crimen. Además, pidieron que se active el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y que se cumpla con la implementación de los derechos laborales reconocidos en la reciente Ley del cuerpo de guardaparques del Perú, publicada en marzo de 2024.
Asesinato de líderes indígenas en Esmeraldas: nuevas víctimas de la violencia en Ecuador
En medio del estado de excepción que vive Ecuador por los altos índices de inseguridad y violencia, dos líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El 20 de febrero de 2024, Alberto Quiñónez, de 46 años, y Didson De la Cruz Quiñónez, de tan sólo 12 años, ambos de la comunidad Tsejpi, murieron en extrañas circunstancias en un accidente que no ha sido investigado. Los comuneros Chachi, una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, viajaban, junto a un conductor, en una camioneta cuando unas personas no identificadas, dispararon hacia el carro.
Las balas hirieron al conductor quien se bajó del auto y se lanzó al suelo. El vehículo, ocupado por Quiñónez y De la Cruz —quienes eran tío y sobrino— se resbaló y cayó en la quebrada del estero, ubicado en el sector de Camarones de la comunidad Juan Montalvo, parroquia Borbón, del cantón Eloy Alfaro. Poco antes de que esto ocurriera, habían cruzado un puente sobre ese estero.
Mujeres que resisten: el arduo camino para defender el ambiente y el territorio en la Amazonía de Colombia
Hay cifras que, por muy graves que sean, no son suficientes para retratar en toda su dimensión las consecuencias que tiene la violencia. Entre 2012 y 2022, por ejemplo, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en todo el mundo, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Entre los países en donde más se han registrado este tipo de homicidios está Colombia. Al menos desde hace un lustro, esa nación está entre las cinco más peligrosas para quienes defienden los ríos, las montañas, los bosques y aquello que da sentido a un territorio natural.
La magnitud de esas cifras no reflejan lo que viven día a día las personas defensoras del ambiente y el territorio. Hay datos que diluyen lo que representa ser mujer y crecer en una región en donde la vida se moldea con el sonido de los ríos y de la selva. A veces, los números tampoco ayudan a dimensionar los desafíos que enfrentan quienes deciden dedicar parte de su cotidianidad a defender aquello que forjó su propia personalidad.
¿Qué es lo que lleva a una mujer a ser defensora del ambiente? ¿Qué actividades amenazan la vida en sus territorios? ¿Con qué obstáculos debe lidiar? ¿Qué violencias ha recibido y cómo las ha enfrentado? ¿Cómo afecta eso su vida familiar y comunitaria?
Mongabay Latam buscó responder estas preguntas al documentar la vida y la labor que han realizado cuatro defensoras del ambiente y el territorio. Las cuatro tienen algo en común: crecieron en la Amazonía colombiana, un territorio lleno de vida que se ha ido transformando conforme avanzan actividades como la minería, la deforestación o los cultivos ilícitos.
México sigue sin proteger a las personas defensoras del ambiente y el territorio: 20 fueron asesinadas durante el 2023
Las agresiones en contra de las personas defensoras del ambiente y del territorio no ceden en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, no trajo consigo un panorama más favorable para quienes defienden los bienes naturales. Al menos 102 ambientalistas y defensores del territorio han sufrido agresiones letales desde 2019. Tan solo en 2023, 20 personas defensoras fueron asesinadas.
Esos números se desprenden del más reciente informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que cada año elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el documento se destaca que en el 2023, seis de cada diez personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas.
A partir de los datos analizados desde 2014, el Cemda colocó al 2023 como el segundo año más violento para los activistas ambientales, con 123 eventos de agresión, detrás de 2022, cuando se registraron 197.
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En el informe, el Cemda también destaca que durante el 2023 se documentó que, al menos, 19 personas defensoras de los derechos humanos ambientales fueron víctimas de desaparición.
En octubre de 2023, Mongabay Latam publicó una investigación en donde se muestra cómo en México la violencia de la desaparición es utilizada en contra de personas defensoras de ambiente y territorio. De acuerdo con la documentación realizada en ese entonces, en el país, al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.
El gerente de Derechos Humanos del Cemda, Felipe Romero Bartolo, destaca en entrevista con Mongabay Latam que desde hace siete años se ha mantenido el nivel de agresiones contra activistas ambientales en México. “A partir de 2017, los datos de agresiones letales se incrementaron y de ahí no han bajado […] Eso es sumamente grave”.
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Guardaparques amenazados: son intimidados por mineros y denuncian abandono del gobierno boliviano
En Bolivia, los guardaparques del Parque Nacional Madidi, Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, fueron absueltos el 29 de febrero de 2024 en un caso legal en el que un cooperativista minero los acusaba de difamarlos en un proceso iniciado en abril de 2023. No obstante, el día de la audiencia una familiar del minero los amenazó, según dijo en prensa Raúl Santa Cruz, con la advertencia ‘Raúl, cúidate, no sabes lo que te va a pasar’. Una semana después, los guardaparques del Parque Nacional Cotapata, cercano a La Paz, fueron amenazados durante una acción preventiva contra la minería.
Marcos Uzquiano, el funcionario ambiental absuelto en el caso, que además es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación junto con expertos de la organización ambiental Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señalan que la minería ilegal en las áreas protegidas de Bolivia es una amenaza grave. No sólo porque afectan los ecosistemas en estas zonas sino porque sus operadores intimidan a los trabajadores de los parques nacionales.
Además de las agresiones de los mineros que invaden las áreas protegidas, algunos guardaparques en el país dicen que la entidad encargada de defenderlos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), los ha olvidado y los ha dejado solos a la hora de tomar acciones de control contra los mineros y de defenderse de las demandas judiciales que éstos interponen.
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“Tristemente no hemos recibido ningún tipo de respaldo, ni siquiera anímico, ni una sola llamada, ni un mensaje de texto por parte de la Dirección Ejecutiva del SERNAP o de otros funcionarios de la unidad central”, dice el guardaparques Uzquiano en conversación con Mongabay Latam.
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