Este viernes el Pleno de la Convención aprobó en particular ocho de los 13 artículos de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios que fueron aprobados en general durante la noche de este jueves. Estos están listos para ingresar a la futura Comisión de Armonización e integrar la propuesta de nueva Constitución. Dichos artículos abordan temas sobre derechos culturales, derechos digitales y derecho a la comunicación.
Por otro lado, otros siete artículos no consiguieron el quórum de los ⅔ (103 votos) pero si la mayoría simple, por lo que vuelven a la Comisión de Sistemas de Conocimiento para ser mejorados por el espacio. Mientras que solo el artículo 29 que abordaba la bioética no alcanzó la mayoría simple (78 votos), al obtener 51 votos favorables, por lo que quedó definitivamente fuera de la propuesta constitucional.
Entre las normativas aprobadas en particular hoy se encuentra el Artículo 8, que establece el derecho a rectificación para las personas aludidas injustamente por los medios de comunicación. Actualmente, esta materia está normada por la Ley 19.733 –más conocida como Ley de Prensa– en su título cuarto, donde aborda “el derecho de aclaración y de rectificación”. No obstante, la idea de la Comisión era constitucionalizar aquellos derechos contemplando que las leyes pueden ser derogadas y que es una materia lo suficientemente importante como para darle garantías constitucionales.
Por otra parte, el mayor avance del Pleno fue la aprobación de las normativas referentes a los derechos digitales. Estas iniciativas fueron impulsadas principalmente por el convencional Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) y buscan garantizar el acceso universal a la conectividad digital. En ese sentido, los artículos referentes a este tema que pasan al borrador de nueva constitución son el 18, 19, 20, 21, 22 y el inciso 3 del artículo 23.
En conversación con INTERFERENCIA el convencional Francisco Caamaño indicó que al momento de levantar las iniciativas sobre derechos digitales junto a su equipo, lo hicieron en base a las experiencias que ha recogido desde las comunidades que viven en zonas rurales o donde hay poca o nula conectividad.
“El acceso a la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, busca eliminar la primera brecha digital. Esta brecha se incrementa especialmente según sector geográfico, estrato social, género, situación de discapacidad, entre otras”, manifestó el convencional.
Agregó que estas normas toman en consideración las recomendaciones de la ONU respecto a que los derechos digitales son fundamentales puesto que son puentes para otros derechos.
“El acceso a la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, busca eliminar la primera brecha digital. Esta brecha se incrementa especialmente según sector geográfico, estrato social, género, situación de discapacidad, entre otras”, manifestó Caamaño.
“Desde la ruralidad, he vivido la falta de conexión. Nuestras madres y padres son adultos mayores que dependen de nosotros para no permanecer en la exclusión social, debido a que carecen de habilidades y conocimientos para utilizar los dispositivos, aplicaciones y plataformas digitales”, indicó el convencional.
El Artículo 18, indica que “todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes”, el cual fue aprobado con 119 votos a favor.
El Artículo 19, que fue aprobado con 114 votos, dice que “el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras”.
Mientras que el artículo referente a derechos digitales que más votos favorables obtuvo fue el 22 –121 votos– busca establecer el derecho universal a la educación digital y que el Estado tiene la obligación de garantizar que “todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto”.
En la línea del bloque de artículos sobre derechos culturales, el Pleno le dio el visto bueno a dos de estos. Entre ellos el Artículo 13 que proviene de una Iniciativa Indígena y establece que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo”.
Esto referente a aquellos objetos y restos humanos que fueron despojados de las primeras naciones sin el consentimiento de ellos y llevados a museos extranjeros. Tal como sucedió con personas kawesqar y selknam, quienes en un contexto de genocidio y de asimiliación fueron exhibidos en zoológicos humanos durante la primera mitad del siglo XX en Europa y cuyos restos no han sido repatriados.
El Artículo 13 proviene de una Iniciativa Indígena y establece que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos".
Balance de la Comisión
Durante la noche del jueves, luego de que el Pleno rechazara 17 de los 30 artículos propuestos en el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, sus integrantes y convencionales en general hicieron la autocrítica de los errores de redacción que contenían muchos de los escritos. Además, se señaló que quizás algunos de estos deberían haber sido debatidos en otras comisiones, no obstante había sido la mesa directiva con la posterior aprobación del Pleno quienes decidieron que aquellas normas fueran destinadas a dicha comisión.
En ese sentido, la convencional Carolina Videla (PC), quien este lunes asume la coordinación de la Comisión junto a Malucha Pinto (PS) –ambas reemplazando a las coordinadoras Cristina Dorador (MSC) e Ignacio Achurra (FA)– indicó que este viernes por la mañana los integrantes del espacio mantuvieron una reunión donde analizaron el rechazo de las normativas.
“Creemos que esto es una oportunidad para que esas normas vuelvan a la Comisión, ya que entendemos y recogemos que lo que se dio en la deliberación es que efectivamente las normas tenían deficiencias de redacción y algunas también que se contraponen con otras comisiones”, indicó la convencional a esta redacción.
“También ahí nosotras defendemos el hecho de que la mesa derivó a nuestra Comisión esas normas y dado a esto nos dimos el trabajo de debatir, de recibir exposiciones respecto a aquellas normas, y por lo tanto, en base a eso emitimos nuestro informe”, agregó Videla.
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